Muchos de mis colegas asumen que, cuando critico a las escuelas y universidades públicas mexicanas, estoy defendiendo a las escuelas llamadas privadas, están muy equivocados.

Para empezar, en México no hay escuelas privadas en el sentido estricto del término. Para sustentar esta afirmación requerimos del concepto puro de “escuela privada”. La definiré en cuatro incisos:

a)      Escuela privada es una institución que tiene uno o más dueños que se constituyen en sociedad anónima, es decir, con uno o más propietarios capitalistas. Pueden ser dueños del inmueble o sólo alquilarlo para desarrollar sus actividades educativas.

b)     Escuela privada es una institución que determina sus propios planes y programas, con total autonomía, es decir, sin injerencia ni necesidad de permisos de parte del gobierno. Sus clientes son los “jueces” que califican la calidad del servicio.

c)      Es una institución que vive exclusivamente de sus clientes, es decir, de sus alumnos, de sus compradores de patentes, servicios u otros conceptos o negocios. Es decir, no recibe subsidios del gobierno.

d)     Es una institución que otorga títulos, diplomas o reconocimientos sin necesidad de la autorización o visto bueno del gobierno.

En México no existe una sola escuela o universidad que cumpla con estas características. Por ejemplo, nadie tiene el derecho de poner un kínder “full English” porque el gobierno lo clausura inmediatamente. Tampoco nadie puede fundar una primaria con profesores especializados y con énfasis en biología o música, pues no lo permite la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajo el argumento de que “la educación debe ser igual para todos”. Cualquier escuela que pretenda dar certificados o títulos propios es calificada como fuera de reglamento y vilipendiada como “escuela patito”, por no tener reconocimiento de la SEP y se le pone sellos de clausura. Aún los grandes consorcios que empiezan a entrar en México tienen que seguir la reglamentación oficial. Luego, no hay escuelas ni universidades privadas en México y eso es una verdadera desgracia pues significa que a todos nos uniforman con el mismo pensamiento oficial.

Se ha dado en llamar “escuelas privadas” a las que no reciben subsidios del gobierno, es decir, viven de cuotas y colegiaturas. Esa es la única característica por lo que se les denomina así. Pero en lo académico, prácticamente enseñan lo mismo que la escuela de gobierno pues están obligadas por Ley. Se puede decir, por tanto, que la educación privada es un doble fraude, porque los padres de familia pagan altas cuotas por la misma educación estatizada que recibirían “gratis” en las escuelas del gobierno. Por eso es que muchos padres de familia sacan a sus hijos de las escuelas de paga, para enviarlos a las escuelas “gratuitas” a cargo de toda la sociedad y no tienen más alternativas.

Realmente hemos construido un pésimo sistema educativo en general y no se compondrá mientras sigamos con la creencia de que el gobierno tiene manos santas e inteligencia para dirigir y administrar la educación. Mientras el gobierno siga imponiendo su criterio a las escuelas públicas y privadas, formando así un monopolio educativo, la sociedad estará impedida de aportar nuevas ideas para mejorar la educación.

Por tanto, la solución de fondo, es decir, la reforma estructural que requiere el sistema educativo incluye sacar las garras del gobierno de las escuelas públicas y privadas a fin de que la sociedad, es decir, la iniciativa privada tenga la oportunidad de ofrecer una nueva y diversa oferta educativa.

Para empezar, el financiamiento gubernamental ya no se debe dar directamente a las escuelas y universidades públicas, sino a los alumnos o padres de familia para que ellos mismos, de mano propia, elijan y paguen en la escuela de su preferencia.

Para las escuelas privadas se necesita eliminar el requisito de “reconocimiento oficial”. Es decir, se debe dejar que cualquier ciudadano pueda abrir escuelas a su propio criterio, sin intervención gubernamental ni supervisión oficial. Esto incluye que puedan determinar sus propios planes y programas de estudio. Por supuesto, este derecho debe extenderse a las escuelas del gobierno.

Si no empezamos con estas reformas, difícilmente mejoraremos la educación de nuestros niños y jóvenes. No podemos esperar mejores resultados si seguimos aplicando las mismas políticas educativas de siempre.

Cierto, esto tiene sabor de privatización, pero no hay alternativa, pues está sobradamente probado que la estatización educativa no produce los profesionales que México necesita para salir de la pobreza. Es tiempo para darse cuenta que la administración educativa del Estado nos conduce directamente al fracaso de los jóvenes y del país.