Un gobierno no puede permanecer indiferente ante las necesidades urgentes de sus gobernados o la pérdida del patrimonio de los más pobres, debido a un temblor o inundación; sin embargo, la tendencia de muchos gobiernos democráticos en su lucha por el poder es prometer acciones permanentes de corte caritativo, olvidando sus funciones fundamentales, que son mantener la paz, impartir justicia y garantizar la libertad de emprender y consumir.

La caridad es, según una de las definiciones del Diccionario de la Real Academia Española, dar algo de buena fe sin esperar recompensa en favor de alguien. Para la Ética Cristiana es una de las tres virtudes teologales, que implica sentir compasión por los sufrimientos y las penurias de otros y actuar para ayudar y protegerlos.

Ojalá todos practicáramos la caridad, sin embargo, no es posible implementarla por ley o decreto. La experiencia del siglo XX nos enseña que los gobiernos que incorporaron estructuralmente la caridad a través de programas gubernamentales, no han logrado reducir la miseria, sino aumentado el número de pobres. La mayoría de los recursos gubernamentales para los pobres los absorben quienes los reparten o grupos políticos que los utilizan para obtener votos. Casi todos los programas caritativos se han convertido en elefantes blancos, que en poco ayudan con permanencia a reducir las penurias de los demás. El país donde existe un mayor número de instituciones y recursos para la caridad eficientes son los Estados Unidos, y provienen de personas e instituciones privadas.

La solución está en que el Estado enfoque sus esfuerzos en mantener la paz, impartir justicia, la que implica dar a cada quien lo suyo, vigilar que todos los intercambios sean libres y voluntarios, y facilitar el ejercicio de la caridad a personas o instituciones privadas, laicas o religiosas.