Dos son los poderes esenciales de cualquier gobierno: el poder de cobrar impuestos, y el poder de prohibir u obligar determinadas acciones. En manos poco escrupulosas (y, por lo general, los gobernantes, consciente o inconscientemente, tienden a ser poco escrupulosos) el primero de esos poderes, cuando los impuestos son muchos y/o muy elevados, atenta contra la propiedad, y el segundo, cuando prohíbe acciones que no son delictivas por su propia naturaleza, atenta contra la libertad.

Centro la atención en este último punto, y comienzo señalando que las acciones delictivas por su propia naturaleza son las que atentan contra la vida (asesinatos), la integridad física (mutilaciones corporales), la libertad (el secuestro) y la propiedad (el robo) de las personas, siendo estas acciones, ¡delictivas por su propia naturaleza!, las que deben prohibir los Estados, sus leyes y sus gobiernos.

Dicho lo anterior pregunto lo siguiente. Las transacciones que llevan a cabo, en el ámbito de la actividad económica, las empresas, ¿son acciones delictivas por su propia naturaleza? La exportación de mercancías, ¿es una acción delictiva por su propia naturaleza? El transporte de mercancías, ¿es una acción delictiva por su propia naturaleza? En el caso de los bancos, la apertura de cuentas de cheques, las transacciones financiaras, y el cambio de divisas, ¿son acciones delictivas por su propia naturaleza? Invertir y hacer negocios, ¿son acciones delictivas por su propia naturaleza? La respuesta a cada una de estas preguntas es no: nada de ello son acciones delictivas por su propia naturaleza, razón por la cual ningún Estado, ninguna ley, ningún gobierno, debe prohibirlas.

Y, sin embargo, hay un Estado, una ley y un gobierno que en determinas circunstancias las prohíbe, todo lo cual tiene que ver con algunas de las disposiciones de extraterritorialidad del bloqueo impuesto por los gobiernos estadounidenses contra los cubanos, entre las cuales se encuentran las siguientes Primera: Se prohíbe a subsidiarias de empresas estadounidenses radicadas en terceros países llevar a cabo cualquier tipo de transacción con empresas  cubanas, o que adquieran bienes cuya elaboración haya requerido algún producto procedente de Cuba. Segunda: Se prohíbe a empresas de terceros países exportar a los Estados Unidos cualquier producto si contiene alguna materia cubana. Tercera: Se prohíbe a empresas de terceros países que vendan a Cuba bienes o servicios en los que se utilice tecnología estadounidense o que requiera en su fabricación productos de procedencia que exceda el 10 por ciento de su valor, aún cuando sus propietarios sean nacionales de terceros países. Cuarta: Se prohíbe la entrada a puertos de los Estados Unidos a buques que hayan transportado mercancías hacia o desde Cuba. Quinto: Se prohíbe a bancos de terceros países abrir cuentas en dólares estadounidenses a personas naturales o jurídicas cubanas o que efectúen cualquier transacción financiera en dicha divisa con entidades o personas cubanas, en cuyo caso serán decomisadas. Sexto: Se prohíbe a empresarios de terceros países llevar a cabo inversiones o negocios con Cuba, bajo el supuesto de que estas operaciones estén relacionadas con propiedades sujetas a reclamación por parte de los Estados Unidos. Los empresarios que no se sometan a esta prohibición serán objetos de sanciones y represalias.

Estas disposiciones no solamente castigan a los cubanos, ya que atentan contra la libertad y propiedad de empresas estadounidenses, y de otras nacionalidades, que pretendan hacer negocios con cubanos, lo cual es una arbitrariedad que por ningún motivo debe permitirse. Estas disposiciones prohíben la realización de actividades que, por su propia naturaleza, no son delictivas, razón por la cual no deberían estar prohibidas. Estas disposiciones muestran el abuso de poder al que tienden los gobiernos, abusos de poder que siempre violan la libertad y la propiedad de las personas, por lo cual son una degeneración del gobierno cuya única tarea debe ser la defensa de la libertad y la propiedad de los gobernados. Ser gobernado debe ser estar protegido contra la violación de nuestros derechos, no impedido a realizar acciones que, por su propia naturaleza, no son delictivas.