Se publicaron la semana pasada los resultados del análisis que elabora cada año la Fundación Heritage de la ciudad de Washington junto con el diario Wall Street Journal para medir el grado de libertad que muestran 179 países del mundo. México cayó siete lugares para ubicarse en la posición 48.

A pesar de que el documento en cuestión muestra un claro sesgo favorable al gobierno de Felipe Calderón, al afirmar que “ha logrado reformas esenciales en materia judicial, fiscal, de jubilaciones y electoral,” el peso de sus fracasos contó más en la clasificación final.

Si la Heritage conociera a fondo la realidad de las reformas que alaba, seguramente la clasificación de México hubiera caído mucho más pues a excepción de los cambios en las pensiones del ISSSTE, de peso modesto en proporción al tamaño de la economía, las otras reformas o no han servido para nada o representan un retroceso grave.

Tomemos la tan cacareada reforma judicial que pretendía modificar de raíz al lamentable sistema de administración de justicia de nuestro país, caracterizado por su ineficiencia, lentitud y corrupción, y modernizarlo mediante la introducción de juicios orales y un cambio radical en el desempeño del Ministerio Público Federal.

Como lo afirmó el entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont en abril pasado, “La concepción de la justicia penal en Chihuahua (primera entidad que aplicó los juicios orales en el país) es uno de los factores causales del desgobierno que se vive sobre todo en el municipio de Ciudad Juárez.”

Ya vimos en la práctica para qué sirven los juicios orales, como el que se efectuó en Chihuahua y declaró inocente al asesino confeso de la hija de la activista Marisela Escobedo, quien al recuperar su libertad, procedió a ultimar a Escobedo y a un pariente que la asistía en plena calle de Ciudad Juárez.

Por lo que se refiere a la mal llamada reforma fiscal que hizo su gobierno en el 2007, el propio Presidente Calderón ha declarado que fue insuficiente y que se requieren cambios de fondo para elevar la recaudación en los 6 puntos porcentuales del PIB indispensables para remplazar los menguantes ingresos provenientes del petróleo.

Quizá la enmienda más maligna de las contrarreformas de Calderón haya sido la electoral, que constituye un retroceso gravísimo en la arquitectura institucional del país al atentar contra la libertad de expresión y al causar un daño mayúsculo al IFE, entidad garante de la transparencia y credibilidad de las elecciones federales.

El estudio de la Fundación Heritage registra un retroceso o un estancamiento en las diez categorías de libertad que utiliza, salvo en dos, y clasificó a México en el lugar 89 por lo que se refiere al decrépito sistema laboral y a la corrupción generalizada que caracteriza a todos los niveles de la administración pública.

Si bien los problemas asociados con la corrupción y los sindicatos y leyes laborales son bien conocidos, un renglón que llama la atención es el pésimo lugar en el que queda México en cuanto a su “libertad monetaria” en el que el análisis aludido nos coloca en el lugar 88, cayendo diez puntos respecto al año anterior.

Ello se atribuye a la mayor manipulación en los precios que realiza el gobierno, sobre todo los de energéticos, alimentos básicos y medicinas, lo que lleva a concluir que la tasa de inflación que registra el banco central no corresponde a la realidad, a pesar del elevado nivel que ha mostrado en los últimos tres años (4.8% promedio anual), muy superior a la tasa objetivo de 3%, y de la severa recesión del 2009.

El estudio que comento indica que la terrible violencia que sufre el país, que según las últimas cifras ha cobrado más de 34 mil vidas en lo que va del sexenio, le cuesta a la economía nacional perder 1.2% del PIB cada año, pero no intenta categorizar las terribles consecuencias que tiene en una mucho menor libertad de los mexicanos.

Este es un error grave en la metodología de la Fundación Heritage pues el desazón generalizado que aqueja a la población del país afecta directamente su comportamiento, restringiendo en forma notable la libertad de las ciudadanía para vivir una existencia normal y desempeñar sus actividades cotidianas en paz y con la confianza que su integridad física y sus propiedades están a salvo.

Hay que revertir esta grave erosión de nuestras libertades si queremos que México salga adelante.