Con la nueva Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH), que sustituye a la anterior Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (promulgada en 1976), se da un importante paso en materia de orden en las finanzas públicas, lo que es un buen inicio para irle poniendo candados a los políticos populistas.

Con la nueva Ley, se trata de dar una orientación programática al gasto público, lo que le quitaría la discrecionalidad que año con año afecta al gasto gubernamental. Esto es, permite una planeación multianual, lo que da certidumbre a mediano y largo plazo en materia de gasto. En este mismo tenor, la LPRH pretende promover la estabilidad y el equilibrio presupuestario al establecer que todo destino de gasto debe corresponder con su fuente de ingreso. Aunque en teoría esto ya se debía hacer desde la anterior Ley (la de 1976), la realidad es que la responsabilidad fiscal siempre estuvo sujeta a la discrecionalidad del Ejecutivo y el Legislativo. Sólo recordemos los jaloneos por imponer el ejercicio de gasto al gusto de ambos poderes.

Como toda ley que inicia, no es perfecta y necesita algunos ajustes para que sea un candado más sólido. Aunque la nueva Ley trata de fijar el precio futuro del petróleo con criterios técnicos (y no al capricho ó al “me late” de tal ó cual legislador), todavía deja mucha discrecionalidad en el uso de excedentes petroleros. Es decir, la nueva Ley no pone límites claros al uso de gasto corriente derivado de los excedentes petroleros y que van a parar a los gobiernos federal y estatal. Lo ideal habría sido una Ley que obligue al Erario a registrar superávit fiscales año con año, para que se reduzca la deuda contingente (la que no aparece en los balances de finanzas públicas que se reportan año con año y que hoy arroja números rojos), deuda que puede ser un dolor de cabeza en el mediano y largo plazo. Un modelo a seguir sería la Ley de Responsabilidad Hacendaria que opera en Chile, la cual además de exigir superávit fiscales al gobierno (1% cuando el precio del cobre es alto), obliga a que el poder Legislativo sea un verdadero contrapeso al Ejecutivo en materia de responsabilidad fiscal. En México, nuestro poder Legislativo pregona la cultura de que un mayor gasto público conduce al desarrollo económico. Así, más bien parece un poder que alienta el desorden fiscal. La evidencia internacional es contundente, si no hay orden en lo que gasta el gobierno (disciplina fiscal) el resultado es el circulo vicioso inflación-devaluación-inflación.

Pero en fin, se trata sin lugar a dudas de un avance contra las tentaciones populistas de candidatos como Andrés Manuel López Obrador. Junto con la autonomía del Banco de México (la institución que instrumenta la política monetaria y que tiene como objetivo mantener el poder de compra del peso), comienzan a darse pasos contra el populismo mesiánico. Aunque, insistimos, aún no es suficiente.

En el pasado reciente, buena parte de las crisis se originaron por la indisciplina fiscal y monetaria que caracterizó a los gobiernos populistas de la década de los setentas y parte de los ochentas (los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo). Así que hoy debemos celebrar, por lo menos, el intento de meter criterios técnicos y de responsabilidad fiscal.

Sería bueno consolidar aún más la vacuna contra el ejercicio irresponsable del gasto público y el desequilibrio macroeconómico. Por ejemplo, terminar de legislar a favor de la autonomía de entidades como el SAT, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, etc, sería beneficioso, pues restaría discrecionalidad al gobierno en turno y evitaría que estos organismos se usen para la venganza política, ó la corrupción.

También es necesario darle certidumbre a la política cambiaria. Sería deseable consolidar aún más el actual esquema de libre flotación. Permitir a las paraestatales participar plenamente en el mercado cambiario, dejar de acumular reservas internacionales, significaría un paso decisivo para que dicho esquema se consolide. En el pasado reciente, la manipulación cambiaria también dio como resultado devaluaciones traumáticas que sólo empobrecieron a los mexicanos. El problema es que hoy el Ejecutivo decide a discrecionalidad cuál régimen cambiario debe prevalecer. Como están las cosas hoy, un candidato del perfil de López, puede verse fácilmente tentado a terminar con la actual política cambiaria flexible y fijar el tipo de cambo a conveniencia. Volver a la tiranía de los controles sigue siendo una tentación latente en los populistas. Ya en el pasado esto también nos costó muy caro. Así que sería bueno ir planeando ponerle también candados a esto, aunque chillen los populistas.

Como han señalado atinadamente analistas que escriben en esta página, las propuestas económicas de candidatos como López son inviables y sólo se podrían realizar (ojo, se pueden, pero no se deben instrumentar) mediante una política fiscal irresponsable, que estaría apoyada en un fuerte endeudamiento interno y externo. Hoy día tenemos un riesgo-país históricamente bajo (por debajo de los 100 puntos); lo anterior ha sido consecuencia de mejorar los vencimientos de la deuda interna (abaratando con ello su servicio) y en avanzar un poco más en el desendeudamiento externo. Las propuestas de López de subsidiar a las empresas para que no quiebren, de darle a todos una pensión universal, de multiplicar las instituciones educativas del gobierno, de dar útiles gratis a todo mundo, de bajar artificialmente el costo de los energéticos sin permitir inversión privada en el sector, de aumentar el proteccionismo comercial, de dar más subsidios al campo, etc, no es más que volver a los esquemas populistas de sexenios como el de Echeverría, en donde el desorden económico, caracterizado por fuertes desequilibrios presupuestales, supeditación del Banco de México y Hacienda a los designios del presidente y una economía cerrada al mundo, fueron el combustible para detonar las crisis económicas de la década de los setentas y ochentas y que hasta nuestros días siguen teniendo repercusiones en los niveles de vida de los mexicanos. Volver a lo mismo, es echar a perder lo que hemos avanzado en el renglón de la estabilidad financiera.

Que no le cuenten, que no lo transen amigo lector, las políticas como las del candidato López no se tratan de políticas económicas innovadoras. Ya se aplicaron y el resultado fue funesto para los mexicanos. El uso del gasto público sin responsabilidad no lleva al desarrollo económico, y sí, en cambio, a crisis financieras profundas, con costos sociales muy altos.

En alguna ocasión el Sr. López se quejaba de que lo querían enjaular por medio de la propuesta legislativa de darle autonomía a las distintas instituciones financieras y fiscales que velan por el cumplimiento de los contratos. La realidad es que sí hay que enjaular, pero no al Sr. López, sino a cualquier mesianismo mental (que caracteriza a los populistas) que tenga como medio el desbordamiento del gasto público, la vuelta al Estado benefactor y gastalón, así como la protección de intereses privados en detrimento del los millones de consumidores.

Hasta ahora las propuestas del candidato López se enmarcan en el desorden económico. El pasado también lo pone en evidencia. Su paso por el gobierno en el Distrito Federal dejó obras públicas (varias sin terminar aún) sin justificación económica y técnica alguna, mayor endeudamiento, inseguridad pública latente, transporte público deteriorado, agudización de la escasez de agua, uso discrecional de la ley y violaciones flagrantes a los derechos de propiedad de los ciudadanos, corrupción y ambulantes en aumento, y lo peor, mayores impuestos sobre el predial y las tenencias de automóviles. Así que no vengan ahora a decir que se está prejuzgando al Sr. López. Simplemente ya gobernó y ahí están los resultados.

Es hora pues, de ponerle candados a los populistas. Ya nos costaron demasiado caros. Hay que apurarse; es hora de legislar leyes que limiten el abuso de poder de los gobiernos contra consumidores y contribuyentes. Tienen la palabra los legisladores.