Es común que en muchos proyectos de obra pública (construcciones provistas por el gobierno usando recursos del Erario) se sobredimensionen los beneficios, se confundan costos con beneficios y no se tome en cuenta el mejor uso alternativo de los recursos destinados a dichos proyectos.

Por ejemplo, está el caso típico de la llamada reacción en cadena que supuestamente causa toda obra pública. Es común cuando, por ejemplo, se construye una carretera, analizar los beneficios que ésta acarrea como son la reducción en el tiempo de trasporte para las empresas y particulares. A estos beneficios se añaden otros como los que obtendrán las gasolineras, los hoteles, los restaurantes y tienditas que se establezcan en la misma carretera. Si se añaden todas las externalidades positivas (beneficios secundarios a otros) que genera un proyecto, entonces se llega a la conclusión errónea de que cualquier obra pública es rentable (valor actual neto positivo). Craso error que puede llevar a la quiebra a cualquier Erario.

En nuestro hipotético ejemplo, el de la carretera, estamos omitiendo distintos costos y externalidades negativas posibles (daños causados a terceros). Tras la construcción de la carretera no se toma en cuenta, por ejemplo, la disminución de los ingresos de los dueños del ferrocarril, en la medida en que algunos usuarios lo sustituirán con el automóvil como suele suceder en países como EU. Con ello también se omite el hecho que mayores automóviles implican mayor demanda de gasolina y en un mercado libre, mayor precio de la misma, lo que perjudica el bienestar de los consumidores de gasolina (en el caso de México para PEMEX, el monopolio, el producir más gasolina implica importar más y subsidiar más, por ende tener mayores pérdidas para la paraestatal); asimismo, puede haber daño sobre parcelas y tierras cercanas a la carretera en donde los dueños, como usualmente sucede en México, no son compensados por el gobierno.

Finalmente, nos falta analizar si en realidad era urgente la construcción de dicha carretera, si tal vez habría habido proyectos de más urgencia y rentabilidad social como es una planta potabilizadora de agua ó una mejora en el drenaje y los canales pluviales de la zona ó cualquier mejoramiento de la infraestructura hidráulica.

La trampa de la reacción en cadena es que toma como beneficios lo que en realidad son simples transferencias (ganancias para unos, pérdidas para otros). Los más ignorantes por tanto siempre hablan de “reacción en cadena” de “derrama económica”, cuando en realidad puede haber simplemente transferencias (ganancias de unos, perdidas de otros) ó ya en el peor de los casos serias pérdidas para el Erario y nada de beneficio neto social.

Ejemplos en México abundan. Carreteras que se planean mal y luego hay que estar continuamente parchando (como la autopista a Acapulco), carreteras en dónde sólo circulan “5” carros y cuyo peaje es altísimo, puentes que no llevan a ningún lado ó de plano sólo terminan en congestionamiento vial (los segundos pisos en el DF), hospitales que no tienen medicinas ni médicos ó que proveen una deficiente y costosa -vía subsidios- atención médica, colegios gubernamentales que no educan y sólo forman gente con mentalidad burocrática y antiempresarial, bibliotecas que luego se caen a pedazos, museos que no visita nadie, y un larguísimo etcétera. Veamos el caso de los subsidios.

Es el caso de los hoteleros y negocios de turismo, que buena parte de sus ingresos sale como resultado de la ubre gubernamental. Cada año el gobierno invierte cantidades millonarias para ferias, eventos, convenciones, exposiciones y congresos en lugares turísticos para “estimular” la demanda por turismo y contribuir a la “creación” de empleos. Otra vez, se sobreestiman los beneficios. Claro, hay ganadores, los hoteleros, los dueños de salones para convenciones (que en México es muchas veces el propio gobierno), los restauranteros, los empleados del sector turístico, etc. Pero una vez más se omiten los costos. Este tipo de políticas lejos de crear riqueza neta social, sólo produce meras transferencias, pérdidas para los contribuyentes que subsidian a las actividades productivas de otros (los ganadores). El perfecto juego de suma cero, la ganancia de unos se obtiene de la pérdida de otros. Para que una actividad productiva privada genere riqueza, ella no debe proceder del Erario, pues es una clara pérdida para otros.

Lo mismo sucede con aquellos industriales que reclaman una “política industrial seria”; lo que en realidad está detrás de estas peticiones es la intención de exigir mayores subsidios del gobierno, barreras a la entrada a nuevos competidores y mayores aranceles si la actividad está relacionada con el comercio exterior. Ya vivimos en México esta situación en donde el Estado subsidiario y proteccionista benefició a unos cuantos y perjudicó a millones de consumidores y contribuyentes mexicanos. Las consecuencias, como mencioné antes, fue el endeudamiento y luego quiebra del Erario. Eso sí, los cínicos que piden más ayuda del gobierno, se oponen categóricamente a nuevos y más altos impuestos, vaya actitud más irresponsable e ignorante que desconecta la fuente de ingreso con el objetivo de gasto, es decir vuelve arbitrariamente inconexo a los subsidios e impuestos.

Ninguna actividad privada ó negocio particular debe ser subsidiado por el gobierno. Eso es una aberración fiscal que ya vivimos en México. Parece que seguimos sin entenderlo.

En este momento, cientos de miles de capitalinos se están quejando por el reciente y abusivo incremento de las tarifas de agua (ya antes ha ocurrido, igual con el predial, hemos escrito bastante sobre el tema, lo que pasa es que hoy son nuevos usuarios los afectados). Eso sí, Marcelo no mejora la calidad y aprovisionamiento de agua, pero impone tarifas arbitrariamente altas, y obliga a pagar por los cambios de medidores, como si eso fuera la solución de los problemas de agua que aquejan a la capital.

Lejos de tener bienes públicos de calidad como infraestructura urbana y seguridad, los capitalinos año con año viven, enfrentan los abusivos impuestos de predial, de agua, de tarifas de gobierno, que financian los programas populistas del gobierno perredista que rige esta ciudad desde 1997. Anatema hablar de la mejora en los bienes y servicios públicos.

En otros países y ciudades sólo se aceptan aumentos de impuestos si hay un claro estudio que arroje que la provisión bienes públicos es de calidad y eficiente. En el DF esto importa un cacahuate, y la asamblea sólo responde a los caprichos de Marcelo y le aprueba todo tipo de abuso impositivo. Pobres capitalinos, pero ese es el gobierno que han elegido (lo lamento por las minorías que no votan por el partido que domina en la cuenca defeña).

A ver si de una vez lo entienden los defeños, a mayores subsidios populistas habrá mayores impuestos y peores bienes públicos. Por cierto, la obra pública defeña deja mucho que desear en materia de costo beneficio; muchos de los proyectos del GDF no aguantan un análisis elemental de costo-beneficio.

Creer que se crea beneficio social por subsidiar a tal ó cual actividad productiva, por construir y destruir banquetas, por hacer obra pública sin ton y son, que no tome en cuenta a valor presente costos y beneficios y el uso alternativo de los recursos, es simplemente engañarse a sí mismos y eso es lo que parece hacen muchos gobiernos en México.

Y lo peor, muchos ciudadanos mexicanos siguen creyendo que es papel del gobierno “crear riqueza”, subsidiar a medio mundo y dar pan y circo. Definitivo, los políticos sólo cambiarán si nuestra mentalidad y educación cambian. De lo contrario, el subdesarrollo seguirá siendo la regla.