Nuevamente la OCDE pone el dedo en el renglón sobre algunas de las reformas que es imperativo realizar para introducir a México en una senda de mayor crecimiento económico. Reformas que se vienen mencionando desde hace muchos años pero que encuentran en nuestros legisladores oídos sordos. Legisladores que por estar cuidando intereses políticos propios e intereses de grupos de rentistas han pasado a un segundo (o tercero o enésimo) plano el bienestar de los mexicanos. Varias son las reformas que propone la OCDE.

En el sistema educativo, se señala, uno de los grandes problemas que se tienen es que la mayor parte del gasto educativo nacional, principalmente el gubernamental, se destina al pago de salarios y muy poco a la inversión, tanto en capital humano (capacitación de profesores) como capital físico (escuelas y equipamiento), además de que el salario de los profesores no está ligado a su productividad, medida como el aprendizaje de los estudiantes. El resultado de este diseño del sistema educativo está a la vista: último lugar de entre los países de la OCDE en el examen PISA. Sin acumulación de capital humano y que éste sea de calidad, se constituye como una barrera al desarrollo económico. Hacer una reforma que otorgue a los padres de familia la libertad para elegir escuela para sus hijos y que ligue el salario de los profesores a su productividad es urgente, más sin embargo ahí están los intocables intereses de los líderes del SNTE.

Otra recomendación de la OCDE se centra en el sector de telecomunicaciones, siendo el mexicano el más caro de entre los países que constituyen este organismo. Es necesario introducir mayor competencia de forma tal que se sugiere abrir el sector de telefonía fija a más participantes eliminando la restricción que actualmente existe para que empresas extranjeras participen con capital mayoritario en México. Es inconcebible que en el Senado de la República (presionado por la empresa dominante) se condicione la apertura al capital extranjero en este sector a la reciprocidad por parte de terceros países. ¿Deben estar nuestros Senadores preocupados por el bienestar de los consumidores estadounidenses, españoles o británicos de servicios de telefonía o solamente por el de los consumidores mexicanos?

Una tercera reforma que se propone es la instauración de mejores prácticas de buen gobierno en PEMEX así como la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión privada, nacional y extranjera. PEMEX no es una empresa pública porque ninguno de los accionistas nominales, es decir cada uno de los mexicanos, sabemos qué pasa ahí adentro. Corrupción, prebendas inauditas al sindicato petrolero, baja productividad, etcétera hacen de PEMEX una de las empresas petroleras más ineficientes del mundo. PEMEX no tiene ni los recursos ni la tecnología para modernizarse y volverse más productivo y de ahí la necesidad de abrir el sector. Imposible mientras sea parte de la idiosincrasia nacional y centro del discurso político que la esencia del mexicano es granos de maíz producidos en México pegados con chapopote producido por PEMEX.

Y la cuarta es mejorar el imperio de la ley. México es un país de leyes porque tenemos una inmensidad de ellas, no porque se cumplan. Uno de los grandes problemas que enfrentamos es la deficiente definición y una muy deficiente protección de los derechos privados de propiedad. Es indispensable que el poder judicial garantice estos derechos y el cumplimiento de contratos si queremos mayor inversión, mejor tecnología y mayor crecimiento.

Reformas que urgen pero con nuestro sistema político, imposible.