¿Se acuerda usted de que los dirigentes y legisladores de los partidos políticos dijeron que estaban haciendo una reforma electoral para evitar, entre otras cosas, las campañas sucias? Claramente no tuvieron éxito, porque la actual es una de las campañas electorales más sucias de las que se tenga memoria. Y los responsables de que así sea son los mismos políticos que al impulsar la reforma del 2007 afirmaron que ésta limpiaría los procesos.

Nunca antes habíamos visto tantas acusaciones infundadas volar por el escenario político. Germán Martínez Cázares empezó al acusar a los priistas de estar protegiendo al narco por no haber aprobado unas reformas legales propuestas por el presidente panista Felipe Calderón. Una vez que los priistas impulsaron la aprobación de las reformas, acusaron al presidente Calderón de estar protegiendo al narco por no haber publicado las nueves leyes.

Acusar a los miembros de los otros partidos de tener vínculos con el narcotráfico, de hecho, se ha convertido en la estrategia más popular en esta campaña electoral. Si esto revelara realmente una penetración absoluta del narco en el mundo de la política tendríamos razones para preocuparnos. Hasta este momento, sin embargo, ninguno de los acusadores ha presentado ninguna prueba de sus dichos.

El PAN, de hecho, ha basado la parte medular de su estrategia de campaña en acusar a los priistas de estar coludidos con el narco. No lo puede hacer en los anuncios formales de campaña, porque en ellos sí están prohibidas no sólo las acusaciones sino incluso las críticas. Pero lo hace en distintos pronunciamientos de sus militantes.

Algunas de las acciones del gobierno del presidente Calderón y de la PGR, como la detención de 10 presidentes municipales así como funcionarios del gobierno perredista de Michoacán, parecen surgir de este mismo propósito electoral. El PAN busca así aprovechar que las acciones del presidente en contra del narco han resultado especialmente populares en el país, como lo demuestran las encuestas de opinión.

El último episodio en esta estrategia lo vimos la semana pasada cuando la senadora panista, María Teresa Ortuño, afirmó: “Por acción o por omisión, [el gobernador priista de Chihuahua José Reyes Baeza] es protector de los delincuentes, entre ellos de los narcotraficantes y de los secuestradores… En Chihuahua se secuestra a los adversarios políticos y se protege al crimen organizado y al narco.”

El también panista Gustavo Madero, coordinador de los senadores del PAN y presidente de la cámara alta, añadió que “en esta acción, en esta denuncia, estamos todos los senadores de Chihuahua”.

Sin embargo, ni Madero ni Ortuño han tenido el valor o las pruebas para presentar una denuncia formal ante las autoridades. Cuando en una entrevista posterior se le preguntó a Madero si tenía pruebas de la acusación, respondió que no cuenta con ellas. En otras palabras, el propio presidente del Senado ha reconocido que está cometiendo el delito de calumnia, el cual consiste en atribuir falsamente a alguna persona la comisión de un delito.

El que nuestros políticos carezcan de ética personal no es noticia para nadie. El que hayan prometido llevar a cabo una campaña limpia, sólo para llevar a cabo después la más sucia de que se tenga memoria, es un acto inaceptable de hipocresía. Con razón tantos mexicanos quieren abstenerse de votar.