El libreto no ha variado: cambia el gobierno y se habla de la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal; cambia, a mitad del gobierno, parte de la legislatura, y se insiste en la necesidad de realizar una reforma fiscal, y ello por dos razones que nosotros, los contribuyentes cautivos, debemos cuestionar si no queremos terminar tributando más. ¿Cuáles son esas razones? Los “escasos” recursos con los que cuenta el gobierno, por un lado, y las enormes y apremiantes necesidades “del país”, por el otro, necesidades “del país” que el gobierno debe satisfacer. Es más, por necesidades “del país” se entienden, precisamente, aquellas carencias que el gobierno “está obligado” a satisfacer. ¿Con qué recursos? Con los que extrae del bolsillo de los contribuyentes, razón por la cual la satisfacción de esas necesidades no es otra cosa más que redistribución: quitarle a unos para darle a otros.

Desde el punto de vista de los políticos que aspiran al poder, de los gobernantes que ya están en el poder, de los legisladores que representan los intereses, o de los gobernantes que ya están en el poder, o de los políticos que aspiran al poder, el fin de la reforma fiscal debe ser aumentar la recaudación, con el fin de aliviar la “escasez” de recursos del gobierno, con el objetivo de que éste pueda satisfacer de mejor manera las necesidades “del país”, fin de la reforma fiscal al cual los contribuyentes debemos, de entrada y por principio, oponernos.

La reforma fiscal correcta, antes que tributaria, centrada en las preguntas qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quién cobrárselos, debe ser presupuestaria y partir de las respuestas correctas a las siguientes tres preguntas. ¿En qué gasta el gobierno? ¿Cuánto gasta el gobierno? ¿Cómo gasta el gobierno? Las respuestas a estas preguntas son que el gobierno gasta en cosas que no debe (que van desde la promoción de la cultura y las artes hasta la formación de atletas olímpicos); que por lo tanto gasta más de lo que debería (por lo que el cobro de impuestos degenera en un robo con todas las de la ley), y que gasta de mala manera (por ejemplo: subsidiando la oferta de educación universitaria en vez de financiar su demanda).

El problema es que a ninguno de los involucrados en la elaboración de la reforma fiscal, con poder de decisión (legisladores, políticos, gobernantes) le interesa revisar a fondo en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno, estando interesados en qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quién cobrárselos, por lo que para ellos la reforma fiscal es, ante todo, reforma tributaria pero no presupuestaria, frente en el cual, a lo más que llegan, es a proponer medidas para que los funcionarios públicos gasten mejor (entendiendo por ello honestamente), pero no para que el gobierno deje de gastar en lo que no debe gastar. Al final de cuentas allí estamos los contribuyentes para pagar por los excesos del gobierno, sobre todo en materia de gasto.