A mediados del siglo XIX el dictadorzuelo en turno en Bolivia, General Mariano Melgarejo, convidó al embajador de Inglaterra a una francachela en honor de su más reciente querida, invitación que el diplomático declinó. El líder ofendido ordenó que amarraran al inglés a un burro, sentado hacia su cola, y le dieron tres vueltas alrededor de la plaza mayor de La Paz.

Cuando el diplomático regresó a Londres y relató lo ocurrido a la Reina Victoria, ésta de inmediato ordenó a la flota inglesa el bombardeo de La Paz. Al ser informada que tal cosa era imposible dada la ubicación de la capital boliviana, lejos del mar y muy arriba en la cordillera, la Reina preguntó “¿dónde está Bolivia?”

Al aparecer el globo terráqueo en el palacio de Buckingham y en identificando la ubicación del país ofensor, la Reina tomó una pluma y tachó el territorio boliviano, ordenando a sus subalternos que se borrara del mapa. Hoy todavía se consiguen mapas ingleses de la época con un manchón verde en lugar del país andino.

Esta anécdota viene a cuento por la conducta inaceptable de la presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner que decidió profundizar su sesgo ultra nacionalista y ampliar sus ya muchas violaciones al derecho internacional, con la expropiación de la empresa española Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

La empresa había sido privatizada en los años noventa como parte de las reformas liberales que hicieron de Argentina un país modelo de crecimiento económico y atracción de inversión global. Sin embargo, se cometió el error de amarrar su moneda al dólar de EU en un matrimonio del que juraron nunca divorciarse, a pesar de que el dólar tuvo una larga racha de fortalecimiento que perjudicó seriamente a Argentina.

El problema toral era que dos terceras partes del comercio exterior argentino se efectuaba con Brasil y la Unión Europea, mientras que el dólar, de la mano del peso argentino, se apreciaban sin parar, lo que erosionó la competitividad del país austral y condujo eventualmente al rompimiento de la liga con el dólar y a la crisis de 2001.

Esa crisis, que incluyó el colapso de varios gobiernos y la adopción de medidas de emergencia como el congelamiento de las cuentas bancarias –el tristemente célebre “corralito”- y la suspensión del pago de la cuantiosa deuda externa del país de 132 mil millones de dólares, marcó un cambio radical en su política económica.

Ello ocurrió con la llegada de Néstor Kirchner al poder en 2003, que emprendió el regreso al populismo que tanto daño le ha causado a Argentina en su historia, e inició el proceso de cancelar las reformas liberales adoptadas en la década previa. Pieza clave de su política fue la de rechazar pagar la deuda externa.

Un par de años después se les ofreció a los tenedores de bonos de la deuda argentina un canje por nuevos instrumentos con un descuento del 75% del valor original de la deuda. Esta oferta fue aceptada por las tres cuartas partes de los acreedores pero el resto ha seguido hasta hoy su lucha en los tribunales internacionales.

Kirchner ordenó liquidar la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional y virtualmente rompió relaciones con ese organismo multilateral, culpándolo de ser el responsable de la debacle que sufrió la economía argentina.

Kirchner y su esposa, que lo sucedió como presidente, tuvieron la enorme suerte que su tiempo a la cabeza de Argentina coincidió con una bonanza extraordinaria al elevarse los precios de los principales productos de exportación del país austral, lo que le permitió alcanzar tasas de crecimiento insólitamente elevadas.

Hay que subrayar que este envidiable desempeño de la economía ocurrió por razones externas que no tienen nada que ver con Argentina, y a pesar de las fatales políticas seguidas por Kirchner –quien sorpresivamente falleció en 2010- y su esposa, que en sus cinco años en el poder ha radicalizado la marcha al populismo, y ahora se asesora de economistas marxistas como Axel Kicillof, sin ninguna experiencia útil.

Entre las medidas tomadas sobresalen: cancelar la autonomía del banco central; estatizar los fondos de pensiones; corromper a la entidad a cargo de las estadísticas oficiales para “cocinar” los números; imponer controles de cambios de creciente rigor y; estatizar empresas como Aerolíneas Argentinas y ahora YPF.

Dado el comportamiento inadmisible y violatorio del derecho de su líder, hay que aplicarle a Argentina el equivalente moderno de lo que fue borrar a Bolivia del mapa: expulsarla de los organismos internacionales, empezando por el G-20, en los que países más serios discuten y procuran resolver sus problemas comunes de forma más inteligente.