La expropiación que llevó a cabo el gobierno argentino en contra de la empresa española Repsol, ¿fue un robo? Sí, por más que los gubernamentólatras de todas las altitudes y latitudes la aplaudan, con el muy socorrido, e igualmente falaz, argumento de que Argentina tiene derecho a sus recursos, como si Argentina, que es un país, pudiera tener algún derecho. Derechos los tienen los argentinos, y confundirlos con Argentina es el primer paso hacia la prepotencia de gobiernos como el de Cristina Kirchner.

Me queda claro que en algunas ocasiones, que serán la excepción y no la regla, el gobierno tenga, por motivo de verdadera utilidad pública, que expropiar, motivo de verdadera utilidad pública que se presenta cuando lo que hay que hacer es obra pública, para lo cual hay que expropiar propiedad privada: expropiar un terreno (propiedad privada) para construir una carretera (obra pública que será de verdadera utilidad pública).

Pero una cosa es expropiar propiedad privada para construir obra pública, ¡de verdadera utilidad pública!, y otra muy distinta expropiar una empresa privada para convertirla en empresa del gobierno, ¡y muy probablemente monopólica!, lo cual va en contra de la verdadera utilidad pública, que en este caso es la de los consumidores (pudiendo llegar a ser inclusive las de los contribuyentes). La primera opción debe ser la competencia entre empresas privadas; la segunda, inferior a la primera, el monopolio privado, que en la gran mayoría de los casos es el resultado de la concesión monopólica otorgada por el gobierno; la tercera, la peor de las tres, el monopolio del gobierno, que casi siempre es el resultado de la expropiación y gubernamentalización de empresas privadas, monopolio gubernamental que es más dañino cuando opera en los sectores estratégicos de la economía, que son los que proveen de algún bien o servicio al resto de las actividades económicas, tal y como sucede con la industria de la energía (electricidad y petróleo), y es más dañino porque transmite su falta de competitividad al resto de la economía. Por ejemplo: la falta de competitividad (competitividad: menores precios, mayor calidad y mejor servicios) del monopolio gubernamental que ofrece electricidad afecta la competitividad de las empresas privadas que consumen electricidad.

Pero el tema de la expropiación de empresas privadas, para convertirlas en empresas gubernamentales, no es un tema que tenga que ver sólo con el hecho de que la empresa privada, sujeta a la competencia, es más eficaz que el monopolio gubernamental. Se trata, ante todo, de un tema de Estado de Derecho, definido como el gobierno de las leyes justas, siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente, y garantizan jurídicamente, los derechos de la persona a la libertad individual y a la propiedad privada, en cualquier sector de la actividad económica. Se trata, de entrada, de un tema de justicia, y solamente de salida lo es de economía.

La expropiación de empresas privadas para convertirlas en empresas del gobierno es un robo, que podrá ser con todas las de la ley, que es injusta.