Anteriormente señalé las funciones que efectivamente le competen al gobierno, mismas que requieren ser financiadas a través de los recursos obtenidos mediante la recaudación tributaria. Las que ya analicé fueron ofrecer bienes públicos, particularmente la definición, garantía y protección de los derechos privados de propiedad, garantizar en el marco legal y en las acciones ejecutivas la igualdad de oportunidades de acceso a los mercados y que estos operen siempre en un contexto de competencia, regulando y castigando las prácticas monopólicas, así como la corrección de las externalidades, sean negativas o positivas.

La cuarta función que efectivamente le compete al gobierno es actuar subsidiariamente, tanto por cuestiones de carácter estructural como coyunturales. Entre las primeras destaca la utilización de recursos públicos para el financiamiento de actividades que incrementan la igualdad de oportunidades de acceso al mercado laboral, a través de la provisión de educación, salud e infraestructura urbana y de comunicaciones a individuos que por razones históricas fueron discriminados; un ejemplo de ello es el programa Oportunidades. El segundo caso en cuando una comunidad enfrenta un desastre natural, situación que amerita la utilización de recursos públicos para la reconstrucción de la infraestructura dañada, el abastecimiento de bienes básicos de alimentación, salud y alojamiento e inclusive, en algunos casos, la transferencia directa al ingreso de las familias afectadas.

¡Y ya! Nada más. No es papel de gobierno entorpecer el intercambio voluntario, sea en los mercados internos como en las transacciones internacionales, lo que implica no establecer controles de precios (mínimos o máximos), ni regulaciones que encarecen el acceso o salida de las empresas y consumidores de los mercados, ni aranceles o cualquier otra restricción al comercio internacional o a las transacciones financieras internacionales. No es su papel ofrecer bienes privados como serían gasolina, gas y electricidad: No es su papel otorgar subsidios, no importa a quienes o a qué actividad, si no es para corregir una externalidad positiva. En suma, no es papel del gobierno ejercer cualquier actividad, directamente o a través de la regulación, que limite o inhiba la libertad individual para elegir como asignar los recursos escasos que cada quién posee o que implique la utilización de recursos en actividades o programas que no le competen.

El grave problema que tenemos en México es que el gobierno interviene en áreas que no le competen o realiza actividades que tampoco son de su injerencia o gasta en programas que no deberían ni siquiera existir o que, aunque se justifique su existencia, están mal diseñados y se realizan de manera ineficiente, lo que deriva no solo en una ineficiente asignación de recursos sino, peor aún, en una destrucción de la riqueza nacional.

Está en discusión la posibilidad de hacer una reforma tributaria que dotaría al gobierno de mayores recursos. Pero antes de eso, lo que tendría que hacerse es un análisis profundo, detallado, de en qué está gastando el gobierno, qué programas realmente se justifican y cuáles hay que eliminar para obtener cuál es la cantidad de recursos que efectivamente requiere y, entonces, diseñar el esquema tributario que lo provea de ese monto y, simultáneamente, genere los incentivos para un mayor trabajo, ahorro e inversión.

Como sociedad, como individuos que ansiamos la libertad, no podemos permitir que el gobierno nos expolie a través del sistema tributario de recursos que va a ejercer de manera injustificada e ineficientemente.