Si el (falso) pretexto para la lucha armada de la izquierda mexicana fue el de las masacres estudiantiles ¿qué pretexto quedaba cuando los gobiernos priistas (y luego los panistas) no cometieron masacres? Ninguno obviamente, pero igual la izquierda mantuvo su compromiso con la violencia, bajo nuevas condiciones claro.

José López Portillo lanzó una amnistía general a favor de presos de los grupos armados y aquellos que pertenecían a los mismos pero no habían sido detenidos. Con esto, más la reforma política que permitió el registro electoral del Partido Comunista, el gobierno buscaba distender el clima político en el país, según la estrategia ideada por Jesús Reyes Heroles.

La amnistía fue generosa con los terroristas…a costillas de sus víctimas. El olvido penal fue para todos los guerrilleros, incluyendo los que secuestraron y asesinaron personas inocentes. Pero para sus víctimas y los deudos no hubo nada, ni siquiera un intento de resarcimiento o disculpa.

Con la amnistía el gobierno esperaba que cesara por completo la oposición armada, porque ésta militarmente no tenía la menor oportunidad y porque tampoco se acorraló a sus sobrevivientes, precisamente al darles la salida de la amnistía y de la actuación política legal.

Ese objetivo fue alcanzado parcialmente por el gobierno. La gran mayoría de los guerrilleros presos o que permanecían en la clandestinidad dejaron las armas y se auto-criticaron, pero no por sus objetivos totalitarios ni por sus crímenes, sino por errores de estrategia y táctica, como el no haber puesto el énfasis debido en la “lucha de masas” y no haber aprovechado mejor la “legalidad burguesa” (por ejemplo el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, sigue reivindicando la validez de su militancia en la Liga Comunista 23 de Septiembre). Otros no renunciaron a la lucha armada y sólo se replegaron por consideraciones tácticas para resurgir en los años noventa, en dos expresiones: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

En 1985, días antes de la elección de diputados federales, fue secuestrado Arnoldo Martínez Verdugo, quien durante más de 20 años había sido máximo dirigente del Partido Comunista y entonces lo era del Partido Socialista Unificado de México (fusión entre el PC y otros grupos de izquierda). Sus plagiarios eran integrantes del Partido de los Pobres que fundó Lucio Cabañas (quien abiertamente en los años setenta había manifestado su simpatía por el Partido Comunista) y el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP, simiente principal del futuro EPR).

Los terroristas le exigían al PSUM les devolviera el rescate de 50 millones de pesos obtenido por Cabañas como resultado del secuestro del senador Rubén Figueroa en 1974, rescate que el líder guerrillero le “encargó” a sus cuates comunistas. Como Cabañas murió y sus secuaces entraron en desbandada, Martínez Verdugo y demás dirigentes del PC decidieron gastarse el dinero en varios edificios e imprentas (además de algunos trajes de buenos sastres que tanto le gustaban a Arnoldo). Esto demostraba el doble juego que por buen tiempo mantuvo el Partido Comunista (un pie en la legalidad y otro en la subversión).

Pero no sería la última vez en que se pusiera en evidencia el doble juego de la izquierda. Tras el levantamiento del EZLN en Chiapas surgieron los señalamientos contra Samuel Ruiz, el obispo de San Cristóbal y uno de los principales líderes de la izquierdista “teología de la liberación”. Ruiz tuvo que admitir que sabía del EZLN desde el principio y justificó su silencio aduciendo: “No somos delatores”. Pero Ruiz y otros integrantes de su facción eran mucho más que no-delatores: sin ellos no habría habido EZLN. De la misma manera que un motín como el protagonizado en Oaxaca en 2006 se antoja improbable sin una alianza entre el EPR y los no pocos partidarios de la “teología de la liberación” en el estado.

En 1996 hizo su debut el EPR, mediante ataques armados y el asesinato de policías, marinos y civiles inocentes desarmados. El gobierno de Ernesto Zedillo adoptó, entre otras medidas legales y justificadas, la de movilizar contingentes del ejército en zonas de Guerrero y Oaxaca, donde se presumía el grupo terrorista tenía presencia ¿Y que hizo el PRD? Demandó que el ejército se retirara, que el gobierno no actuara contra los agresores y dialogara con los terroristas, cosa que ellos –anticiparon- no les interesaba. Es decir, lo que el PRD buscaba es que los terroristas actuaran sin resistencia, que el gobierno les entregara el poder.

Pero no se trataba sólo de una posición política ante el terrorismo, sino de compromisos más serios con el mismo de militantes perredistas. El 4 de octubre de 1999 fue electo Presidente Municipal de Acapulco el candidato perredista Zeferino Torreblanca y ese mismo día fue asesinado uno de sus principales coordinadores electorales, Marco Antonio López García. Una semana después fue detenido como autor intelectual del atentado el “ex” guerrillero y diputado local electo Juan García Costilla. La procuraduría guerrerense no había resuelto sola el caso, sino con ayuda del CISEN, el cual sabía de la doble militancia de García Costilla en el PRD y en el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), grupo éste que se acababa de desprender del EPR.

Aunque después García Costilla fue liberado por razones políticas y no jurídicas, el incidente marcó el inicio de lo que ha sido una violenta disputa de 12 años de duración por el control del PRD -y desde 2005 por el control del gobierno del estado- entre el ERPI y otra facción perredista “moderada”.

La diputa ha seguido cobrando vidas y llegó al extremo de la narcoguerra. Mientras que el ERPI acusó a Torreblanca de estar al servicio del capo Joaquín Guzmán, el grupo armado se enfrentó con la banda de Rogaciano Alba, ex virrey del sinaloense en la Costa Grande y supuestamente ligado a Torreblanca. Vamos el ERPI tomó partido por la banda de los Beltrán Leyva, ex socios y ahora enemigos mortales de El Chapo.

