Si los gobernantes quieren que haya más y más competencia en todos los sectores económicos del país, deberían empezar por cambiar los artículos socialistas 25 al 28 y 123. Pero no, a los legisladores les es más fácil irse por el camino fácil de endurecer las regulaciones y sanciones. No es por ahí señores legisladores.

Para que los consumidores realmente nos beneficiáramos, bastaría con una serie de cambios constitucionales que garantizaran plena libertad de mercados, es decir, garantizar que a nadie se le impongan barreras a la entrada a cualquier industria. Que a nadie se le prohíba producir cualquier bien privado. El problema es que los artículos arriba señalados le dan poder monopólico al gobierno en áreas como el petróleo, electricidad, petroquímica básica (este nombre es arbitrario, no tiene por qué haber petroquímica básica y secundaria; eso sólo pasa en México), generación de energía nuclear, producción de gas, gasolina, diesel, combustóleo y telecomunicaciones.

Se pretende crear una súper Comisión Federal de Competencia (dotarla de “dientes” como dicen los especialistas en el tema). Me temo que esto puede terminar en un órgano burocrático que viole flagrantemente los derechos de propiedad de los particulares. Sí, es muy grave que un burócrata desde un escritorio decida qué empresas pueden ó no fusionarse. Una cosa es vigilar que haya competencia plena, y otra muy distinta es decidir cuál es el tamaño óptimo del mercado. Eso lo decidimos los consumidores.

Sé que quien dirige a la Comisión es un economista preparado, pero me pregunto ¿es labor del gobierno decidir quién domina un mercado? Cuando un burócrata decide quién puede fusionarse y quién no, eso es lo que está haciendo. Entorpece que surjan economías de escala (mayor producción abatiendo costos). Lo correcto es abrir todos los sectores de la economía a la competencia, no creando a un órgano sancionador que decide quién es el “malo” del mercado. Por cierto, el mejor ejemplo en esta materia no es para nada EU. En otro tema abordaré los abusos de la comisión de competencia de ese país. Un abuso de su poder fue el caso Rockefeller. Otro caso han sido las persecuciones contra Microsoft. Ya luego profundizaré en este tema.

La ley es el principal instrumento que debería prevalecer. Una constitución que garantice plena libertad a los agentes económicos para producir lo que sea (salvo los llamados bienes públicos como la impartición de justicia), es lo que realmente beneficia a los consumidores.

Ojalá la nueva propuesta de ley de competencia sirva para abrir más y más los mercados. Pero insisto, en ausencia de un cambio constitucional, no guardemos muchas esperanzas los consumidores mexicanos.

Asimismo, mientras prevalezcan los buscadores de rentas (esos parásitos que chupan del Erario), no se haga ilusiones el lector de que habrá más y más nuevas empresas compitiendo libremente por ganarse al consumidor. Otra vez la constitución es la raíz de estos problemas; buscadores de rentas y sindicatos corruptos son los beneficiarios de las empresas del gobierno y del presupuesto público. Es la tragedia de nuestro capitalismo de compadres.

En el caso de las telecomunicaciones el asunto es peor. El Congreso sigue erigiéndose como el todo poderoso (la constitución socialista mexicana lo exige). La semana pasada se pasó la iniciativa para modificar el régimen de telecomunicaciones radio y televisión. De entrada es bienvenida la propuesta de permitir mayor inversión extranjera en los medios de comunicación. Lo malo; sólo se permite hasta 25% y se sancionará a quien exceda este límite (ahora resulta que generar más riqueza mediante la inversión es un delito; qué poca). La apertura debería ser total. Eso haría temblar al oligopolio televisivo.

Por cierto, se persiste en imponer topes arbitrarios al espectro radioeléctrico. Ya en otros mercados avanzados esta práctica no se usa. La figura de concesión temporal de medios bajo la tutela gubernamental es peligrosa. Abre brecha a los totalitarios como sucede en Venezuela, en donde el gobierno cancela a conveniencia las licencias de medios incómodos a su régimen; asimismo encarcela a empresarios dueños de medios opositores al gobierno. Que se entienda de una vez, las concesiones son una figura socialista que erige al Estado como el supremo todo poderoso que puede aplastar la libertad de expresión y por ende a las libertades más esenciales de los ciudadanos. Los medios de comunicación deben estar asentados sobre sólidos derechos de propiedad en donde el gobierno no tenga injerencia.

Y lo más peligroso. Se pretende crear una súper estructura burocrática que supla a la Cofetel. Es una propuesta panista. Se llamaría Instituto Federal de las Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. Otra vez el estatismo rampante del PAN. La supuesta misión del propuesto instituto sería vigilar que en los medios se respeten los “contenidos sociales.” Que no se ataque a nadie por razones de género, edad, discapacidades ó etnia. Suena bien, pero en la práctica, ¿un burócrata decidirá cuando se viola la “dignidad humana”? Asimismo, se pretende vigilar el contenido de medios para que no se atente contra la “seguridad del Estado,” la paz social y el orden público. Una vez más, ¿un burócrata decidirá eso? Qué horror. Le estamos abriendo el camino a nuestro Chávez mexicano. El papel relevante del Estado es proteger la vida de los ciudadanos, su integridad y garantizar el sagrado respeto a la propiedad privada. Más tareas al Estado no sólo merman la misión anterior, sino que son el camino perfecto a la dictadura.

Ah, se me olvidaba, algo que no tiene m… También se pretende que el gobierno federal posea nuevos canales de televisión y de radio. Más y más estatismo en los medios. Más y más dispendio fiscal. Ya de por sí es grave que el Estado tenga canales propios de televisión (11, 22 y múltiples canales locales). Aumentar la presencia del gobierno en los medios es otra vez el mejor camino a la dictadura. Parece que en el PAN no le entienden a la libertad.

No sé amigo lector, ojalá se dé marcha atrás a los excesos cometidos por el legislador. Mientras, pongámonos a rezar, ó mejor aún, movilicémonos para evitar estos abusos; digo esto antes de que se les ocurra intervenir el internet y escribir este artículo me cueste la cárcel. Qué pena.