(AIPE)- Los políticos a diario inventan urgentes necesidades, no exactamente para ayudar a sus conciudadanos más necesitados sino en beneficio más bien de quienes contribuyen a sus campañas electorales, tales como sindicatos politizados y empresas que sobreviven por el proteccionismo arancelario y  las cuotas de importación. También incluyen, desde luego, a los votantes residenciados en su distrito electoral. Todo esto ha conducido a que gran parte del presupuesto nacional tiene poco que ver con las disposiciones y responsabilidades del gobierno nacional enunciadas en la Declaración de Independencia y en la Constitución de Estados Unidos, sino que una creciente proporción del gasto público se canaliza con fines puramente políticos.

¿Cuánto del presupuesto nacional y del creciente déficit se dedica a la defensa de los derechos ciudadanos estipulados en esos dos documentos fundamentales de la democracia estadounidense, en lugar de propósitos y fines puramente políticos, y en retribución a contribuciones recibidas de ciertos y determinados grupos en las últimas elecciones? ¿Diez por ciento, veinte por ciento? Seguramente que no mucho más de eso. Y ¿por qué un tema tan importante para el futuro bienestar de la sociedad como es lo que se gasta en cumplir los requisitos constitucionales versus lo que se malgasta en erogaciones politizadas no es un tema de constante discusión en los corredores del poder, ni es tomado mucho en cuenta por los medios de comunicación?

La gente responsable gasta en función de sus ingresos, pero los políticos que elegimos a cargos de extraordinaria responsabilidad gastan a manos llenas, sin tomar en cuenta la creciente diferencia entre el monto recaudado por el Estado en impuestos y las erogaciones que realiza. Así, año tras año, aumenta el presupuesto nacional, pero el déficit aumenta considerablemente más y, por consiguiente, se dispara la deuda nacional acumulada. ¿Acaso se sentiría usted contento si sus hijos se ven obligados a pagar la hipoteca de la casa donde nacieron? Seguramente que no. Entonces, ¿por qué aceptamos que los políticos acumulen deuda pública que nuestros hijos y nietos tendrán que pagar, a través de impuestos aún más altos y con la devaluación y pérdida del poder adquisitivo de la moneda?

En los últimos diez años se dobló el presupuesto de Estados Unidos, de 1,8 billones de dólares ($1.8 trillion en inglés) en 1999, durante el gobierno de Clinton, a 3,6 billones de dólares ($3.6 trillion), en el actual gobierno de Obama. ¿Han aumentado los ingresos de los norteamericanos en la misma proporción?  No, ni lejanamente, pero eso no parece importarle mucho a los políticos, quienes se esconden regalando dinero que no les pertenece. Claro que entre los receptores de esa magnanimidad política no está su vecino, quien recientemente perdió la casa, ni tampoco su amigo que por muchos años y hasta hace poco trabajaba en una empresa que quebró, pero sí están los miembros de los sindicatos de la General Motors y de Chrysler. ¿Igualdad ante la ley?

El verdadero problema financiero que confronta este país es que el gobierno gasta 30.000 dólares por cada familia, pero la familia norteamericana promedio está muy lejos de poder pagar 30.000 dólares anuales en impuestos federales. Hasta ahora la solución política ha sido aumentar impuestos a quienes perciben mayores ingresos, pero en un mundo globalizado esto se hace cada día más difícil y así como vemos a gente muy rica irse de la ciudad de Nueva York y del estado de California, donde los impuestos son los más altos de la nación, sus hijos y nietos preferirán emigrar con sus fortunas a los llamados paraísos fiscales, como Bahamas y Panamá.

___* Director de la agencia AIPE.

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