Cada vez que se propone un recorte a la burocracia, una reducción en el gasto de alguna dependencia, salen los estatistas de sus madrigueras a alegar que todo recorte implica un mínimo de ahorro en recursos respecto del total del gasto público. No, “pos sí,” con ese argumento tramposo jamás hubiera México salido del estatismo enfermizo priísta, en donde el gobierno llegó a poseer hasta cabarets.

Difícilmente se encontrará un rubro “grandote” que justifique alguna medida de ahorro.

Los grandes ahorros se construyen sumando todos los recortes pequeños de por aquí, por allá y acullá. Así lo demostró en su momento Carlos Salinas, cuando corrigió la lentitud de privatización de Miguel De la Madrid, y se aprestó a desestatizar a buena parte de la industria. Si se hubiera impuesto el criterio estatista, no se hubiera tocado, ni con el pétalo de una rosa, a las empresas estatizadas. No hubiera habido privatización alguna. Una por una habrían representado “poco ahorro.” Por fortuna Salinas no oyó estas voces.

Por eso es nefasto que al final el Congreso mexicano haya impedido el cierre de secretarías. Se perdió la oportunidad de reducir burocracia parasitaria poco a poco. En una democracia (y más como la mexicana) es difícil, si no imposible, eliminar de golpe y tajo al personal burocrático innecesario. Así que se perdió un precedente de oro.

Pero hay otros rubros de gasto en el que el Ejecutivo Federal está simplemente subsidiando a los más ricos. Se trata de subsidios a distintas trasnacionales de la agroindustria, tanto mexicanas como extranjeras. Analice el lector el siguiente cuadro.

Fuente: SAGARPA

Millones y millones de pesos como puede apreciarse. Por si fuera poco ya el hecho de que estas empresas tienen privilegios fiscales enormes, que ni el lector y este servidor jamás tendrán, ni soñando. Aclaro, por razones de espacio escogí a las empresas más subsidiadas, pero de acuerdo a Sagarpa, se trata de más de 200 empresas multinacionales -mexicanas y extranjeras- que reciben cerca de 1,400 millones de pesos, un verdadero negocio en el que se enriquecen -a costa del contribuyente- trasnacionales, funcionarios y claro, no podían faltar, políticos. Este monto es, cierto, una pequeña parte del boquete fiscal, pero como ya señalé al inicio del presente artículo, si sumamos cada dispendio, iremos encontrando un verdadero dinosaurio. Pero falta más.

En economía a los avances de la ciencia se les considera un bien público, es decir, un bien del que no podemos excluir a nadie de su uso, y que todo mundo puede usar sin afectar la cantidad del bien en cuestión. Ejemplo, una fórmula de una vacuna, el sistema operativo Windows, un nuevo diseño de hardware, etc. Pero el que la ciencia sea un bien público (por eso insisto en que los economistas debemos corregir -acotar- la frase trivial de “el gobierno debe producir bienes públicos y los particulares los bienes privados”), no significa que sea el gobierno el que deba exclusivamente hacerse cargo de su estimulo ó producción. En la generación de ciencia y tecnología, el gobierno debe limitar su participación en la protección sólida de los derechos de propiedad intelectual. No más.

Son las empresas privadas las que se encargarán, en conjunción con las universidades, de desarrollar patentes y fórmulas científicas. Los países con mayor avance tecnológico no tienen al gobierno como productor único y omnipresente de ciencia y tecnología.

Desde hace años, en México hay científicos y políticos que piensan que sin la dádiva gubernamental, sin subsidios, no es posible convertirse en una potencia tecnológica. Monumental error. Cheque el lector el siguiente cuadro, que con datos de CONACYT (un elefante blanco) muestra los millonarios recursos que se destinan a gigantes trasnacionales, para “dizque” desarrollar la ciencia. Nuevamente, negocio total de funcionarios y empresas.

Fuente: CONACYT

Millones y millones otra vez. Al igual que el cuadro anterior, se trata de una muestra, pero se estima que son cerca de 1,000 empresas las que reciben los subsidios del gobierno.

La manera para que un país se convierta en potencia tecnológica, es tener un marco institucional sólido que proteja los derechos de propiedad y un esquema fiscal en donde no haya impuestos que expolien a los agentes económicos. Por supuesto, esto debe complementarse con estabilidad de precios y la mayor libertad económica para ahorrar, emprender, invertir, producir y consumir. El gobierno mexicano no lo entiende.

Es un verdadero desperdicio inmoral y económico, dada la debilidad fiscal del gobierno mexicano, desperdiciar recursos millonarios en empresas trasnacionales agroindustriales. Ojo, los subsidios al campo, y la CONEVAL lo ha probado, no llegan a los 27 millones de campesinos pobres. Son recursos que van a los más ricos, y que, definitivo, no transformarán a México en una potencia tecnológica de la agroindustria, ni potencia tecnológica en general.

Si el gobierno mexicano no corrige estos excesos, el costo de oportunidad, ya de por sí grande, lo seguirán pagando como siempre los mexicanos más pobres.

Bachoco

¿Se acuerda el lector del “gober precioso” y del incendio de los peques en Sonora? Pues su familia, multimillonaria, también se beneficia de los millonarios subsidios del gobierno. Un empresario con lazos económicos con la política. ¡Qué raro que eso suceda en México!