La política económica no se desarrolla en el vacío o en una especie de medio estéril, sino dentro de un marco institucional (arreglos o acuerdos) que influye decisivamente en las decisiones de gobiernos y de políticos. Esto se ve claramente en la política fiscal.

John Maynard Keynes parece suponer, en su Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, un marco institucional que no es una democracia sino el gobierno autócrata de un grupo reducido de sabios benévolos. En ese marco artificial, de la elite de sabios gobernando sin someterse a los caprichos del populacho, puede confiarse en que el gobierno no abusará del expediente del déficit fiscal (deuda pública), sino que juiciosamente compensará, a lo largo del tiempo, los periodos de déficit con periodos más largos de superávit para mantener las finanzas públicas en orden.

Ese marco institucional, de la elite de sabios gobernando, no existe, porque no somos gobernados por ángeles o espíritus puros. Mucho menos dicho marco institucional -que está en los supuestos de Keynes, quien jamás se detuvo a examinar los arreglos políticos y jurídicos en los que se desenvuelve la política económica en el mundo real-, se aviene con lo que sucede en una democracia.

En una democracia, los políticos tenderán a incrementar el gasto antes que a reducirlo y tenderán a preferir el financiamiento del gasto mediante deuda, antes que incrementar impuestos. ¿Por qué? Porque eso complace a los electores y es popular. También por eso, los políticos, los periodistas, los académicos y, en general, los electores tienden a ser keynesianos más o menos silvestres, en la medida que suponen -desean suponer- que puede haber beneficios sin pagar costos. Un incremento en la deuda pública genera la ilusión de un ingreso sin costo, ya que el elector no ve de inmediato los costos, pero sí puede recibir de inmediato los beneficios, lo mismo que el político que genera la deuda probablemente no será quien tendrá que afrontar, en el futuro y como gobierno, los costos que implicarán su servicio y su eventual amortización. Así, Keynes y su apelación al déficit fiscal como herramienta para contrarrestar los ciclos económicos, resultan miel para los oídos de los políticos ávidos de popularidad.

Hoy en "Asuntos Capitales" se publica un insólito artículo de Juan Pablo Roiz (puede leerse haciendo clic aquí) que, me parece, debe ser resultado de un inteligente análisis del marco institucional en el que se desenvuelven la política económica y, específicamente, la política fiscal.

Es un análisis, conjeturo, tributario de las agudas observaciones de Knut Wicksell en 1896 y de los postulados de la escuela de la elección pública que encabeza James M. Buchanan. (Para leer un poco más sobre Wicksell recomiendo este sitio en la red. Y para mayor información sobre la escuela de la elección pública remito al lector a este otro sitio). Justamente, el título del comentario de hoy (Democracia en déficit) rinde homenaje a un gran libro de divulgación de Buchanan, escrito junto con Richard Wagner en 1977, que lleva ese título.

Roiz advierte que el programa económico para 2010 que está proponiendo el Presidente Felipe Calderón es, en términos de política fiscal, insólitamente responsable y, por ello, impopular. La responsabilidad fiscal -preferir los recortes al gasto público y los aumentos de impuestos para subsanar huecos fiscales, como el inmenso que ha dejado la caída de la producción petrolera en México-, no es popular. También los electores, en una democracia, tendemos a preferir el gasto sin costo, el recurso al déficit, no los impuestos.

Cada renglón de gasto tiene su clientela. Basta escuchar hoy, en la comparecencia del Secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados, a los distintos legisladores hacer malabares retóricos para exigir que se gaste más en esto o en aquello a la vez que protestan, vehementes, contra los odiosos impuestos.

Una conclusión adicional a las que anota Roiz en su comentario, sería que, pese a su impopularidad, el programa económico propuesto por Calderón recibirá el apoyo de los priístas (al menos de los más inteligentes) porque es el programa ideal para que el gobierno de Calderón pague los costos y un futuro gobierno del PRI, acaso en el 2012, coseche los beneficios.

En todo caso, Calderón obtendría también el beneficio de pasar a la historia como un presidente reformador y valiente que no dudó en tomar decisiones impopulares pero responsables (aquí hay otro patrón interesante en México, los expresidentes recientes más respetados hoy no son aquellos que parecían muy populares en su momento, como Carlos Salinas o Vicente Fox, sino los que mal que bien, como Ernesto Zedillo o Miguel De la Madrid, tomaron decisiones impopulares, pero responsables).