El caldo de cultivo propicio para que estallara la crisis de violencia que hoy afecta al país fue, además de la política de tolerar la violencia entre criminales, la ausencia de la reforma al sistema de justicia penal, misma que era impostergable desde que el antiguo régimen autoritario se estaba acabando.

Un pacto político como el antes descrito no tendría viabilidad con un sistema de justicia penal como el actual. El cambio necesario no consiste en juicios orales, más recursos, mejores salarios o superior calificación de  policías o fiscales. Nada de eso sobra, pero ahí no está el meollo. El gran problema, sobre todo de la policía, es el sistema de incentivos en que se basa.

Los comandantes y sus agentes no les deben sus cargos a sus méritos, sino a la incondicionalidad a los jefes políticos que los pusieron ahí. La permanencia en los cargos, las promociones o los despidos no dependen de los resultados en la tarea primordial de prevenir el crimen, esto es, de reducir la incidencia criminal hoy un tanto y mañana otro más. A final de cuentas se premia la ineficacia y la ineficiencia.

Para cambiar verdaderamente se tiene que subvertir este esquema de incentivos perversos.

¿Y cómo se hace esto? Quepa aquí mencionar dos ejemplos altamente representativos de un esquema de incentivos adecuados, a partir de la convicción de que la misión de los policías no es perseguir delincuentes, sino prevenir delitos (aunque claro, parte de los medios indispensables de la prevención es el abatir la impunidad y detener hampones).

En 1994, al asumir su cargo de alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani desafío la creencia cristalizada de políticos y de los propios policías de que había que acostumbrarse a elevados índices de crimen y violencia. Inspirado por su propia experiencia como fiscal y por el pensamiento del criminólogo George Kelling, tomó la audaz decisión de imponerse -de cara al público- metas de reducción de las tasas de los delitos más graves, que debían cumplirse durante el plazo de su mandato.

El compromiso político general se tradujo al interior de la policía en compromisos muy concretos para los integrantes de toda la jerarquía, según su área de responsabilidad. Estos compromisos se convirtieron en el eje organizador de toda la fuerza policial. Periódicamente Giuliani y William Bratton (su primer comisionado de policía) se reunían con los mandos distritales para analizar el comportamiento del crimen y evaluar el desempeño policial.

A quienes estaban entregando peores resultados se les cuestionaba: ¿por qué los índices siguen creciendo, por qué no bajan, que necesita usted para bajar los índices, que se propone hacer? En subsecuentes reuniones los asistentes notaban que los comandantes distritales más incompetentes ya no estaban, porque habían sido degradados y sus puestos habían sido entregados a subalternos dispuestos a bajar el crimen. El resultado fue desplome de los índices criminales, año tras año, mes tras mes y semana tras semana.

El otro ejemplo es Colombia bajo la presidencia de Álvaro Uribe. Inicialmente él no hizo públicas las metas de reducción del crimen, pero después éstas podían ser consultadas por Internet y ello junto con la publicación mensual de resultados operacionales, ejercía una enorme presión sobre la policía y el ejército. Todos los días Uribe se reunía con los principales mandos castrenses y policiales y ejercía más presión que como onda de choque se propagaba por toda la jerarquía, hasta el último policía de la localidad más modesta.

Los resultados en la reducción de los delitos, y en particular los violentos, fueron espectaculares, a pesar de que queda mucho camino por recorrer.

Nada hay de mágico o misterioso en estos resultados y en los medios utilizados para conseguirlos. Se trata ni más ni menos que la adaptación a la seguridad pública de la racionalidad, los métodos y las técnicas de las empresas privadas ¿Qué empresa privada podría sobrevivir si funcionara como la policía mexicana?, ¿si se premiara a los gerentes ineficientes o improductivos?, ¿si se mantuviera en sus puestos a vendedores que no venden u obreros que no producen? ¡Ninguna, ni siquiera las monopolistas!

Adicionalmente, el hacer depender las promociones, permanencia o separación de los cargos de los resultados, es el mejor instrumento contra la corrupción, pues permite una  depuración natural de los elementos más torcidos.

En México el típico policía corrupto que logra mantenerse por largo tiempo es taimado, simulador y maestro en el arte de la administración del hampa. Sabe que no puede proteger a todos los delincuentes ni dejar pasar todos los crímenes, debe también entregar “resultados” y publicitarlos ampliamente. Pero bajo un esquema de exigencias crecientes de reducción de los crímenes, estos policías o terminarían por incumplir sus compromisos con criminales o si los mantuvieran terminarían por ser echados de las corporaciones, aunque fuera por incompetentes.

Continuará...