En el último Pesos y Contrapesos critiqué la decisión de varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dar por bueno el artículo 22 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que señala que “el editor o importador fijará libremente el precio de venta al público, que regirá como precio único”, eliminando la libertad del librero de ofrecer su mercancía al precio que considere conveniente, siendo ello una injusticia ante la cual, así lo dije y así lo sostengo, hay que rebelarse, y eso haré en mi calidad de librero, ya que, en muchas ocasiones, cuando imparto conferencias, llevo conmigo ejemplares de mis libros para ofrecerlos al público y los ofreceré, no al precio que se me imponga, sino al que considere que puedo realizar la mayor venta y obtener la mayor utilidad. Dije, ¡y lo sostengo!, que si la autoridad quiere castigarme por violar la ley (¿qué será: regaño, multa, cárcel?), sabe donde encontrarme.

Ante tal afirmación un lector me pregunta si lo dije en serio: ¿violaré la ley ofreciendo mis libros al precio que considere más conveniente? Al lector le respondo: faltaba más, claro que sí, ¡laissez – faire!, agregando que lo que justifica mi violación es que violo una ley injusta. ¡Ya basta de comportarnos como súbditos frente al poder gubernamental, en este caso el Legislativo! Comportémonos como ciudadanos, capaces de, en defensa de la libertad individual (ofrecer mis libros al precio que considere conveniente) y de la propiedad privada (ofrecer mis libros al precio que considere conveniente), violar leyes injustas.

Supongamos que la próxima vez que imparta una conferencia (e imparto varias al mes), al momento de ofrecer mis libros al precio que crea más conveniente, ¡no al precio único impuesto por la ley!, llega la autoridad con la intención de castigarme, intención ante la cual yo preguntaré ¿por qué? ¿Por ofrecer mis libros al precio que considero más conveniente con el fin de vender más y ganar más, como si todo ello fuera una acción delictiva por su propia naturaleza, equiparable al asesinato, al secuestro, a la violación, a la mutilación, al robo, y a cualquier otra acción que sí sea delictiva por su propia naturaleza? La autoridad, ¿será capaz de tal ridículo? Es más, ¿será capaz de tal injusticia?, ¡porque injusticia es castigar a alguien por la realización de una acción que no es delictiva por su propia naturaleza, como no lo es que el vendedor ofrezca su mercancía al precio que considere conveniente!

Las acciones que la ley debe prohibir, y el gobierno castigar, son las delictivas por su propia naturaleza, aquellas que violan los derechos a la vida (asesinar), a la integridad física (violación, mutilación), a la libertad (esclavitud, secuestro) y a la propiedad (robo), siendo que la fijación del precio del libro por parte del librero, no del editor, no del importador, fijación que realizará con la intención de vender y ganar lo más posible, no es delictiva por su propia naturaleza. ¿O sí?

Continuará.