Casi 12 años después, la Suprema Corte de Justicia revisó el caso de Acteal sólo para concluir que muchos de quienes habían sido condenados a una virtual cadena perpetua por el homicidio de 45 indígenas eran inocentes del crimen que se les había imputado.

La Primera Sala del máximo tribunal de la nación no se limitó a otorgar un amparo a los acusados por las violaciones a sus garantías individuales que se registraron en su captura y proceso ante los jueces de primera y segunda instancia, violaciones que existieron y fueron muy importantes, sino que llegó a la conclusión de que la Procuraduría General de la República había falsificado pruebas con tal de obtener las consignaciones y sentencias que por razones políticas había predeterminado.

Mucho es lo que desconocemos sobre lo acontecido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal. La investigación que realmente llenaría los huecos no se ha realizado. La propia Primera Sala de la Corte no realizó un estudio a fondo de los hechos, sino que simplemente se limitó a conceder amparos: “lisos y llanos” unos y “para efectos” otros, lo que significa que 20 acusados fueron liberados en automático mientras que otros seis vieron sus expedientes remitidos a los jueces de primera instancia para que se emitieran nuevos veredictos.

Lo que sabemos, sin embargo, es inquietante. Al parecer, la PGR, preocupada por la imagen que la matanza generó al gobierno tanto a nivel nacional como internacional, decidió simplemente aceptar una lista de culpables preparada por grupos simpatizantes del EZLN. El propósito del proceso era demostrar que un grupo de “priistas” --una denominación que se le dio a quienes simplemente no eran simpatizantes del movimiento zapatista, independientemente de su verdadera filiación política-- habían sido responsables de matar a sangre fría a un grupo de indígenas sin más razón que realizar un desplante de crueldad.

La realidad que hoy percibimos es mucho más compleja. La decisión de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo de permitir que el EZLN tomara control de una porción del territorio nacional, y aplicara ahí su ley, llevó a una serie de abusos en contra de quienes no simpatizaban con el movimiento y provocó enfrentamientos de éstos con los zapatistas. Decenas de personas fueron agredidas y asesinadas a lo largo de 1997 mientras zapatistas y no zapatistas se enfrentaban unos a otros ante el vacío de autoridad dejado por un gobierno que no quería gobernar. La matanza de Acteal fue el último episodio de esta guerra.

El gobierno del presidente Zedillo sólo intervino cuando la matanza de Acteal colocó al país en una posición de vergüenza ante la comunidad internacional y ante los propios mexicanos. Pero precisamente para lavarse la cara frente a un movimiento zapatista que tenía mejor manejo de los medios de comunicación, decidió aceptar las listas de los “priistas” que las organizaciones simpatizantes le proporcionaron como si fueran realmente responsables de la matanza.

El fallo de la Primera Sala de la Corte nos obliga a meditar sobre las irregularidades del sistema de justicia de nuestro país. Es inaceptable, por supuesto, que la PGR y el gobierno de Zedillo hayan aceptado inculpar a inocentes simplemente para no ser objeto de críticas políticas. Es muy triste que sólo la intervención de un grupo de abogados del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que se percataron de las irregularidades e injusticias del caso, haya permitido la liberación de los inocentes acusados. Si estos abogados capaces y entusiastas no hubieran intervenido, los acusados habrían pasado la vida en la cárcel.

Es lamentable también que un grupo de personas haya podido permanecer más de 11 años en la cárcel sólo para que al final se les deje en libertad sin siquiera un “Usted disculpe”. Y más terrible es que el gobierno de Chiapas, al parecer con la colaboración de las autoridades federales, haya impedido que los liberados regresaran a su tierra de origen, Chenalhó. En otras palabras, después de 11 años de prisión, los injustamente acusados siguen pagando una condena por un delito que no cometieron.