México ha pasado a la pequeña y vergonzosa lista de los países del mundo en que se sanciona a los ciudadanos por expresar sus preferencias políticas. Estamos así en una situación similar a la que se registra en países como Corea del norte, China y Cuba.

El Instituto Federal Electoral acató el 22 de febrero una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sancionar al boxeador Juan Manuel Márquez, a TV Azteca y al PRI por conductas que no serían faltas en un país con libertad de expresión. Quizá lo más inquietante de todo es que por primera vez el IFE sancionó a un civil, a una persona común y corriente, por expresar un punto de vista político. Hasta ahora las autoridades electorales se habían limitado a castigar a candidatos o a partidos políticos. Extender esta facultad a los ciudadanos comunes y corrientes es un peligroso precedente que convierte al IFE y al Tribunal Electoral en censores no sólo de los políticos sino de toda la sociedad.

Además de la sanción al boxeador, el consejo general del IFE votó por sancionar a TV Azteca y al PRI. El castigo a TV Azteca fue por haber retransmitido la señal originada por la HBO estadounidense, a pesar de que por ley y por contrato nadie tiene derecho a modificar una señal de televisión que se retransmite. No hubo en cambio ningún intento por sancionar a HBO, que en todo caso habría sido la responsable de la producción televisiva de la pelea, quizá porque en un país con libertad de expresión, como Estados Unidos, no se comprendería que se buscara sancionar a una empresa por transmitir un programa de televisión en el que un boxeador utiliza un logotipo de un partido político en sus calzoncillos. Me imagino que tratar de castigar a HBO por producir la transmisión de esta pelea habría sido tanto como ver al gobierno de China ordenar una sanción al New York Times por sus artículos sobre China.

El PRI sin duda tiene muchos pecados, pero en este caso inquieta también la sanción en su contra. La razón es que el Tribunal no ha querido aceptar la presunción de inocencia que establece la Constitución e insiste en el criterio de que los mexicanos somos todos culpables de delitos electorales aunque no haya ninguna prueba de ello. Quizá podamos suponer que el PRI pagó la colocación de su logotipo en los calzoncillos de Márquez, pero el boxeador lo niega y el partido también. Nadie, por otra parte, ha presentado ninguna prueba de que efectivamente haya habido una contratación de los calzones de Márquez. Pero aunque no haya pruebas, el Tribunal ha ordenado al IFE que sancione al PRI, y el IFE ha debidamente obedecido las órdenes de los magistrados.

Cabe destacar que algunos consejeros del IFE mostraron su insatisfacción con el mandato del Tribunal. Benito Nacif en particular preguntó dónde había quedado en el fallo la libertad de expresión. Los mismos consejeros del IFE se muestran cada vez más incómodos ante la posición que les ha obligado a asumir una pésima ley electoral y la interpretación que de ella hace un Tribunal Electoral con vocación de censor.