La sabiduría convencional de las columnas periodísticas (bostezo) asegura que la reforma más urgente para México es una reforma tributaria que compense los ingresos que el gobierno ya no percibirá por la cada vez más escuálida producción y exportación petrolera, aunada a los precios más bajos del crudo. Lo lamento (no mucho, la verdad) pero otra vez difiero de dicha sabiduría convencional.

Las reformas más urgentes para México, aquellas que podrían sacarnos del letargo económico en que estamos inmersos desde hace décadas, no tienen que ver con los impuestos, sino con los obstáculos a la productividad derivados de arreglos que impiden la libre competencia en áreas estratégicas.

No crecemos lo suficiente (que debería ser el doble de las tasas promedio que hemos tenido, es decir que debería ser entre 6 y 7 por ciento anual) porque somos poco productivos, y somos poco productivos porque los monopolios del gobierno y las prácticas monopolísticas en el sector privado impiden que los factores de la producción aprovechen toda la potencialidad del capital financiero, del capital humano y de los avances tecnológicos.

No es posible que crezcamos al 7% anual con un monopolio de la energía eléctrica que ocasiona apagones casi diarios en la capital del país y en sus alrededores (Compañía de Luz y Fuerza del Centro escriturada al Sindicato Mexicano de Electricistas) o que da un servicio deficiente, y caro, en el resto del país a través de la Comisión Federal de Electricidad. (¿Qué tan mala será la CLyFC que hace lucir a la CFE como una “empresa de excelencia”?).

Las fallas en el suministro de energía eléctrica implican que una empresa avecindada en México sea sustancialmente menos productiva que una empresa semejante en otro país, sea por las constantes interrupciones de la producción y/o la distribución de bienes y servicios (pensemos en información por medios electrónicos, incluidas transacciones financieras, que requiere de la red eléctrica) o sea porque el proceso es más costoso porque obliga a contar con plantas de emergencia propias (que a su vez requieren combustibles) para suplir las interrupciones del servicio público, lo que obviamente encarece los productos y servicios finales para los consumidores.

No es posible que crezcamos al 7% anual con una “banda ancha” que en realidad es un “sendero angosto” porque la empresa concesionada al ingeniero Carlos Slim sigue obstruyendo la competencia en las telecomunicaciones, con la complicidad más o menos velada de algunos funcionarios, de autoridades judiciales y de legisladores remisos.

Tampoco es posible que crezcamos al 7% anual si la entidad encargada de combatir las prácticas monopolísticas en los mercados no tiene plena autonomía (está “sectorizada” en la Secretaría de Economía) y la sanción más fuerte que puede aplicar está tasada en “salarios mínimos” en lugar de fijarse de acuerdo con los activos o las ventas anuales de las empresas infractoras. Obviamente, con sanciones cuyo costo es sólo una pequeñísima fracción de las rentas que se obtienen gracias a las prácticas monopolísticas, las empresas con poder dominante en los mercados tienen todos los incentivos para seguir infringiendo la ley y para, literalmente, pitorrearse de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Súmese a esto el abuso de los procedimientos de juicio de amparo para detener, postergar o anular las disposiciones que puedan afectar a las empresas que actúan como monopolios o mediante acuerdos de fijación de precios de espaldas al mercado.

Añádase a lo anterior que los propios monopolistas tienen legisladores afines (o incluso a sueldo) que obstaculizan cualquier reforma que pueda disminuir sus rentas monopolísticas.

Y aquí llego al punto importante: ¿Cuántos de los futuros diputados y diputadas han recibido “favores” o han sido empleados subordinados de los dueños de las empresas que llevan a cabo prácticas monopolísticas?, ¿cuántos candidatos o candidatas de todos los partidos han sido colocados por estas empresas en sus venturosas carreras políticas?, ¿cuántos están dispuestos a ser víctimas de una campaña de linchamiento virtual en los medios de comunicación por osar oponerse a los designios de los dueños de tales empresas con poder dominante?

