El tema parecía haber muerto hace mucho tiempo, pero este mes llegará nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata del juicio de amparo que un grupo de intelectuales encabezados por Federico Reyes Heroles (y entre quienes yo participo) han promovido en contra de la prohibición a los ciudadanos para contratar tiempos de radio y televisión para expresar sus ideas políticas. Esta es una prohibición incluida en la ley electoral de 2007.

El asunto ya había estado una vez en la Corte. En esa ocasión los ministros determinaron que los jueces inferiores no podían negarse a examinar la demanda. Hoy el juicio regresa a la Corte ya como tribunal de última instancia. Los ministros tendrán que tomar una decisión sobre el fondo del asunto. ¿Puede el Congreso de la Unión, formado por representantes de partidos políticos, privilegiar a los partidos políticos y despojar a los ciudadanos de su derecho de expresión de ideas políticas?

Tradicionalmente la Corte ha decidido que una reforma constitucional que se realice conforme a los procedimientos que establece la Constitución es constitucional aun cuando viole otros principios de la propia Constitución. Los legisladores, en otras palabras, pueden violar a discreción los derechos individuales de los mexicanos siempre y cuando tengan una mayoría de dos terceras partes en el Congreso y una mayoría simple en la mayoría de las legislaturas locales.

Pero nunca se sabe cuándo los ministros puedan cambiar de parecer. La Corte se renueva constantemente y hoy cuenta con un nuevo presidente, Juan Silva Meza.

Algunos juristas actualmente sostienen la posición de que no todos los artículos de la Constitución son iguales. Las garantías individuales fundamentales, como por ejemplo la libertad de expresión, tienen una protección que se considera superior a muchas de las otras disposiciones de la Constitución. Habrá que ver si ésta es la posición de los actuales integrantes de la Corte.

Otra posibilidad, por supuesto, es que los ministros determinen que se cometió algún error de forma al legislarse o promulgarse la reforma electoral del 2007. Si bien esto podría eliminar una ley que viola la libertad de expresión, no dejaría establecido el precedente de que hay ciertas garantías individuales que ni siquiera los políticos pueden eliminar en nuestro país con una mayoría de dos terceras partes en el Congreso.

Lo importante, por supuesto, es derogar una legislación en la que los partidos políticos se arrogan ciertos privilegios que les quitan a los ciudadanos. No es posible que en México se prohíba a los ciudadanos expresar sus posiciones políticas en radio y televisión.

En Estados Unidos la Suprema Corte consideró exactamente el mismo tema en el 2010 y su decisión fue inequívoca. Es una violación al derecho a la libertad de expresión prohibir la contratación de tiempos de radio y televisión para expresar sus ideas políticas. Esperemos que la Suprema Corte de nuestra nación entienda también que no se puede despojar a los mexicanos de sus derechos fundamentales.