La noticia sobre la evolución del gasto corriente del sector público durante los últimos ocho años, ahora que están en revisión los informes de las Cuentas Públicas con el Sr. Auditor Superior González de Aragón como protagonista de todo el escándalo, generó mucho alboroto la semana pasada, sobre todo entre la clase política, y especialmente entre los legisladores; celosos guardianes del dinero de los contribuyentes. ¿Quién si no ellos controlaría los excesos del gobierno?

Qué bueno que tenemos a los diputados y senadores, que son casi como ángeles para la sociedad; ellos, preocupados siempre por nuestro bienestar, nos protegen de todos los males y nos proveen todos los bienes. ¿Qué haríamos sin ellos? Vagaríamos, sin duda, totalmente desamparados por este valle de lágrimas, viendo cómo el odioso gobierno se chupa nuestros impuestos en celulares y camionetotas todo terreno para la alta burocracia.

Entre otras cosas, el Auditor denunció que el gasto corriente del sector público en términos reales creció 42.3% entre 2000 y 2008 -motivo por el cual varios legisladores se rasgaron las vestiduras; y es que en el simplista imaginario político, el gasto corriente es nada más y nada menos que los sueldos, salarios y prestaciones de los funcionarios públicos-, y que eso había desplazado el gasto de capital (inversión pública) y por lo tanto, ese hecho había impactado negativamente el crecimiento económico.

Como ya expliqué antes en este mismo espacio, el gasto corriente no sólo incluye los servicios personales, sino también los pagos a los doctores, los maestros, los policías, las pensiones, las transferencias a las entidades federativas, los subsidios a la actividad productiva y de generación de energía y, en general, todo el financiamiento a la política social.

Estemos o no de acuerdo en si el sector público debe gastar en todo eso (lo que es tema para otra discusión), el gasto corriente es, pues, un concepto mucho más amplio del que creen nuestros políticos.

La Secretaría de Hacienda ya demostró, con números que son públicos, cómo lo que menos había contribuido a la expansión del gasto corriente era precisamente el rubro de servicios personales, al crecer sólo 13.2 por ciento. El aumento más significativo (con tasas del orden del 60 y 100 por ciento) se había registrado en los subsidios y otras erogaciones de operación asociadas al aumento en los costos de producción y las mayores transferencias a programas contra la pobreza. No obstante, el gasto corriente disminuyó su peso dentro del gasto total, dando lugar a más inversión pública.

Pero es políticamente más rentable condenar al gobierno por crear más plazas aparentemente improductivas y/o aumentarle el sueldo a los burócratas, especialmente si son burócratas de alto nivel. Total, pocos van a hurgar en los números para comprobar si es cierto o no.

De todos modos, nuestros nobles legisladores tienen un punto: ¿Por qué aumentan los servicios personales un 13.2% en pleno periodo de austeridad republicana? ¿A quién no se le cae la cara de vergüenza?

Un análisis más detallado de los números, dado a conocer por Hacienda, revela que, nos guste o no, los servicios personales de la Administración Pública Centralizada (aquellos ramos que el Poder Ejecutivo puede controlar) se redujeron 3 por ciento en términos reales durante esos ocho años. Pero entonces, lo que no dice Hacienda es: si el gobierno federal no permitió un aumento neto en los servicios personales de sus dependencias distintas de PEMEX, CFE, LyFC, etc., ¿dónde aumentaron los sueldos y salarios?

¡Exacto!, en los ramos autónomos, los que no puede controlar el Ejecutivo. Resulta que ¡nuestros ángeles de la guarda se permitieron un aumento de 41 por ciento!

Si por cínicos vividores no paramos.