En las últimas semanas hemos visto cómo ha habido agresiones trágicas a personas y familias civiles en la guerra que la actual administración ha emprendido contra el narcotráfico. Hemos atestiguado el débil estado de derecho que no protege a las víctimas de los culpables así sean de las mismísimas fuerzas armadas (casos aislados pero que no deben dejar pasarse como el de los estudiantes del Tec.) También hemos sido testigos de casos que los medios han vuelto “populares” y en el que se también se exhibe la pobre (y hasta corrupta) administración de la ley.

Cuando un gobierno es altamente intervencionista (como el caso del gobierno mexicano) y produce bienes que no son de su competencia natural (como intervenir de manera monopólica en sectores como el energético, educativo y de salud) entonces descuida un bien público trascendental que se llama Regla de la Legalidad (rule of law) ó Estado de Derecho.

La regla de la legalidad es fundamental para que una economía crezca. De acuerdo al World Justice Project (WSJ, por sus siglas en inglés, una organización que reúne a expertos en arquitectura institucional y que recibe distintos patrocinios privados, entre ellos el de la Fundación Gates) hay 4 principios fundamentales para que el estado de derecho funcione de manera exitosa en un país. A continuación los enumeramos:

1. Todos los funcionarios del gobierno son responsables ante la ley. La constitución los limita. La sociedad civil evalúa.

2. Las leyes son claras, conocidas por todos, estables en el tiempo, justas, lo que implica la protección de derechos fundamentales como la libertad de elegir, la seguridad de las personas y el respeto por la propiedad privada.

3. El proceso a través del cual las leyes son redactadas, administradas y aplicadas es comprensible, justo y eficiente para todas las personas.

4. La administración y el acceso al sistema legal es procurado por fiscales, jueces y magistrados competentes, independientes del poder económico y político, suficientes en número y que cuentan con los recursos necesarios para servir a la sociedad.  Cualquier desviación de esta conducta será sancionada por la misma ley.

Como verá el lector el sistema legal mexicano no cumple con estos requerimientos y ello afecta el crecimiento económico. El gobierno mexicano gasta y gasta mucho, pero no de manera eficiente como para tener un sistema jurídico sólido. Simplemente, si el gobierno gastara lo que hoy destina al combate de las drogas (ya ni mencionar a los múltiples subsidios que otorga a los parásitos que viven del presupuesto), las cosas cambiarían de manera asombrosa. No, y no estoy siendo optimista bisoño, sino me baso en la experiencia internacional y la racionalidad económica que señalan los beneficios que los estados obtienen cuando la arquitectura institucional jurídica es su prioridad.

Por ejemplo, un mayor gasto en proteger la libertad económica y los derechos privados de propiedad fortalecería el estado de derecho del país. Lo anterior ofrecería mejores condiciones para la expansión productiva de la economía, pues reduciría costos de transacción, elevaría la productividad de los factores y estimularía el cambio tecnológico y la acumulación de capital.

El gobierno mexicano está empecinado (e incluyo al poder legislativo) en seguir con sus monopolios gubernamentales y tercamente en proseguir combatiendo al narcotráfico (en un artículo, el profesor Isaac Katz demuestra que en México ya podría comenzar la estrategia de al menos legalizar la marihuana-con usos médicos para avanzar luego a una legalización total-, pues ya en EU se ha legalizado la cannabis en 14 estados, a los cuales podría próximamente sumarse el poderoso estado de California), lo que sólo le hace el juego eterno a los narcos (cada golpe sólo provoca precios más y más altos lo que incentiva que eternamente haya oferta).

Una forma para que México fortalezca el estado de derecho es canalizar mayores esfuerzos para fortalecerlo (y hacerlo transparente) y ello pasa por liberar los cuantiosos recursos que el gobierno invierte en combatir el tráfico de drogas (en este sentido también sería deseable eliminar todos los subsidios que van a parar a particulares y empresas poderosas). Los expertos calculan que dos terceras partes de las ganancias del narco provienen de la venta de la marihuana, por lo que su legalización sería un arma más letal que las metralletas, bazucas y granadas.

La legalización de la marihuana permitiría fortalecer el estado de derecho. Ello redundaría en un mayor crecimiento económico, y lo mejor, disminuir la tremenda violencia del narco, de la que estamos verdaderamente hartos los mexicanos.

Legalización de la marihuana y fortalecimiento del estado de derecho son vitales para el crecimiento económico y para que la paz social regrese a México. ¿Lo entenderán el Ejecutivo y el legislativo?