El haber denominado la propuesta de establecer un impuesto generalizado de 2% a las ventas como un impuesto contra la pobreza, es tratar de venderle a la población una idea equivocada. Ningún impuesto genera un aumento del ingreso y, por lo mismo, tampoco combate la pobreza. Todo impuesto, no importa de cual se trata, es una distorsión que el gobierno introduce en los mercados que trae como consecuencia una reducción de la cantidad intercambiada de los bienes en cuyo mercado se impuso el gravamen. Ningún impuesto genera crecimiento económico.

Dado que todo impuesto es una distorsión que genera una pérdida de bienestar social, lo que el gobierno tiene que hacer cuando diseña el esquema tributario es establecer aquella combinación de impuestos que menos daño genera, es decir aquél que menos inhibe el trabajo, el ahorro, la inversión y el crecimiento económico y que simultáneamente le permite recaudar los recursos que requiere para financiar aquellas actividades que efectivamente le competen, particularmente proveer a la sociedad de bienes públicos así como corregir las externalidades negativas y positivas que generan las actividades privadas y, en caso necesario, actuar subsidiariamente en aquellas ocasiones en que la intervención gubernamental efectivamente lo amerite, como podría ser un desastre natural o cuando ha habido, por razones históricas, la discriminación en contra de grupos de individuos que les impiden acceder de manera eficiente a diversos mercados como el educativo, el de salud y el laboral.

Habiendo establecido lo anterior, se puede analizar el impuesto a las ventas. Este es un impuesto en cascada es decir, se paga en cada una de las etapas de la cadena de producción y distribución de los bienes y servicios, a diferencia del impuesto al valor agregado que, como su nombre lo indica, sólo grava el valor que se agregó en cada etapa hasta llegar a la última que es cuando el consumidor adquiere el bien o el servicio. Por lo mismo el IVA, cuando es homogéneo y generalizado, es un impuesto por mucho superior a un impuesto a las ventas. Es este argumento el que llevó al gobierno, en 1980, a sustituir el impuesto sobre ingresos mercantiles por el IVA. Lástima que con el transcurso del tiempo el IVA se ha distorsionado tanto que perdió su eficacia recaudatoria y es por esto que se propone introducir el impuesto a las ventas, cuya finalidad es únicamente recaudar, teniendo como bondad adicional es que es generalizado; todos lo pagan.

Suponiendo que el Congreso aprobara este gravamen, el gobierno tendría recursos adicionales que gastar y la pregunta es si esta recaudación adicional sería efectiva y eficientemente gastada en el combate a la pobreza. Dada la evidencia que tenemos al respecto, es altamente probable que una gran parte de estos nuevos fondos se desperdiciarían en programas que ni siquiera deberían existir, logrando muy poco en cuanto a la reducción de la pobreza en México.

Por lo anterior, es valido preguntarse si no sería más eficiente que el gobierno rediseñara el presupuesto para eliminar todos aquellos rubros de gasto público que desde un punto de vista social son un desperdicio de recursos, una grave destrucción de la riqueza nacional en lugar de imponerle nuevos gravámenes a los agentes privados.