No cabe duda que cada vez estamos peor. Como país seguimos perdiendo lugares en cada uno de los indicadores de competitividad, sea el elaborado por la OCDE, el Banco Mundial, el World Economic Forum, la CEPAL, etcétera. Mientras un número significativo de países avanzan en el proceso para hacer a sus economías cada vez más eficientes, en México seguimos atorados con un marco institucional que premia la búsqueda de rentas y castiga la generación de riqueza y el crecimiento. Vivimos con un marco institucional en el cual poderosos grupos de interés, los poderes fácticos, han capturado a las instituciones del Estado mexicano para proteger sus rentas, todo ello con la complicidad del gobierno, particularmente la del Poder Legislativo, cuya labor parece estar guiada por cómo hacerle para que este país no progrese. Y ahora, la puntilla en este año: el informe 2009 de Transparencia Internacional sobre la percepción de corrupción. Salimos como siempre muy mal parados, obteniendo una calificación de 3.3 (menor al 3.6 del informe 2008) y en el lugar 89 junto con Lesoto, Malawi, Moldavia, Marruecos y Ruanda. Grave, pero sobretodo ¡patético!

Habrá quién diga que la corrupción que vivimos todos los días forma parte de la idiosincrasia del mexicano; nada más alejado de la realidad. La corrupción que nos asola es el resultado del mismo marco institucional ineficiente que promueve y premia la apropiación de rentas. Al nivel gubernamental podemos definir la corrupción como la utilización del poder público para la obtención de un beneficio personal y es ésta la clave para entender por qué en México la corrupción es endémica.

México es un país con una economía excesiva e ineficientemente regulada que le da a los servidores públicos, desde la burocracia hasta el que recoge la basura en los domicilios, el poder para extorsionar a los agentes privados, apropiándose de una parte del ingreso familiar y/o de una parte del flujo de utilidades que generaría un proyecto de inversión. México es un país en el cual las licitaciones de obras públicas o de abastecimiento de bienes y servicios al gobierno son notoriamente opacas, sobretodo cuando se trata de los contratos en el sector paraestatal así como al nivel de los gobiernos estatales y municipales, ordenes de gobierno que cada vez cuentan con más y más recursos públicos sobre los cuales no tienen que rendir cuentas de cómo y para qué fueron utilizados. México es un país en el cuál los funcionarios públicos no son efectivamente responsables por sus actos y no enfrentan un efectivo castigo cuando su actuación deriva en un menor nivel de bienestar de la población y sus promesas de mejor regulación y mayor transparencia no son más que puras palabras huecas. México es un país en el cual los ciudadanos estamos prácticamente secuestrados por grupos de rentistas que sólo buscan apropiarse de una parte del ingreso nacional.

La corrupción no es solamente una transferencia de recursos que realiza el agente privado sujeto de la extorsión al funcionario público que se enriquece por este acto. La corrupción que nos asola es efectivamente un juego de suma negativa; la corrupción es un impuesto que inhibe el progreso económico. La corrupción nos empobrece.