Por supuesto que hay que modificar el juicio de amparo. Esta figura, que ha sido desde hace mucho tiempo orgullo de la clase judicial mexicana, tiene muchos problemas que no han sido solucionados quizá por la excesiva adoración que los abogados le tienen.

Pero hay que tener cuidado de que el remedio no resulte peor que la enfermedad. Lo que habría que hacer es racionalizar un sistema que ha sido objeto de abusos, y sobre todo de lograr que sus beneficios sean generales, pero no de despojar a los mexicanos de la única arma legal para defenderse de los abusos de la autoridad.

En un seminario que se realizó hace unos meses en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM me quedó claro que el principal problema del amparo es la falta de generalidad de los fallos. Parece absurdo, pero así son las cosas en nuestro país: los tribunales puedan decretar que alguna práctica o acción es inconstitucional, pero el fallo sólo beneficiará a quien ha promovido la acción. Una ley o medida inconstitucional debería ser derogada de manera automática. No tiene sentido que el ganador de un juicio de amparo esté protegido contra los abusos de los funcionarios, pero no el resto de los mexicanos.

Para que el amparo pueda tener aplicación general, sin embargo, es importante que se homologuen los criterios de los tribunales. Algo que ocurre con mucha frecuencia en México es que un juez o un tribunal decide en un sentido un caso mientras que otros toman la decisión exactamente contraria en casos iguales o muy similares. Sería imposible tener una aplicación general de los fallos de amparo si los criterios de los jueces difieren tanto como lo hacen ahora.

Será importante también evitar las demandas frívolas de amparo y las suspensiones que se otorgan de manera casi automática. Hay un dicho muy común en el medio de los abogados: una suspensión o un vaso de agua no se le niega a nadie. Pero algunas de estas suspensiones, o incluso fallos definitivos, parecen sustentarse en criterios absurdos de forma sin tocar nunca el fondo de los asuntos.

Una cosa, sin embargo, es corregir los problemas que claramente tiene el amparo y otra muy distinta es pretender, como lo hace la clase política, que debe eliminarse el derecho de amparo en materia fiscal. La propuesta que elimina en términos prácticos la posibilidad del amparo ante actos de la autoridad en este tema ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, pero ha quedado de momento detenida en el Senado. Hay una enorme presión del gobierno y de algunas personas de la clase política, sin embargo, para que los senadores acepten esta propuesta.

La verdad es que la iniciativa es inaceptable. La iniciativa enviada por los diputados al Senado derogaría en términos prácticos el derecho de amparo en materia fiscal. El gobierno se convertiría en policía, ministerio público y juez en este campo sin que el contribuyente tuviera recurso de apelación. Independientemente de lo injusta que sería esta medida, podría convertirse en el primer paso para la eliminación del derecho de amparo. La clase política mexicana cada vez acepta menos que se le cuestionen sus abusos.

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