La Constitución, a partir de noviembre de 2007, “elevó” a rango constitucional (artículo 41, apartado C) un término incomprobable que ha arruinado la calidad de la costosísima política. Dice así:

“En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas (sic)”.

La Madre Academia define “denigrar”:
(Del lat. denigrāre, poner negro, manchar).
1. tr. Deslustrar, ofender la opinión o fama de alguien.
2. tr. injuriar (‖ agraviar, ultrajar).

A su vez, “deslustrar”:
1. tr. Quitar el lustre.
2. tr. desacreditar.
3. tr. Quitar la transparencia al cristal o al vidrio.

Me pregunto cómo podría yo ofender la opinión de una institución, agraviarla o ultrajarla. O deslustrarla. ¡Pobrecita institución! ¿Qué opinará de mi opinión? Yo puedo deslustrar mis zapatos si los enlodo, y quitar lustre al Palacio de Bellas Artes si le pinto graffiti; podría denigrar su mármol blanco si lo pinto de negro o enrojecerlo si lo pinto de rojo. Y si mancho sus vidrios, les quito transparencia. ¡Quién sabe cómo pueda pintar de negro (denigrar) a un partido! O injuriarlo, o agraviarlo. Pobrecito partido político, ¡cómo se va a ofender si lo pinto o lo grafiteo! ¿No le dará un soponcio si lo mancho? ¿No se sentirá ultrajado un partido o una institución, si los ensucio? ¿Pero cómo pintaré de negro, mancharé o deslustraré a un ente abstracto —una institución?

Y ya entrados en críticas a la Constitución que prohíbe calumniar a las personas, ¿¿¿es posible calumniar a alguien que NO sea una persona??? ¿Me mandarán al paredón si calumnio a un automóvil?

Las leyes siempre han castigado dos actos comprobables: la calumnia (1. f. Acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. 2. f. Der. Imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad); y la difamación (1. tr. Desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama.)  Ambos dichos se pueden comprobar: “Verificar, confirmar la veracidad o exactitud de algo”. Gracias, Madre Academia. ¿Pero cómo puedo comprobar si “denigro” a una institución? ¿¡Cómo podré calumniarla!?

Conclusión: la propia Constitución me prohíbe incurrir en imposibles. Es lo que pasa cuando los legisladores suben a rango constitucional palabras que no conocen.

La institución que se sentirá más denigrada (la más delicada de todas, la más castigadora, la más publicitada y glotona de impuestos) se llama Instituto Federal Electoral, que en las no lejanas épocas de Woldenberg y Ugalde (éste, enemigo personal del Peje, como luego lo fue de los autores del almodrote electoral) tenía un bien ganado prestigio. Pero se lo cargaron. Mancillaron, deshonraron, injuriaron, vilipendiaron, sobajaron, abochornaron, degradaron, desconchinflaron al IFE al hacerlo ángel exterminador antidenigrador.

Además de todo es muy, pero muy incorrecto criticar a alguien con eso de “poner negro”. ¡Qué falta de respeto! Denigrar es anticonstitucional porque se utiliza el color (de la piel, de la pintura, de la opinión) haciéndola mala por ser negra. Si al menos la Constitución dijera “afroamericanizar”, sería menos criticable. La propia ley fundamental de México discrimina a la raza oscura al suponer que es malo lo negro para las instituciones de la República, los partidos políticos y las instituciones.

Con la incomprobable prohibición de denigrar (y una legión de disparates más), convirtieron al IFE en árbitro de la elegancia electoral, y a los tribunales en guillotinadores de quien no entienda qué cornetas es denigrar o qué implica una cuarentena electoral cuyo sentido nadie conoce. Además de vulnerar la libertad (prohíben decir verdades comprobables que algún árbitro de la elegancia pueda juzgar “denigrantes”) me obligan a no saber durante 45 días nada de aquellos por quienes votaré; y ya les habían prohibido debatir. Y amenazaron a periodistas ¡por entrevistar a políticos! Denigrantes crímenes.

Por ello, ¡qué bueno es vivir en un país de adultos! donde esos mismos legisladores enemigos de la libertad me prohíben reelegir a quien yo quiera que siga siendo buen legislador, o castigar al legislador indigno con mi voto en contra. Tendrá razón quien diga que fueron indignos Creel, Beltrones, Navarrete y legisladores que los acompañaron cuando rindieron pleitesía a los rencores del entonces rayito de esperanza y hoy cupido del amor. Y hablará con razón quien se sienta “denigrado” por ellos al echar a perder la Constitución metiéndole términos incomprobables y evitando amparos contra la estupidez elevada a rango constitucional, con afrentas contra el derecho a la libertad de expresión y a su correlativo derecho de escucha: me impiden oír la voz libremente expresada. Todo en nombre de la democracia. ¡Pongámonos de pie!

Y como en nuestro sistema jurídico la Constitución es fuente única y suprema de toda justicia y todo bien y toda verdad, no se puede controvertir. No pudieron Ugalde y los consejeros del IFE defender su derecho constitucional (que dejó de ser constitucional) a ser inamovibles, porque unos legisladores de ocasión volcaron su estulticia en la ley fundamental. Las burradas que dice son obra de jumentinas mentes que, con dedo flamígero y avivadas por el resentimiento de un mal perdedor, la echaron a perder: la mancharon; la pusieron negra; la denigraron.

Nota: Este artículo ha sido redactado para denigrar a los legisladores que aprobaron la contrarreforma electoral de 2007, a este IFE, y a los institutos estatales y tribunales que los acompañan. Queda prohibido todo uso distinto a los objetivos establecidos por el autor.