Una dictadura que estimula la producción y distribución de cocaína tiene pocas esperanzas de labrarse una buena imagen internacional. Pero cuando ese mismo gobierno se proyecta usando el lenguaje de la justicia social, con una atención especial a los derechos de los pueblos indígenas, se granjea la aclamación del mundo.

Esta es Bolivia, que en dos semanas celebrará elecciones para presidente y las dos cámaras del Congreso. El gobierno del presidente Evo Morales promocionará el evento como un gran momento para la democracia sudamericana. En realidad, los comicios marcarán el fin oficial de lo que queda de la libertad boliviana tras cuatro años de gobierno represivo de Morales.

Mientras Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos se han obsesionado por la remoción legal de un presidente antidemocrático en Honduras, Morales ha estado fortaleciendo su narco-dictadura. También se hizo amigo del dictador iraní Mahmoud Ahmadinejad, quien esta semana hace una nueva visita a La Paz.

Se prevé que Morales obtenga la reelección sin mayores inconvenientes, en parte porque en muchas áreas que controla los votantes serán escoltados a las mesas electorales para asegurarse de que elijan de forma correcta. Su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), casi con seguridad retendrá el control de la cámara baja del Congreso y es probable que gane el del Senado, que hasta ahora ha estado en manos de la oposición.

Si esto ocurre, el dominio de Morales será casi imbatible. Pero esto no debería ser interpretado como una adopción nacional de su estilo de hacer política. Logrará extender su poder gracias a una política de terror contra sus adversarios.

No hay que olvidar que en 2003 Bolivia tenía un presidente electo en Gonzalo Sánchez de Lozada. A los radicales de la izquierda dura no les gustó que Sánchez de Lozada propusiera la exportación de gas natural licuado a través de Chile. Lanzaron protestas violentas y bloquearon las autopistas del país. Sus objetivos de derrocar el gobierno coincidían con las metas del movimiento de cocalero encabezado por Morales. Se unió al levantamiento.

Cuando el presidente decidió usar al ejército para escoltar a camiones de aprovisionamiento, se desataron los enfrentamientos. Sánchez de Lozada decidió dejar el país como una forma de desactivar la violencia, y el Departamento de Estado de EE.UU. le dijo que si no renunciaba antes de irse, cortaría la ayuda extranjera. El presidente obedeció y, de esta manera, le brindó, bajo coacción, un barniz legal a un golpe ilegal.

El terrorismo había funcionado y no había ni una pizca de protesta por parte de la comunidad internacional. Así que fue usado otra vez para forzar la renuncia del sucesor de Sánchez de Lozada y presidente del Senado. Eso significó que había que llamar a nuevas elecciones. Morales se presentó y ganó.

Al asumir la presidencia en 2006, Morales comenzó a usar su oficina para perseguir a funcionarios de gobiernos previos. Algunos fueron encarcelados, otros abandonaron el país. Hizo cambios profundos en la justicia y en el consejo electoral. Cuando surgía un desafío de la oposición, sus matones callejeros o sus jueces le ponían fin.

Una asamblea constituyente fue elegida para reescribir la Constitución, pero el MAS no consiguió los dos tercios de los asientos para delegados. De esta forma, la asamblea se negó a adoptar un texto repleto de artículos antidemocráticos y una cláusula para la reelección del presidente. Una vez más, el MAS, con el respaldo del gobierno, recurrió a la fuerza. En noviembre de 2007 llamó a la asamblea a una guarnición militar, no dejó entrar a la oposición y ganó la votación. Tres manifestantes murieron. Una segunda votación necesaria para ratificar cada artículo volvió a excluir a los miembros de la oposición.

Cuando llegó el momento de lograr que el Senado ratificara el documento, Morales volvió a llamar a la muchedumbre. En marzo rodearon el edificio del Parlamento y amenazaron a los legisladores. Los congresistas opositores eventualmente cedieron pero afirmaron que había podido salvar unos pocos vestigios del capitalismo democrático, como los derechos de propiedad y la educación privada. Sin embargo es probable que estos logros sean transitorios.

Además de la provisión de la "reelección" presidencial, el documento contiene otros dos artículos que es probable que devasten la democracia. Uno crea una clase especial de personas que se considera que tienen sangre indígena pura, y les concede privilegios especiales como escaños designados en la legislatura. Esto le otorga a Morales un control político enorme. Un segundo artículo le permite convocar a una nueva asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución. Y afirma que puede ser aprobada por dos tercios de "los miembros presentes". En otras palabras, si Morales vuelve a fracasar en su intento de obtener los dos tercios de los votos que necesita para ratificar su plan, sólo necesitará repetir la práctica de rodear el lugar de reunión y bloquear a sus oponentes para que no voten.

Morales es el dictador más reciente de América del Sur, pero no es el comunista ideológico que muchos temen. Es más parecido a un jefe de la mafia, que ascendió al poder con la promesa de proteger el negocio de la coca. Ahora tiene la capacidad de hacerlo.

Bajo su mandato, el cultivo de coca es legal y cobra una tarifa de licencia de todos los agricultores, cuyas cosechas se venden a través de un mercado centralizado. Funcionarios del MAS también regulan la producción y el tráfico de cocaína que ahora llega a nivel de los hogares.

El auge del negocio ha vuelto popular a Morales. Tal vez deteste a EE.UU. y la libertad pero hay algo que es seguro: entiende los mercados.

*Artículo republicado con autorización de Cato Institute