La mayoría de la gente, sobre todo la sensata, reconoce que la separación Iglesia – Estado es fundamental para, de entrada, garantizar la libertad religiosa, separación Iglesia – Estado que en la práctica supone la separación Iglesia – gobierno, (separación que, dicho sea de paso, no debe entenderse como la no participación de los miembros de las distintas iglesias en política, ya que, no por tener ciertas creencias y practicar ciertos ritos, se deja de ser ciudadano, y el derecho de participar en política es del ciudadano como tal).

El hecho es que la mayoría de la gente acepta como algo sensato, indispensable para garantizar la libertad religiosa, la separación Iglesia – Estado, pero, de manera por demás contradictoria, acepta que el Estado, que para todo efecto práctico es el gobierno en turno, se entrometa en otros campos de la vida, en otros ámbitos de la acción humana, siendo el caso más notorio la intromisión del Estado – gobierno en los frentes de la actividad económica, intromisión que en México está sancionada, de entrada, en la Constitución, en cuyo artículo 25 leemos que “el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional…”, todo lo cual (dado que la única manera de que el Estado planeé, conduzca, coordine y oriente la actividad económica nacional es planeando, conduciendo, coordinando y orientando las actividades de los distintos agentes económicos), viola dicha libertad, que la es para trabajar, emprender, invertir, producir, distribuir, comercializar, intercambiar, consumir, ahorrar, etc.

Si se acepta, como algo por demás sensato, que la separación Iglesia – Estado/gobierno es condición necesaria para salvaguardar la libertad religiosa, ¿por qué no se da la misma aceptación con relación a la separación Economía – Estado/gobierno (y, ya que estamos en el tema, con relación a la separación, por mencionar algunas, Educación - Estado/gobierno; Arte y cultura - Estado/gobierno; Deporte - Estado/gobierno, etc.)?

Una de las consecuencias de la no separación Economía – Estado/gobierno es, como ya lo apunté, la violación, en muchas ocasiones, de la libertad de los agentes económicos para ofrecer bienes y servicios, tal y como se da, en el caso de México, en la industria de la energía, en la cual la relación Economía – Estado/gobierno es tal, que solamente las empresas del gobierno, PEMEX y CFE, pueden, tal y como arbitrariamente lo establece el artículo 28 de la Constitución, participar.

Desafortunadamente, la violación de la libertad de los agentes económicos, ¡que no es poca cosa!, no es la única consecuencia de la relación Economía – Estado/gobierno, habiendo otras entre las que destaca la politización, ¡en el sentido peyorativo del término!, de la actividad económica, en general, y de la empresarial, en particular, politización que se da cuando, por ejemplo, para participar en algún sector de la actividad económica, o en algún mercado de la economía, lo primero que hay que hacer es pedirle permiso al gobierno, permiso que entonces se puede obtener, no tanto por méritos económicos, relacionados con la productividad y la competitividad, sino por relaciones políticas, relacionadas con hechos que pueden ir, desde el compadrazgo, hasta la compra de favores, sin pasar por alto que en muchas ocasiones lo primero (el compadrazgo) puede ser consecuencia de lo segundo (la compra de favores). El resultado es el crony capitalism, que se ha traducido, precisamente, como capitalismo de compadres, y que se define como aquel arreglo institucional (reglas de juego, formales o informales) que permite que el éxito empresarial dependa, al menos en algunos mercados de la economía, o en determinados sectores de la actividad económica, de la relación entre los hombres de negocio y los gobernantes, desde legisladores hasta secretarios de Estado, relación que se traduce, para los empresarios, en favoritismos a la hora de otorgar permisos exclusivos, apoyos únicos, protecciones especiales, exenciones tributarias, concesiones monopólicas y demás privilegios y, para los funcionarios gubernamentales que tales dones conceden, en cierta, ¡siempre hasta cierto punto!, incondicionalidad de parte de los empresarios así beneficiados.

Este capitalismo de compadres, presente en varios sectores de la economía, no es otra cosa más que mercantilismo, una de las formas más conspicua, injusta e ineficaz de la relación Economía – Estado/gobierno, que siempre se traduce en perjuicios para los consumidores, ya sea por la vía de mayores precios, ya por la de menor calidad, y ello por la simple razón de que el mercantilismo limita o elimina la competencia entre oferentes de bienes y servicios, permitiéndoles cobrar un precio mayor del que cobrarían si tuvieran que competir, ofreciendo su mercancía con menor calidad de la que la ofrecerían si estuvieran sujetos a la disciplina de la competencia.

Todo este asunto, el de la relación Economía – Estado/gobierno, al menos en su faceta mercantilista, propia del capitalismo de compadres, tiene que ver con todos los dimes y diretes, acciones y reacciones, que, en los últimos días, hemos presenciado en el mundo de las telecomunicaciones y la televisión abierta, desde el estudio de la OCDE que cuantifica cuánto nos cuesta a los consumidores el dominio de Telmex – Telcel en “su” mercado, hasta la negativa de la Comisión Federal de Competencia para la fusión Iusacell – Televisa, siendo que lo primero se debe a la falta de competencia, al tiempo que lo segundo evita una mayor competencia en el campo de la telecomunicaciones, todo ello consecuencia de la relación Economía – Estado/gobierno en su presentación mercantilista.

Si hemos de pasar, en beneficio de los consumidores, del capitalismo de compadres al verdadero capitalismo, que es el capitalismo sin adjetivos, basado en el respeto a la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, entre otras muchas cosas se le debe permitir a Carlos Slim, ¡y a cualquier otro, nacional o extranjero, que quiera y pueda!, participar en la televisión abierta, de la misma manera que se le debe permitir a Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Jean, ¡y a cualquier otro, mexicano o no, que quiera y pueda!, participar en el negocio de la telefonía.

Afirma Ludwig Erhard que “el medio más prometedor para conseguir y garantizar toda prosperidad es la competencia”, y que “sólo ella puede hacer que el progreso económico beneficie a todos los hombres, en especial en su función de consumidores, y que desaparezcan todas las ventajas que no resulten de una productividad elevada”[1], como son las ventajas propias del capitalismo de compadres, efecto, no de la capacidad real para hacer más con menos (productividad), sino de los privilegios otorgados por el gobierno: permisos exclusivos, apoyos únicos, protecciones especiales, exenciones tributarias, concesiones monopólicas, etc.

El tema de la relación Economía – Estado/gobierno, en general, y en concreto el del mercantilismo, es decir, el del capitalismo de compadres, es todo un tema para la campaña electoral. ¿Qué candidatos están dispuestos a entrarle de frente y a fondo? Los que realmente estén a favor de la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal. ¿Hay alguno? Ya lo veremos.