Dados los excesos y defectos del sistema fiscal mexicano, tanto por el lado presupuestario como por el tributario, la propuesta del Ejecutivo a favor de crear nuevos impuestos, y de aumentar la tasa de algunos que ya se cobran, no cuenta con lo indispensable a la hora de pretender obligar al contribuyente a entregar una mayor parte del producto de su trabajo: autoridad moral.

En los últimos Pesos y Contrapesos he analizado algunos de estos excesos y defectos, habiendo centrado la atención, por el lado presupuestario, en el Estado Benefactor (toda la ayuda a todos) y, desde la perspectiva tributaria, en los privilegios tributarios (algunos contribuyentes pagan menos impuestos que el resto), privilegios tributarios y  Estado Benefactor que deben eliminarse, con el fin de gastar menos (por la eliminación del Estado Benefactor) y de recaudar más (por la eliminación de los privilegios tributarios).

La eliminación del Estado Benefactor (cuyo ejemplo más conspicuo es la UNAM), supone su sustitución por el Estado Subsidiario Responsable, de tal manera que no se otorgue toda la ayuda a todos, sino que se ayude a quien necesita ayuda, en la medida en la que la necesita, y bajo ciertas condiciones (en el caso de la UNAM ello supondría sustituir el subsidio de toda la colegiatura para todos los alumnos, por el subsidio – y de preferencia el financiamiento -, solamente para quien lo necesite, únicamente en la medida en la que lo necesite, y bajo ciertas condiciones relacionadas con calificaciones, promedios, asistencias, comportamiento, titulación, etc.).

La desaparición de los privilegios tributarios (de los cuales existen 104 distintos), supone la eliminación de la discriminación gubernamental a favor de unos, y en contra de otros, para conseguir uno de los ideales del gobierno legítimo (el que yo llamo gobierno – gobierno, distinto de los gobiernos ángel de la guarda y hada madrina), cuya actuación debe ser la más neutral posible, comenzando por el cobro de impuestos.

Suponiendo constante el presupuesto de egresos del gobierno, la desaparición de los privilegios tributarios, que arrojaría una recaudación adicional de unos 733 mil millones de pesos anuales, el 38 por ciento de la recaudación proyectada para 2009, haría posible la reducción en la tasa de algunos impuestos y/o la eliminación de otros, ya que no se trata de que todos paguen lo mismo, en las actuales condiciones tributarias, sino de que lo hagan con menos impuestos y a menores tasas.

El hecho es que, ante los excesos y defectos del sistema fiscal mexicano, defectos y excesos que no se han corregido, ni en lo presupuestario, ni en lo tributario, el gobierno (tanto el Ejecutivo, como el Legislativo), no tiene la autoridad moral, ni para crear nuevos impuestos, ni para elevar los que ya se cobran. El Ejecutivo ya lanzó el balón, y ahora está en la cancha del Legislativo. ¿Cómo lo jugarán los diputados y senadores?, pregunta que remite a uno de los principales problemas del sistema fiscal: la discrecionalidad con la que deciden, en materia de impuestos, tirios (Ejecutivo) y troyanos (Legislativo).