Para que no haya malos entendidos aclaro, uno, que de ninguna manera estoy a favor del consumo de drogas y, dos, que la responsabilidad para prevenir que los niños y jóvenes se inicien en el consumo de drogas es, de manera titular, de los padres, y sólo de manera subsidiaria del gobierno, siendo mucho más importante la primera que la segunda. No se trata, al menos no principalmente, de que el gobierno trabaje para que las drogas no lleguen a nuestros hijos, sino de que los padres trabajemos para que nuestros hijos no lleguen a las drogas, lo cual supone ser padres (y me refiero a padre y madre) de tiempo completo, tiempo que, en muchos casos, si llega a ser parcial ya es mucho (me refiero, por ejemplo, al llamado tiempo de calidad). Por lo menos una de las dos partes de la pareja (claro: suponiendo que la pareja exista), padre o madre, debe serlo de tiempo completo, lo cual supone la división del trabajo: un trabajo para proveer lo necesario para los hijos, y el otro para cuidar y educar y vigilar (ojo: ¡vigilar!) a los hijos; uno para generar ingreso y el otro para formar personas (formación de personas que tiene estos tres frentes: cuidar, educar y vigilar, frentes que son complementarios), debiendo tener claro que se trata de planos distintos: el primero - generar ingreso - tiene que ver con lo urgente y el segundo - formar personas - con lo importante.

Tal división del trabajo no supone que quien se dedique a la primera tarea no pueda también participar de la segunda y viceversa: que quien tiene como responsabilidad la segunda no pueda tomar parte también en la primera. Lo que supone es que, sobre todo con relación a la segunda tarea, la que tiene que ver con lo importante – cuidar, educar y vigilar a los hijos - debe ser, dado todo lo que involucra, de tiempo completo, tarea que, insisto, no necesariamente debe desempeñar la madre, aunque históricamente así ha sido, pudiéndola desempeñar el padre. Uno de los problemas que enfrentamos hoy (y pongo el ejemplo aludiendo a la madre porque por costumbre ha sido ella la que ha desempeñado la tarea de cuidar, educar y vigilar a los hijos ) es que en muchas familias hay mujeres profesionistas de tiempo completo que, en sus ratos libres, se dedican a ser mamás, y no me refiero, ¡antes de que me reclamen!, a las madres que, por las razones que sean, tienen que trabajar para mantener a sus hijos, mismas que merecen todo el respeto y la admiración, sino, insisto, a mujeres profesionistas de tiempo completo, profesión que ejercen, no porque el ingreso que generen sea estrictamente necesario, sino en la búsqueda de la realización profesional, mujeres que, en sus ratos libres, se dedican a ser mamás. Si en la familia, las dos partes de la pareja se dedican de tiempo completo al trabajo relacionado con la generación de ingreso, ¿quién cuida, educa y vigila a los hijos, algo que supone cantidad de tiempo no tiempo de calidad? En esas familias, ¿se hace todo lo posible para prevenir que los hijos lleguen a las drogas?

(A muchos hijos, literalmente, las falta madre…, y también padre).

De las familias paso al gobierno, no refiriéndome específicamente al mexicano, sino al gobierno en general, señalando, ¡una vez más!, que la prohibición del comercio y consumo de drogas es, desde el punto de vista de los principios, y al margen de las buenas intenciones que la animen, una arbitrariedad (se prohíbe lo que no se debe prohibir), de la misma manera que, desde el punto de vista de la eficacia, es contraproducente (se incentiva lo que se pretende evitar).

Desde el punto de vista de los principios es una arbitrariedad porque las únicas acciones que el gobierno debe prohibir son las delictivas por su propia naturaleza, siendo tales las que violan los derechos naturales de la persona a la vida (matar), a la libertad (esclavizar) y a la propiedad (robar). El consumo de drogas es un vicio, que daña y mata, pero no es un delito, razón (sí: ¡razón!) por la cual no debe prohibirse, sino gestionarse inteligentemente. Los vicios pertenecen al ámbito de la moral y no deben incorporarse al de lo legal.

Desde la perspectiva de la eficacia la prohibición ha resultado contraproducente porque la misma genera, por el lado de la oferta, fuertes incentivos, sobre todo pecuniarios, para, uno, atraer más consumidores y, dos, para evitar la legalización y reglamentación del consumo de drogas. ¿Quiénes son los primeros en oponerse a la legalización y reglamentación, es decir, a la gestión inteligente del vicio? Los narcotraficantes a quienes, si se legalizara y reglamentara tal consumo, se les acabaría el negociazo. ¿Quienes son los segundos (¿o serán los primeros?) que se oponen? Todos quienes, desde el gobierno, terminan (¿o debo decir comienzan?) obteniendo, por medio de la corrupción, provecho de status quo. No hay, hasta donde sé, un solo ejemplo histórico de prohibición de algún vicio que haya tenido éxito. Todo indica que vicio mata prohibición, sin olvidar las consecuencias que tales prohibiciones ocasionan, tal y como las estamos padeciendo en México, producto de los dos grandes poderes del narcotráfico: el poder de dinero (la corrupción) y el poder del miedo (la amenaza): “Si no aceptas el dinero te mueres”, dúo dinero – miedo, o corrupción – amenaza, que en la gran mayoría de los casos resulta irresistible.

Paso del gobierno a la ANUIES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que ha recomendado lo que considero, tanto como profesor universitario, pero sobre todo como padre de familia, una barbaridad, en el sentido literal del término, es decir, una acción o acto exagerado o excesivo, que ha generado, ¡y con razón!, polémica. Me refiero a la recomendación, recogida en el manual, elaborado por dicha asociación, La Seguridad en Instituciones de Educación Superior (Estado Actual y Recomendaciones), a favor de realizar, en las universidades, exámenes antidoping, recomendación con relación a la cual el secretario de educación “interino”, Rodolfo Tuirán, señaló que “no (le) parece (¿no le parece - apreciación subjetiva - o no lo es - hecho objetivo -?), que sea necesariamente una propuesta general, y que tendrá que ver con las condiciones particulares de cada entorno…”[1], al tiempo que “Rafael López Castañares, secretario ejecutivo de la ANUIES, aclaró que el documento de trabajo referido en ningún lado propone que se hagan exámenes antidoping a estudiantes de bachillerato y licenciatura, sino que manifiesta el hecho de que hay que tener cuidado a los jóvenes cuando tengan problemas con alcohol o con drogas”[2].

No sé si tarde o temprano se vaya aplicar el examen antidoping en las universidades;  tampoco sé si, de llegarse a aplicar, se vaya a aplicar a todos los alumnos o solamente a “muestras aleatorias”; y tampoco sé si, de aplicarse, al margen del cómo, se vaya a expulsar al alumno que se niegue a someterse a la prueba. Lo que sí sé es que, como profesor universitario, me avergonzaría de trabajar en una universidad en la cual se procediera de tal manera (y que quede claro: no estoy en contra del qué – detectar personas con problemas de adicción con la intención de ayudarlas – sino del cómo – obligándolas a un examen antidoping bajo amenaza de expulsión). Además tengo muy claro que, como padre de familia, me resultaría ofensivo que, bajo amenaza de expulsión (primer pero), se obligara a alguno de mis hijos a someterse a un examen antidoping (segundo pero), algo a lo que, espero, no vayamos a llegar. Pero claro, si ya tenemos el alcoholímetro, ¿por qué no también el drogámetro?