Terminó uno más de los periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión y seguimos atorados, como país, en un marco institucional tan ineficiente que impide el progreso económico sostenido. Nuevamente se perdió la oportunidad de llevar a cabo, íntegramente, las reformas legales que se requieren para tener un conjunto de incentivos que deriven en una asignación eficiente de recursos, que promuevan la inversión, la mayor productividad de los factores de la producción y, en consecuencia, promuevan el crecimiento económico.

Diputados y Senadores dejaron pasar tres meses para, en la última semana del periodo, aprobar en cada una de las Cámaras, diversas leyes que ya no tuvieron oportunidad de ser discutidas en la otra Cámara, como fue el caso de la reforma a la Ley de Competencia, aprobada en la de Diputados el último día de sesiones pero que ya no fue ni siquiera considerada por los Senadores, por lo que habrá que esperar al periodo septiembre – diciembre para ser finalmente aprobada, aunque en este caso habrá que considerar el tiempo que tendrán los monopolios para cabildear con los Senadores para bloquearla, aunado a la audacia del Senador Beltrones de proponer él, en el último día, su propia iniciativa de reforma a esta ley, lo que complicará el asunto (¿lo hizo con maña para garantizar que finalmente no se apruebe?).

No pasó nada de la reforma política, ni siquiera se consideró la iniciativa de reforma laboral y menos aun la fiscal. Otro periodo prácticamente perdido. Falta de liderazgo de los líderes de cada una de las fracciones parlamentarias, grillas y conflictos al interior de cada una de las fracciones, abierta oposición a determinadas iniciativas, la actitud de bloquear iniciativas de ley solo por el placer de bloquearlas, argumentos falaces como que es año electoral y ello complica las negociaciones o el eterno argumento de “no es el momento, las circunstancias políticas no son las adecuadas” se reflejaron, una vez más, tal como ha venido sucediendo desde 1977, en la parálisis del Congreso y mientras el país sumido en la mediocridad. El resto del mundo avanza y México sigue perdiendo posiciones en los diferentes índices internacionales de competitividad y de atractivo para la inversión.

Los legisladores se van cuatro meses de vacaciones con goce de sueldo, mismo que sale de los impuestos que todos pagamos y no hay manera que nosotros, sus empleadores, podamos reclamarles su irresponsabilidad e ineficiencia. Y es por ello que urge una profunda reforma política, una en donde los legisladores federales, a través de la reelección inmediata, efectivamente rindan cuentas a los electores por sus actos. Sin embargo, siendo realistas, es muy poco probable que la hagan; en la posición actual están muy cómodos y como la reforma depende solamente de ellos, es improbable que estén dispuestos a ponerse la soga al cuello.

Dado que esto difícilmente va a pasar, lo menos que deberíamos poder exigir es que durante estos cuatro meses se convoque a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso para que, como mínimo, se aprueben las reformas que se quedaron a medias, aquellas que solo fueron aprobadas en solo una de las Cámaras. Pero esto tampoco va a suceder. Y parafraseando a Porfirio Díaz, “Pobre México, tan lejos de dios y  tan cerca de nuestros legisladores”.