El hecho es que desde hace mucho tiempo son difusas las fronteras entre los grupos armados clandestinos y las organizaciones legales de izquierda en Guerrero o dicho de otro modo: las estructuras legales sirven como cobertura para la acción subversiva. El mejor ejemplo de ello es Rogelio Ortega Martínez, ex dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (fundada por el guerrillero Genaro Vázquez), camaleón que un día es candidato de México Posible y otro es perredista y eterno aspirante a rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), pues se ha presentado en tres elecciones.

El 1 de marzo de 2008 la fuerza pública colombiana atacó un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio de Ecuador, dio muerte a 25 terroristas (incluidos 4 mexicanos) y se apoderó de varias computadoras de “Raúl Reyes”, el segundo en la jerarquía de esa organización criminal. Los archivos en las computadoras se revelaron como un tesoro de inteligencia y además su validez fue puesta fuera de toda duda por Interpol.

Pues un año después del ataque el gobierno colombiano dio a conocer una parte de los correos electrónicos de “Raúl Reyes”, los cuales revelan que Rogelio Ortega (en 2002) pidió a los representantes de las FARC en México un préstamo para financiar su campaña a la rectoría de la UAG, cuyo pago garantizaba con el rescate que “su grupo” obtendría por la liberación de una persona que tenía secuestrada. Otros correos revelaron que después Rogelio Ortega y su grupo realizaron varios secuestros en México en sociedad con las FARC. A pesar de la evidencia y de que existe una denuncia penal en su contra desde 2009, la PGR no ha querido tocarlo ni con el pétalo de un citatorio para declarar. El gobierno calderonista hace (o deja de hacer) lo que sea para no molestar a la izquierda…

Y, para decirlo en los jocosos términos de Adolfo Ruiz Cortines, sapos como éste son los que los panistas deberán tragar por montones, si secundan a Felipe Calderón en su aventura de la alianza electoral con la izquierda en 2012.

Pero no sería la primera vez que los panistas tragaran esta clase de sapos y de ello vayan 5 ejemplos representativos:

Sapo número uno: La creación de la FEMOSPP por parte de Vicente Fox con la que buscaba aniquilar al PRI y que sólo sirvió para legitimar la lucha armada de la izquierda. Al menos con relación a la oposición armada y a la respuesta de los gobiernos priistas (“guerra sucia”), a Fox no lo movió ningún afán justiciero. Si lo hubiera tenido, si de lo que se trataba era de castigar crímenes de décadas atrás, no se habría limitado a detener, como lo hizo, a Miguel Nazar, principal responsable de la contra-subversión y hubiera de una vez dejado sin efecto la amnistía para los ex guerrilleros. Por ejemplo, habría hecho detener a José Luis Rhi Sausi, ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, en lugar de que fuera asesor del último secretario de gobernación foxista, Carlos Abascal. Si Fox persiguió a unos y no a otros, el mensaje que la final quedó es: no es malo ser terrorista, lo malo es combatir terroristas…

Sapo número dos: La participación de connotados ex terroristas en el gobierno de Vicente Fox. Además del antes citado, el caso más notorio fue el de Rubén Aguilar, ex vocero del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador en los años ochenta. Todos podemos equivocarnos y nos equivocamos, pero podemos arrepentirnos y rectificar. Pero Aguilar no se arrepiente de su pasado terrorista y eso no le importó a Fox que lo hizo su asesor y vocero…

Sapo número tres: La tolerancia de Fox al motín de Oaxaca en 2006, pese a que sabía lo dirigía el EPR. Fox sabía, gracias la CISEN, que el EPR tenía un papel dirigente en el motín que se prolongó desde junio hasta noviembre de 2006, pero se negó a cumplir la ley, a enviar a la Policía Federal a poner orden, porque veía en el motín una manera de aniquilar al PRI en el estado…

Sapo número cuatro: La negativa del gobierno a investigar y detener a los terroristas responsables de al menos 50 secuestros en el presente sexenio, entre ellos los de Diego Fernández de Cevallos y Eduardo García Valseca. Desde 1987 y hasta la fecha los grupos terroristas han cometido más de 200 secuestros en México y han obtenido por rescates un total de 150 millones de dólares. Sin embargo sólo hay 5 terroristas presos (de la una misma célula del ERPI y detenidos en 2003) por 7 de esos plagios. Eduardo García Valseca secuestrado por 7 meses y sometido al trato más cruel por los terroristas, el 3 de marzo de 2011 se plantó frente a la Casa Blanca para denunciar que el gobierno de Calderón se niega a investigar y a detener a sus plagiarios…

Sapo número cinco: La “sorprendente” incapacidad del gobierno federal para capturar a Julio César Godoy, diputado del PRD y uno de los líderes de la Familia Michoacana (el mismo que ordenó el asesinato de 12 policías federales en julio de 2009). La única razón plausible de esta “incapacidad” es que, por el momento, la detención podría perjudicar la posibilidad de la alianza…

De modo que no veo cómo los panistas van a resistirse a la obsesión de Calderón por el amor carnal con la izquierda. A menos que, claro, ocurriera un milagro, algo así como el resurgimiento del espíritu del anti-estatista Clouthier. Cuando en 1988 Maquío supo que iba en tercer lugar en las preferencias electorales, no se alió con Cuauhtémoc Cárdenas ni declinó a favor de él para derrotar al PRI y llevar a la izquierda al poder ¿o sí?…