Mal que bien ya tenemos una (que no La, suponiendo que realmente pueda existir La) reforma política, que tiene sus puntos a favor, y también en contra, o, dicho de otra manera, que suponen avances, pero también retrocesos (o por lo menos no avances), afirmación que plantea la siguiente pregunta: avances, ¿hacia dónde? o retrocesos, ¿desde dónde? Hacia la libertad de los ciudadanos y desde la libertad de los ciudadanos. La reforma política supone avances hacia la libertad de los ciudadanos, pero también retrocesos (o por lo menos no avances), desde la libertad de los ciudadanos. Hay que aprobar lo primero y reprobar lo segundo, y hacer la siguiente pregunta: ¿por qué les cuesta tanto trabajo a los legisladores hacer lo que se tiene que hacer para, en el campo de la política, de los asuntos de la polis, reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente la libertad de los ciudadanos? ¿Qué no les ha quedado claro que lo propio del ser humano es estar gobernado por leyes justas, siendo tales las que, precisamente, reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente, entre otros, el derecho a la libertad, comenzando por la libertad del ciudadano, entendido como el miembro de la polis? ¿Qué no les ha quedado claro que su tarea esencial, ¡a la cual no deben renunciar!, es la de redactar y promulgar leyes justas, y que en la medida en la que haya leyes injustas su tarea está inconclusa, con toda la responsabilidad que ello les representa? En fin, más allá de estas reflexiones ya tenemos reforma política, con sus aciertos y desaciertos, defectos que han llevado a más de uno a calificarla de light.

¿Cuáles son los aciertos de la reforma política? 1) Las candidaturas independientes (el ciudadano puede contender por un puesto de elección popular sin necesidad de ser designado como candidato por un partido político). 2) La consulta popular (mecanismo de participación mediante el cual se convoca a los ciudadanos para que, directamente, decidan acerca de algunos asuntos de la polis). 3) La iniciativa popular (mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos presentan, de manera directa, peticiones relacionadas con los asuntos de la polis). 4) La iniciativa preferente (mecanismo que le permite al Presidente de la República, al arranque de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, presentar dos iniciativas para trámite preferente, o señalar las que, habiendo sido presentadas en periodos anteriores, y no habiendo sido atendidas, deberán dictaminarse). 5) La sustitución del Presidente de la República en caso de falta absoluta. ¿Qué tenemos? Cinco aciertos de los cuales los tres primeros son, claramente, a favor de la libertad de los ciudadanos o, dicho de otra manera, a favor de una democracia menos representativa (participación indirecta de los ciudadanos por medio de sus representantes) y más participativa (participación directa de los ciudadanos representándose a sí mismo).

¿Cuáles son los yerros de la reforma fiscal, por los que ha sido calificada de light, y que muestran ese miedo a la libertad que todavía padecen (¡porque el miedo a la libertad se padece!) muchos legisladores. 1) La reelección inmediata de legisladores (la posibilidad de que los electores reelija, en función de su reciente desempeño, a los legisladores que, en opinión de dichos electores, hayan hecho una buena tarea). 2) La revocación de mandato (la posibilidad de destituir, por ineficacia y/o deshonestidad, antes de que se cumpla el plazo fijado por la ley, a los representantes elegidos en las urnas”. 3) La reconducción presupuestal (mecanismo que permite, en caso de que no se apruebe a tiempo, dados los tiempos legalmente establecidos para ello, el presupuesto del gobierno, resolver el problema). Quitando le tercer tema - reconducción presupuestal -, los otros dos - reelección inmediata de legisladores y revocación de mandato - son temas relacionados con la libertad del ciudadano para participar en los asuntos de la polis -libertad del elector para reelegir al legislador que lo haya hecho bien, y libertad del representado para correr al representante que lo haya hecho mal -, temas relacionados con la libertad que no están, ni plenamente reconocidos, ni puntualmente definidos, ni jurídicamente garantizados, todo lo cual supone, para decirlo con una sola palabra, injusticias.

¿Qué es lo que las leyes, por principio, y en todos los ámbitos, ¡también en el político!, deben prohibir? Las conductas delictivas por su propia naturaleza, siendo tales las que violan los derechos de los demás: matar, violación del derecho a la vida; secuestrar, violación del derecho a la libertad; robar, violación del derecho a la propiedad. Aceptado lo anterior preguntémonos si reelegir a un diputado o senador, o “poner de patitas en la calle” a un funcionario público deshonesto y/o ineficaz, es una actividad delictiva por su propia naturaleza que viole derechos de otras personas. No, claro que no, lo cual me lleva a la conclusión, lógica, de que reglas del juego que prohíben la reelección y la revocación del mandato violan la libertad de los ciudadanos, limitando su participación directa en los asuntos de la polis, ¡de su polis!, y, por ello mismo, injustas, momento de no olvidar que el Estado de Derecho se define como el gobierno de las leyes justas, de tal manera que allí donde lo que operan son leyes injustas lo que se tiene es un Estado de chueco.

Además, al margen del asunto de la justicia, hay que considerar el tema de la eficacia. El que las reglas del juego no le reconozcan al ciudadano las libertades para reelegir a los buenos legisladores, y para correr a los malos funcionarios públicos, no solamente es algo injusto sino que además genera incentivos para que la actuación de los dos – legisladores y funcionarios públicos -, no sea, ni la más honesta, ni la más eficaz. Si los electores no pueden premiar al legislador que se portó bien con un segundo periodo, y si no pueden castigar, poniéndolo “de patitas en la calle”, al funcionario público que obró mal, entonces no se cuenta con dos incentivos - premio y castigo – indispensables para el buen comportamiento de todo ser humano, comenzando por cualquiera que viva del presupuesto gubernamental (que se forma, ¡no lo olvidemos!,  por obligar al contribuyente a entregarle al recaudador parte del producto de su trabajo).

¿Cómo explicar estos defectos en la reforma política? No quiero (¿o sí?) ser mal pensado, pero preguntémonos en contra de los intereses de quiénes operarían la reelección inmediata y la revocación de mandato. La primera en contra de los partidos políticos, a los que, une vez sentados en su curul, los legisladores les deben sus lealtades, ¡no a los electores que los sentaron en ese curul!, electores que, por no haber reelección, ya no tienen voz ni voto, ¡nunca mejor dicho!, en su futuro inmediato. La segunda en contra de los funcionarios públicos, a los que, una vez llegados al puesto, les interesa, en aras de la deshonestidad e ineficacia, la mayor “seguridad laboral” posible, y por ello nada de revocación de mandato. ¿Quiénes les negaron a los ciudadanos las libertades propias de la reelección inmediata y la revocación de mandato? Quienes, de reconocerse, definirse y garantizarse esas libertades, se verían amenazados por las mismas. No garantizaron los derechos de los ciudadanos, defendieron sus intereses (de ellos, no de los ciudadanos). ¡Qué vergüenza!