El derecho a la libertad de una persona supone, antes que cualquier otra cosa, la obligación de los demás de no impedir el ejercicio de esa libertad, es decir, de no entorpecer las decisiones, elecciones y acciones humanas, siempre y cuando las mismas no sean delictivas por su propia naturaleza, es decir, siempre y cuando no atenten contra la vida, la integridad, la libertad y la propiedad de los demás.

El derecho a la libertad de la persona incluye, ¡obviamente!, el derecho al trabajo, o libertad laboral, que supone la obligación de los demás de no impedir, de ninguna manera y en ningún grado, el trabajo del ser humano. Esta es la razón de ser del primer párrafo del artículo quinto de la Constitución, en el cual se afirma que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”, entendiendo por esto último, tal y como debe ser, que no se trate de actividades delictivas por su propia naturaleza. Hasta aquí las cosas están claras: en México el derecho al trabajo, o la libertad laboral, están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, razón por la cual nadie, ni nada, debe condicionar, por ejemplo, la contratación de un trabajador por parte de una empresa, asunto que compete, únicamente, a las partes contratantes, quienes deberán llegar a un acuerdo en materia de salario, tipo de trabajo, condiciones laborales, etc.

El derecho al trabajo, o la libertad laboral, exige que nada (por ejemplo: una ley) ni nadie (por ejemplo: un líder sindical) condicione la contratación de trabajo, hacia lo cual apunta el título séptimo (que trata de las relaciones colectivas de trabajo), capítulo segundo (que trata de los sindicatos, federaciones y confederaciones), artículos 357 y 358 de la Ley Federal del Trabajo, que afirman lo siguiente. 357: “Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de  constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa”. 358: “A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él”. ¿Qué tenemos? Reconocidas y garantizadas, uno, la libertad sindical o derecho de asociación (artículo 357) y, dos, la libertad laboral o derecho al trabajo (artículo 358), libertades que son dos caras de la misma moneda: el derecho al trabajo no debe estar condicionado por la pertenencia a algún sindicato, tal y como lo establecen los mentados artículos de la Ley Federal del Trabajo, todo de acuerdo con lo establecido en el artículo quinto de la Constitución.

Sin embargo, ¡por increíble que sea!, y lo es por ser tan absurdamente contradictorio, en el título séptimo, capítulo tercero (que trata sobre la contratación colectiva), artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo, se afirma que “en el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante, (y que) podrá también establecerse que el patrón separará del trabajo a los miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato contratante”, lo cual, ¡obviamente!, va en contra del espíritu y la letra del artículo quinto constitucional,  y en contra, si no de la letra, sí del espíritu, de los artículos 357 y 358 de la Ley Federal del Trabajo, que aceptan que la contratación, y el trabajo que de ella resulte, no deben estar condicionados a la pertenencia (o no) a un sindicato.

Estando el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo redactado como está, ¿podemos afirmar que la libertad laboral, o el derecho al trabajo, están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados? ¿Es correcto que la posibilidad de realizar determinados trabajos esté condicionada a la pertenencia a un sindicato? Y si la respuesta es negativa, ¿qué esperamos para terminar con tal arbitrariedad?