El análisis económico del Derecho, lo apunté en el último Pesos y Contrapesos, no se pregunta por las intenciones del legislador, sino por las consecuencias de las leyes. Se pregunta, antes que por la justicia de una ley, por su eficacia, es decir, por su capacidad para lograr el efecto deseado por el legislador, sin olvidar que el primer requisito para que una ley sea eficaz es que sea justa, siendo tal la ley que reconoce plenamente, define puntualmente y garantiza jurídicamente los derechos de la persona a la vida, libertad y propiedad, lo cual supone prohibir las acciones que atentan contra tales derechos, acciones delictivas por su propia naturaleza.

¿Qué tan eficaz puede ser una ley que le prohíbe a la persona hacerse daño a sí misma? ¿Qué tan eficaz puede ser una ley que limita arbitrariamente la libertad de la persona, expandiendo caprichosamente el poder del gobierno? ¿Qué tan eficaz puede ser una ley que prohíbe, no los delitos, sino los vicios? Poco.

Pero el análisis económico del Derecho no se pregunta únicamente por la eficacia de las leyes, sino por los incentivos que las leyes generan, sobre todo entre quienes están dispuestos a correr el riesgo de violarlas, violación que bien puede valer la pena si la paga es suficiente, y si la violación no supone una acción delictiva por su propia naturaleza, tal y como sucede con el tráfico de drogas, cuyo fin es satisfacer un vicio que no es, por su propia naturaleza, una acción delictiva, siendo el tráfico de drogas una actividad comercial que, ¡por estar prohibida!, paga más que suficiente.

La prohibición de traficar con cualquier mercancía cuyo fin sea la satisfacción de un vicio eleva su precio, en la mayoría de los casos en una proporción mayor al aumento en su costo de producción, lo cual multiplica la ganancia, creando un incentivo, por demás atractivo, para que más de uno decida dedicarse a dicho tráfico, con toda la corrupción que genera, y que es la que hace posible que perdure, porque no solamente ganan los narcotraficantes, sino quienes, desde el gobierno, y carretadas de dinero de por medio, se hacen de la vista gorda para que dicho comercio persista y se multiplique.

Por último hay que preguntarse, una vez encarrilado el narcotráfico, con todos los ingresos que genera, no solamente para el narcotraficante, sino también para quienes desde el gobierno se hacen de la vista gorda, qué incentivos existen para que se elimine la prohibición (que enriquece al narcotraficante), y con ella la corrupción (que enriquece al funcionario público). El verdadero poder del narcotraficante no es su poder de fuego, sino su poder corruptor, que bien puede depender de su poder de fuego: “O te pago o te pego”

Al inicio del gobierno de Calderón escribí que, de seguirse por el camino de la guerra contra el narcotráfico, acabaríamos como estamos acabando, y lo dije porque así lo señala el análisis económico del Derecho, disciplina que, por lo visto, los gobernantes ignoran.