Cual jinete del Apocalipsis que se yergue blandiendo su espada sobre México, la corrupción es un enorme azote que inhibe el desarrollo económico y la mejora en el bienestar de la población. Todos los mexicanos hemos sido, en mayor o menor grado, de alguna u otra forma, víctimas de la corrupción y, en caso excepcional en donde alguien no lo haya sido directamente, sí ha sido víctima de esta lacra porque su nivel de vida es menor como resultado de la corrupción que impera en el país

No importa a qué índice recurramos, sea Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana, Doing Business in Mexico, los índices de libertad económica de la Fundación Heritage o del Instituto Fraser, etcétera, en todos hay un común denominador: la percepción de que dentro del grupo de países comparables por nivel de desarrollo económico, México es de los países más corruptos de ese grupo; inclusive, en varios índices sobre el tema, México aparece peor colocado que muchos países del sub – Sahara, países que tradicionalmente han sido percibidos como muy corruptos.

La corrupción impera en México en prácticamente todos los niveles de la acción pública con un enorme costo para la sociedad. Parecería ser que en nuestro país nada se mueve, no es posible hacer algo, sobre todo cuando nos enfrentamos a la maquinaria pública, si no hay de por medio un acto de transferencia de recursos del agente económico privado al funcionario gubernamental, nada avanza si no hay “la engrasada de la mano”, “la mocha”, “la corta”.

Aunque al nivel del gobierno federal pudiese haberse reducido la incidencia de corrupción dada la labor de la Secretaría de la Función Pública (que de paso entorpece prácticamente cualquier acto de obra o de adquisición pública) y de la Auditoría Superior de la Federación, así como la desregulación de trámites federales que se ha hecho recientemente, al nivel de los gobiernos estatales y municipales ésta sigue campeando en sus reales.

La creciente cantidad de recursos públicos que manejan los gobiernos locales, prácticamente todos de origen federal sea a través de las participaciones y de las transferencias, sin una efectiva rendición de cuentas sobre su destino y su rentabilidad, con un poder político local que recuerda las mejores épocas porfiristas o priistas del poder político absoluto, han dado paso a una incidencia de corrupción rampante.

Adjudicación de contratos de obras públicas que no se hacen si no hay un pago al burócrata que decide qué empresa va a hacer la obra, licencias y permisos que no se obtienen si no hay un pago previo, robo impune de las arcas públicas en los gobiernos estatales y municipales, el aparato de procuración y administración de justicia (policías, ministerios públicos y juzgados) que son notoriamente corruptos y que por lo mismo no garantizan la impartición imparcial de justicia ni el cumplimiento de contratos y sí, por el contario, derivan en una impunidad en la comisión de delitos del 97%, condicionamiento a cambio de un pago para proveer un servicio público, sea  la conexión a las redes de electricidad o de agua o hasta recoger la basura, son todos ejemplos de una lacra que nos cuesta una enorme cantidad de recursos, que afecta más a quienes menores ingresos tienen y que inhibe el desarrollo económico.

Todo acto de corrupción implica la transferencia de recursos reales al funcionario corrupto y mientras no nos libremos de ella, seguirá siendo una pesada losa sobre el desarrollo de México.