Va de anécdota: En diciembre del año pasado la Secretaría de Hacienda y otras autoridades financieras, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, introdujeron en el Congreso una reforma destinada a generar una mayor competencia en los servicios bancarios, así como una mayor extensión de los servicios financieros a segmentos de la población que hoy no gozan de los mismos (el índice de “bancarización” en México es uno de los más bajos para países semejantes al nuestro). Se trataba de la figura de “corresponsales bancarios”. Consiste en que se autoriza que pequeñas unidades, semejantes a sucursales bancarias básicas, en tiendas de autoservicio, en oficinas de correos o de telégrafos o en centros comerciales, puedan ofrecer servicios elementales de ahorro y crédito. El impacto que esta iniciativa puede tener en la productividad es claro: Permite el acceso al crédito a decenas de miles de micro y pequeñas empresas, al tiempo que abarata el costo del financiamiento; además permite a familias de escasos recursos acceder a instrumentos de ahorro menos ineficientes y onerosos, más seguros, que los que existen en los mercados informales. Al aumentar la “bancarización” disminuyen los costos globales de la intermediación financiera en el país y, de tal forma, se incide en una mayor productividad.

Pues bien, de inmediato los afectados directos, como el Grupo Salinas cuyo Banco Azteca tendría una nueva competencia con los corresponsales bancarios, pusieron en marcha su maquinaria obstruccionista. Huelga decir que los bancos grandes no vieron con malos ojos que los aguerridos “aztecos” les hicieran el trabajo sucio de frenar esta iniciativa. En el Senado se modificaron los términos de la reforma original de tal forma que la figura de los corresponsales bancarios quedó reducida a una entidad simbólica que ocasionalmente podría, con innumerables requisitos y trabas, abrir unas cuentas de ahorro de unos cuantos pesitos y otorgar algún préstamo oneroso cuyo monto sería de magnitud irrelevante. Llegada la iniciativa a la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidac, del PRI, tuvo los arrestos necesarios para hacerla recobrar su sentido original a favor de una mayor competencia y una mayor extensión de los servicios financieros a nuevos sectores de la población. No lo hubiese hecho: Fue directamente advertido por los personeros en el Congreso del Grupo Salinas, que incluso son legisladores, de que se atuviese a las consecuencias derivadas de su osadía. La advertencia se cumplió puntualmente: el diputado fue atacado sin misericordia en los noticiarios de Televisión Azteca e incluso en medios locales de su estado, Puebla, con el fin de fastidiar sus aspiraciones políticas. Ya se imaginarán los lectores que no prosperó la iniciativa original.

En los tres sectores de actividad económica que he citado –telecomunicaciones, energía eléctrica, servicios financieros- estamos hablando de bienes estratégicos, distribuidos a través de redes, que tienen una incidencia directa en la productividad de toda la economía. En los tres casos el poder de los grupos interesados en obstruir la libre competencia parece invencible, al menos para legisladores timoratos, para legisladores afectos a la comodidad que da el dinero, para legisladores que ambicionan una carrera política y no desean enemistarse con los medios (o con el principal anunciante en los medios, que es –casualidades de la vida– el conglomerado de empresas que comanda el ingeniero Slim).

Por supuesto, hacer una reforma tributaria es más fácil políticamente que hacer estas reformas encaminadas a incrementar directamente la productividad mediante una mayor competencia en los mercados. Una reforma fiscal tiene el gran incentivo para los políticos de que es el camino para incrementar los recursos en manos del gobierno, se trata de hacer más grande el pastel a repartirse precisamente entre los políticos.

Así las cosas, el lector comprenderá porqué sospecho que nuestros nuevos legisladores no harán las reformas que de veras requiere el país con urgencia, aun cuando tales reformas sean impulsadas por el Ejecutivo (cosa que está por verse, además) y el lector también comprenderá porqué creo que dentro de tres años, en el 2012, seguiremos lamentando que el tren que nos iba a llevar a las grandes ligas de la economía se nos haya ido… otra vez.