Mucha atención se la ha puesto al relevo en la gubernatura del Banco de México, como si lo importante fuera la persona responsable de la política monetaria y no las reglas del juego en la materia, mismas que dejan mucho que desear, comenzando por el hecho de que las mismas le permiten a la autoridad monetaria ser juez y parte, ya que son ellas las que, uno, definen la meta de inflación, dos, practican la política monetaria con el objetivo de alcanzar dicha meta y, tres, miden la inflación, lo cual las hace juez y parte, algo que debe corregirse, para que sea una junta monetaria (integrada por personajes que no formen parte, ni del Banco de México, ni del Gobierno Federal), la que defina la meta de inflación, para que sean las autoridades monetarias, por medio de la política monetaria, las encargadas de lograr dicha meta, y para que sea el INEGI, no el Banco de México, el encargado de medir la inflación.

En segundo lugar debe establecerse cuál será la sanción en el caso de que las autoridades monetarias no alcancen la meta de inflación, metas que tiene sentido fijar siempre y cuando haya premios si se alcanzan y castigos si no se consiguen. Al margen, sobre todo de la sanción, la fijación de metas no tiene ningún sentido.

En tercer lugar, y atendiendo a lo que se dice en el artículo 28 de la Constitución, en el sentido de que el objetivo prioritario del Banco de México es “procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional”, resulta una burla que, año tras año, las autoridades monetarias fijen metas de inflación, siendo que es la inflación la que impide la preservación del poder adquisitivo de la moneda. El que las autoridades monetarias fijen metas de inflación es algo análogo al alcohólico que, queriendo rehabilitarse, se pone como meta beber solamente determinada cantidad de alcohol, y no todo el alcohol que, en otras circunstancias, bebería.

Si el objetivo del Banco de México es, ¡como debe ser!, mantener la estabilidad del índice de pecios al consumidor, y preservar el poder adquisitivo de consumidores y ahorradores, y si caemos en la cuenta de que, suponiendo que terminemos el 2009 con una inflación del 4 por ciento, la inflación promedio anual a lo largo de los nueve primeros años del siglo XXI habrá sido de 4.5 por ciento (con la mayor en 2007: 6.5, y la menor en 2006: 3.8), no debemos dejar de preguntarnos por la eficacia del Banco de México. Una inflación promedio anual de 4.5 por ciento, a lo largo de nueve años, da como resultado una inflación acumulada de 48 por ciento, lo cual quiere decir que el 31 de diciembre próximo el poder adquisitivo del peso será 48 por ciento menor que el del 31 de diciembre de 2000. ¿Qué tan eficaz ha sido el Banco de México? Y si no lo ha sido, ¿qué tanto se debe a las reglas (ineficaces) del juego monetario?