Lucha a tres caídas. Este es el juego entre el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y, hasta el momento, el segundo va ganando. La lucha tiene básicamente dos vertientes: la académica y la política, habiéndose centrado este enfrentamiento en la decisión por parte del gobierno de llevar a cabo la evaluación de los profesores, misma que ha sido rechazada por los líderes sindicales encabezados por Elba Esther Gordillo. Y todo esto se da en medio del proceso electoral en el cual, no solamente la “maestra” tiene su partido político con Gabriel Quadri como candidato, sino que ella sabe que, como lo ha hecho en el pasado, puede vender caro su apoyo político a quién resulte el ganador de la contienda electoral.

El argumento esgrimido por el sindicato es que la evaluación no puede tener consecuencias laborales, tales como despedir a aquellos maestros que salgan mal evaluados, aunque éste no ha sido el objetivo del gobierno. La “maestra” exigió que la evaluación se lleve a cabo en un momento políticamente adecuado, es decir fuera de los tiempos electorales y que el órgano evaluador fuese una entidad independiente de la Secretaría de Educación Pública. Ya lograron lo segundo con el decreto del Presidente Calderón que le otorga la autonomía jurídica al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, más sin embargo, la evaluación no se llevará a cabo. Según la “maestra”, quizás el próximo año y no hay nada que el gobierno pueda hacer.

La evaluación académica obviamente tiene sentido. No se pueden corregir las deficiencias académicas y pedagógicas de los profesores si no se hace ésta. La evaluación permite, ya teniendo los resultados identificar en que áreas del conocimiento fallan los maestros, lo que le permite a las autoridades académicas adoptar junto con los maestros, programas correctivos como una mayor capacitación. Más aun, es este tipo de evaluaciones las que inclusive permite premiar a aquellos profesores que salgan bien evaluados con avances en la carrera magisterial con la directa repercusión de su salario.

La evaluación, aunque obviamente es muy importante, no resuelve por sí misma la crisis en la que se encuentra el sistema educativo nacional y que se traduce en una notoriamente deficiente calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes. Por ello es que hay que cambiar el sistema de incentivos que actualmente enfrentan los profesores (y sus líderes sindicales).

En primer lugar es indispensable dotar a los padres de familia de la libertad para elegir la escuela a la cual enviarán a sus hijos y el mecanismo para hacerlo es de los bonos (vouchers) de educación, redimibles en cualquier escuela del sistema. Para ello, los padres necesitan, obviamente, conocer los resultados de la evaluación académica de los profesores. La evaluación que aplique el INEE tiene que ser pública. La mayor competencia entre las escuelas para atraer a los alumnos, tenderá a traducirse en una mayor calidad de la educación.

Lo anterior tiene que ser complementado con la evaluación de los profesores a través de exámenes estandarizados, como la prueba ENLACE, la cual permite, junto con la evaluación directa de profesores, identificar aun mejor las deficiencias, pero también permite con mayor claridad a aquellos profesores que realizan bien su labor y premiarlos con un mayor ingreso.

Con un esquema de este tipo, ganan los alumnos que reciben una mejor calidad de la educación y ganan los buenos profesores que tendrían un mayor nivel de ingreso. Quienes pierden: los líderes sindicales y de ahí su oposición.