LUNES, 21 DE FEBRERO DE 2011
Dinero público ¿sólo para universidades públicas?

Según usted, ¿cómo le está yendo a la economía mexicana?
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Muy mal



El punto sobre la i
“¿Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿De dónde surge entonces el mal? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? ¿Entonces por qué llamarlo Dios?”
Epicuro


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Luis Pazos







“El dinero público no debe entregarse a universidades públicas por cabildeo o presiones políticas, sino en base a estudios previos de costo-beneficio, eficiencia y transparencia en su destino.”


Las críticas al Decreto Presidencial, que permite la deducibilidad de las colegiaturas, reflejan intereses partidistas o de manejo presupuestal. Entre ellas preocupa la afirmación del rector de la UNAM, José Narro Robles, de que “los recursos públicos a (para) apoyar a las universidades públicas”.

Con todo respeto al Dr. José Narro, esa afirmación refleja un desconocimiento de los orígenes del dinero público. Los recursos fiscales provienen en gran parte de los impuestos que paga la clase media, millones de los cuales mantienen a sus hijos en una institución privada por considerar de menor calidad a la educación pública.

El Dr. Narro se ha enfocado como Rector a pedir cada año más dinero de los impuestos, pero la experiencia educativa demuestra que mayor gasto público en educación no garantiza una mejor educación. El problema de la UNAM, en la cual he estudiado y enseñado, es la pretensión de sus autoridades de crecer sin importar la calidad educativa ni la transparencia y eficiencia de sus gastos.

Ojalá el Dr. Narro le dedicara más tiempo a supervisar que todo el cuantioso presupuesto de la UNAM sea bien aplicado y permitiera que los procesos de transparencia del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) se apliquen en la UNAM. También que revisara la indiscriminada mítica gratuidad, que permite usar dinero del fisco en alumnos sin interés de estudiar. Parte de esos recursos provienen de los impuestos de millones de ciudadanos que pagan la educación de sus hijos en escuelas privadas.

El dinero público no debe entregarse a universidades públicas por cabildeo o presiones políticas, sino en base a estudios previos de costo-beneficio, eficiencia y transparencia en su destino.

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