VIERNES, 26 DE FEBRERO DE 2010
Un estado confundido

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“El problema es que los propios funcionarios no se dan cuenta de sus errores. Están convencidos de que su función es poner al gobierno a trabajar en todo aquello que no le compete realmente. Han creado así un Estado confundido, un Estado que hace lo que no debe pero olvida sus responsabilidades fundamentales.”


La función fundamental del Estado es proteger a los gobernados. En cambio, una de las responsabilidades que nunca debe asumir un gobierno es la de meterse en la vida personal de las personas. Desafortunadamente, tenemos un gobierno que está fallando en sus esfuerzos por proteger a los mexicanos, mientras que sus esfuerzos por meterse en la vida de los gobernados se vuelven cada vez más intensas.

           

La violencia en Ciudad Juárez y en otros lugares del país ha llegado a niveles inaceptables. La matanza el 31 de enero de 15 asistentes, muchos de ellos adolescentes, a una fiesta juvenil colmó la paciencia de una sociedad que se siente cada vez más asediada por la violencia. El hecho de que el presidente Felipe Calderón haya declarado desde Tokio que la matanza era producto de un pleito de pandillas, afirmación que resultó falsa y difamatoria, no mejoró las cosas.

           

Ese mismo 31 de enero hubo otra matanza, en un centro nocturno en Torreón, en la que 10 jóvenes quedaron muertos.

           

El gobierno simplemente no está logrando el cometido de proteger a los ciudadanos. La guerra contra el narcotráfico no ha logrado disminuir el comercio de las drogas ni el consumo de estas sustancias en nuestro país. Sí ha dejado, en cambio, un rastro de sangre que, a pesar de lo que dicen las autoridades, está afectando a la gente común y corriente en muchas comunidades de nuestro país.

           

En un momento en que parecería que todavía hay asuntos importantes por resolver, como la violencia y el narcotráfico, la PGR y los gobiernos panistas de Jalisco, Morelos, Sonora, Tlaxcala y Guanajuato están buscando meterse más en la vida privada de las personas y han presentado controversias constitucionales para tratar de impedir que entre en vigor en el Distrito Federal una nueva ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

           

Uno podrá estar a favor o no del matrimonio entre homosexuales, pero la nueva legislación no obliga a nadie en el Distrito Federal a contraer nupcias. Los matrimonios seguirán siendo contratos a los que la gente entra por voluntad propia y que no benefician ni perjudican al resto de la sociedad. Poner todo el peso del Estado para impedir contratos voluntarios entre personas parece un abuso. Pero de cualquier manera, el tema es muy poco relevante ante la enormidad de los retos que el país vive en materia de seguridad.

           

De hecho, una de las razones de la inoperancia del Estado mexicano, que explican por qué a pesar de todas las ventajas naturales nuestro país sigue siendo pobre, el gobierno se preocupa por todo menos por lo que debería. En lugar de concentrar todos sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los mexicanos y para establecer las condiciones que permitan un mayor desarrollo económico y el combate a la pobreza, los políticos de nuestro país han creado un gobierno que dedica dinero a toda suerte de responsabilidades innecesarias, inclusive a meterse en la vida personal de los ciudadanos.

           

El problema es que los propios funcionarios no se dan cuenta de sus errores. Están convencidos de que su función es poner al gobierno a trabajar en todo aquello que no le compete realmente. Han creado así un Estado confundido, un Estado que hace lo que no debe pero olvida sus responsabilidades fundamentales.

 

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