En su libro Auge y Decadencia de las Naciones, Mancur Olson señaló que las coaliciones de distribución retardan la capacidad de una sociedad para adoptar nuevas tecnologías y para reasignar recursos en respuesta a las condiciones cambiantes, reduciendo así la tasa de crecimiento económico. En gran medida, el diseño institucional de México se ajusta a lo señalado por Olson. Vivimos bajo un marco institucional en el cual predominan importantes grupos de interés que buscan apropiarse de rentas y cuya acción en defensa de un statu quo ineficiente explica en gran medida el mediocre desempeño de la economía mexicana durante los últimos treinta años.

Es claro que para que una economía experimente un proceso sostenido de crecimiento económico, los incentivos que se deriven del marco institucional, principalmente de las reglas formales del juego, es decir el marco legal, generen una asignación eficiente de los recursos escasos que cada individuo posee. Se requiere que los incentivos que recibe cada agente económico estén alineados con un objetivo de generación de riqueza. Es esta acumulación de riqueza al nivel individual lo que se traduce en una mejora intergeneracional del bienestar de cada unidad familiar es decir, en crecimiento económico. Si por el contrario, los incentivos que se deriven del marco institucional premian los aspectos distributivos, en particular la apropiación de rentas, el resultado será una economía que no crece, una economía en la cual predominará una alta incidencia de pobreza así como una notoria inequidad en la distribución de la riqueza y del ingreso.

Si analizamos el marco institucional mexicano, lo que observamos es que las reglas del juego que se derivan de éste están premiando la apropiación de rentas y castigando simultáneamente la generación de riqueza por lo que la economía simple y sencillamente no crece. Monopolios privados y gubernamentales, sindicatos, burocracia, partidos políticos, productores protegidos o subsidiados, etcétera, son todos buscadores de rentas y son los principales opositores a que haya una mejora del marco institucional, un cambio que alinee los incentivos con el objetivo de generación de riqueza ya que estos cambios implicarían la pérdida de sus rentas.

Las acciones de bloqueo a las mejoras del marco institucional por parte de los grupos de interés obviamente no se llevan a cabo en el vacío; requieren de la cooperación de aquellos que están encargados del diseño y promulgación del marco legal, es decir, los legisladores. Las acciones y omisiones de los legisladores federales, mismas que pueden ser calificadas como de confabulación con los grupos de interés protegiendo las rentas que obtienen, permiten afirmar que son ellos, los mismos legisladores, quienes se constituyen como una de las principales barreras al crecimiento económico de México y hay varios ejemplos al respecto.

Son ellos los que han impedido hacer una serie de reformas institucionales que se traducirían en mayor eficiencia y mayor crecimiento, destacando la tributaria, la energética, la laboral, la de telecomunicaciones, la que dotaría a la Comisión Federal de Competencia de mayor fuerza para combatir y penalizar las prácticas monopólicas, la reforma política para que a través de la reelección de funcionarios públicos electos aumente la rendición de cuentas, etcétera. Haber bloqueado todas estas reformas, al proteger las rentas, castiga el crecimiento económico.