Es un hecho histórico que durante el siglo pasado, gobernado por siete décadas por el Partido Revolucionario Institucional, el Presidente no tan solo dirigía al Ejecutivo Federal, también tomaba las decisiones trascendentales en el Poder Legislativo y en los estados de la República. A partir de ese siglo, cuando el PRI pierde la presidencia de la República, los gobernadores priístas sustituyen parcialmente ante su partido el poder que antes ejercía el Presidente.

Actualmente los legisladores de cada estado priístas someten la mayoría de sus decisiones a lo que el gobernador les “recomienda”. Los gobernadores priístas son los que deciden qué iniciativas de leyes se aprueban y cuáles se rechazan. También son los que deciden quién va a ser el candidato priísta para el 2012, lo que antes era decisión de los presidentes priístas.

El siglo pasado era el famoso “dedazo” presidencial quien decidía los candidatos y las leyes que aprobaba el PRI en el Congreso, ahora son los dedazos de los gobernadores, quienes deciden qué se hace en el PRI. En conjunto, los gobernadores priístas manejan más recursos y con una mayor discrecionalidad que el Presidente Felipe Calderón. También son quienes con esos recursos hacen viables campañas de diputados, senadores y de gobernadores en cualquier estado de la República.

Cuando un gobernador dice que son necesarias las reformas laborales y fiscales y por otro lado, los diputados de su partido se oponen, está en un doble discurso, pues si los gobernadores quisieran ya tendríamos una Reforma Laboral, Fiscal y Energética y el país crecería más; por lo tanto, si actualmente el país no está blindado completamente ante otra crisis internacional por falta de reformas y no se crearon los suficientes empleos, no culpemos solo a los legisladores priístas, también a quienes les dicen lo que tienen qué hacer, que son sus gobernadores.