LUNES, 27 DE FEBRERO DE 2006
El artículo 33, al diván del psicoanalista

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“Por mucho que nos duela a los liberales, ninguna Constitución es garantía de la libertad.”
Carlos Rodríguez Braun


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“Haríamos bien en revisar ese artículo de la Constitución, tan notoriamente contrarios a la democracia, a la libertad y a la simple noción de que cualquier persona tiene derechos inalienables, supranacionales, en todo tiempo y lugar del planeta.”


No discutiré -¡ay de mí!- si el señor José María Aznar violó o no un artículo de una Constitución que a él en nada obliga. Tampoco haré sesudas disquisiciones acerca de si el PAN incurrió en alguna suerte de infracción electoral invitando al susodicho Aznar a una reunión partidaria y –supongo- militante.

 

No me alarma, vamos: ni siquiera me inquieta, que Aznar haya dicho que para México sería mejor optar por un gobierno moderno y acorde al siglo XXI –que, a juicio de Aznar, sólo garantizaría el candidato Felipe Calderón-, que desbarrancarse de nuevo en el seductor precipicio populista. Ese tipo de declaraciones y tomas de posición son moneda corriente en todo el mundo, especialmente a la vista de unas elecciones que se dibujan reñidas entre dos propuestas antitéticas. Son, para recurrir a un vulgar refrán, como las campanadas que llaman a Misa: les hace caso quien quiere; así de fácil, así de sencillo, así de libre debiera ser el mundo.

 

Lo que me deja estupefacto es que, a raíz de esas declaraciones de Aznar, de inmediato se haya desempolvado uno de los artículos y capítulos más añosos y menos inteligentes de la Constitución mexicana de 1917: El capítulo que habla de los extranjeros y que se resume en un solo artículo, el 33, voluntarioso, tajante, romántico, peor que decimonónico, dieciochesco, propio de las monarquías absolutistas.

 

Dice a la letra tal artículo: “Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo I, título primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

 

Asombran en este artículo constitucional varias cosas. Primero, la definición simplista de extranjería  -que aunque común en muchas constituciones, hace depender la nacionalidad del azar del nacimiento o del cumplimiento de trámites administrativos (el famoso proceso de “naturalización”)- como si su contrario, la nacionalidad, fuese una categoría más que metafísica, sacramental, mágica que –como en el caso del sacerdocio para la Iglesia Católica- otorgase carácter indeleble y misterioso. Sabemos que en el mundo real –no en el de las entelequias consagradas– las cosas no son así. La nacionalidad, la pertenencia o no a una determinada Nación, es asunto de decisión personalísima y libérrima. Las nacionalidades, así, vienen y van a despecho de los solemnes postulados dieciochescos.

 

Sin ir más lejos, el accionista mayoritario o dueño de Televisa –esa suprema inquisición y circo nacional– no tiene empacho en tramitar la adquisición de la nacionalidad estadounidense –sin renunciar a la mexicana- no porque se le haya inflamado un amor repentino por la nación de Jefferson y Washington, sino porque así le conviene a sus legítimos intereses de lucro. Hace bien Emilio Azcárraga Jean en buscar una condición administrativa –la nacionalidad– que le conviene. Y muy pacatos y dieciochescos se verían en el gobierno de los Estados Unidos si se la escatiman, aduciendo razones patrioteras para mejor disfrazar intereses mezquinos de los competidores de Azcárraga en aquél país. (Piensen los empleados de Azcárraga, que tantas tonteras nacionalistas profieren en las pantallas de Televisa, si le hacen un servicio a la causa de su patrón con esos desplantes teatrales).

 

Asombra más todavía que el artículo 33 otorgue al Ejecutivo facultades exorbitantes y exclusivas, propias de tirano oriental de la antigüedad o de monarca absoluto carente de contrapesos de poder o de límites legales, para disponer la expulsión inmediata y sin juicio previo de aquél extranjero que él juzgue conveniente. Sólo faltó añadir que el Ejecutivo conservará “en su real pecho” –como Felipe II- las razones de su decisión, a resguardo de cualquier escrutinio impertinente.

 

Entiendo que detrás de la redacción de este artículo constitucional están terribles traumas de la historia mexicana –de los cuales, no es el menor el intento finalmente frustrado de importar un príncipe extranjero que gobernase México a nombre de ese ridículo tiranuelo que fue Napoleón II- pero mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces y el mundo es hoy radicalmente distinto.

 

Dicho sea de paso, léase con cuidado y en sus fuentes originales la historia de México y se comprobará que la formidable defensa de Juárez y de un puñado de liberales frente a Maximiliano es, ante todo, la defensa de la República –de la forma de gobierno que los mexicanos decidieron darse a sí mismos- no la defensa de una categoría nacionalista excluyente. En pocas palabras: Fue la lucha contra la pretensión de fundar un imperio y destrozar una República, no fue la lucha contra austriacos, franceses o belgas por el hecho de ser tales.

 

Entre otras cosas, las guerras de expansión territorial son algo tan anacrónico como recurrir a las sanguijuelas para limpiar la sangre de malos humores. ¿Sería inteligente que en nombre de las tradiciones y los traumas históricos prefiriésemos hoy las sanguijuelas a los antibióticos?

 

Haríamos bien en conocer mejor nuestra historia para saberla respetar y superar. De lo contrario, seguiremos siendo carne de diván, eternos candidatos a un psicoanálisis que nos libere de traumas tan añejos como insustanciales.

 

Y haríamos bien, más allá de estas escaramuzas electoreras, en revisar ese capítulo y artículo de la Constitución, tan notoriamente contrarios a la democracia, a la libertad y a la simple noción de que cualquier persona –haya nacido donde haya nacido- tiene derechos inalienables, supranacionales, en todo tiempo y lugar del planeta.


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