La falta de reformas estructurales limita las posibilidades para alcanzar un mayor progreso económico: más empleos y mejor pagados. Se dice que ahora sí, con la llegada del nuevo gobierno, se llevarán a cabo las reformas, dicho ante el cual no puedo dejar de preguntar ¿por qué ahora sí? ¿Qué será distinto, a partir del próximo 1 de diciembre, como para poder esperar, realistamente, que ahora sí se realizarán las reformas, sobre todo tomando en cuenta que fueron los priístas quienes, en este sexenio, se opusieran de manera sistemática a las mismas?

Al margen de la repuesta a la pregunta planteada debemos tener en cuenta que las reformas llamadas estructurales deben ser reformas institucionales, entendiendo por institución no, según la definición del diccionario, una cosa establecida o fundada, o un organismo que desempeña una función de interés público, o cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad, sino la regla del juego. Las instituciones son las reglas a las que deben sujetarse los actores. Las instituciones económicas son las reglas a las que deben sujetarse los agentes económicos, y como tales (me refiero a las reglas) pueden facilitar e incentivar las actividades económicas o dificultarlas y desincentivarlas.

¿Cuáles son las instituciones correctas? Las que facilitan e incentivan las actividades económicas, para lo cual deben reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente, la libertad individual (laissez faire, dejar hacer) y la propiedad privada (laissez avoir, deja poseer), algo que las reglas del juego en la economía mexicana no hacen, siendo este defecto la razón principal para llevar a cabo las reformas institucionales, siendo la más LA reforma institucional, que debe ser la base para el resto, y sin la cual las demás no tendrán mucho alcance.

Antes de responder a la pregunta ¿cuál debe ser LA reforma institucional? explico por qué las instituciones que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente la libertad individual y la propiedad privada son las que facilitan e incentivan las actividades económicas, teniendo que ver la facilidad con la libertad individual y el incentivo con la propiedad privada.

En la medida en la que el gobierno, por el afán de ejercer un mayor control, regula de manera excesiva las actividades económicas de los particulares, lo que hace es ponerles una camisa de fuerza, dificultándolas innecesariamente. Se trata de la burocratización: a más burocratización mayor dificultad, y a mayor dificultad menos actividad económica (o más corrupción: dar mordida para agilizar el trámite).

En la medida en la que el gobierno, con el propósito de lograr la “justicia” social, redistribuye el ingreso, quitándole a unos y dándole a otros, desincentiva la actividad económica de los particulares, quienes hacen lo que hacen, desde el empresario hasta el obrero, no por el placer de hacerlo, sino por la posibilidad de disfrutar del producto de su trabajo, posibilidad que va disminuyendo conforme el gobierno va redistribuyendo. Se trata de la expoliación legal: a más expoliación legal menor incentivo para trabajar, producir, emprender, y a menor incentivo menos actividad económica.

Los seres humanos trabajamos movidos por el incentivo de poder disfrutar del producto de nuestro trabajo (laissez avoir), trabajo que debe poder realizarse de la manera más fácil posible (laissez faire), todo lo cual demanda que las instituciones reconozcan plenamente, definan puntualmente y garanticen jurídicamente la libertad individual y la propiedad privada, algo que en México no se da, lo cual obliga a realizar LA reforma institucional.

¿En qué consiste LA reforma institucional, aquella sin la cual todas las demás (fiscal, laboral, energética, etc.), dejarán mucho que desear, llegando a ser sólo cambios accidentales –meramente cosméticos– pero no sustanciales –de fondo–? En la eliminación del actual capítulo económico de la Constitución, artículos 25 al 28, con algo del 5 y del 123, que desde el punto de vista de la teoría económica está lleno de errores y, desde la perspectiva de la lógica, de contradicciones, y que propone un marco institucional contrario a la libertad individual y a la propiedad privada, tal y como se muestra, de entrada, en el segundo párrafo del artículo 25, en el cual se apunta que “el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional”, lo cual, dado que lo que existen son las actividades económicas de los particulares, no La Actividad Económica Nacional (que no pasa de ser una abstracción), solamente se consigue si el Estado planea, conduce, coordina y orienta las actividades económicas de los particulares, todo lo cual viola la libertad individual para trabajar, emprender, producir, invertir, comerciar, ahorrar y consumir, siendo propio de la economía centralmente planificada, basada en las ideas de Marx. ¿No? Veámoslo.

Cito completo el segundo párrafo del artículo 25 constitucional: “El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución”, y lo comparo con el artículo 16 de la Constitución de la “Republica”[1] de Cuba, que a la letra dice: “El Estado organiza, dirige y controla la actividad económica nacional conforme a un plan que garantice el desarrollo programado del país, a fin de fortalecer el sistema socialista, satisfacer cada vez mejor las necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos, promover el desenvolvimiento de la persona humana y de su dignidad, el avance y la seguridad del país”. Organizar, dirigir y controlar, ¿no es lo mismo que planear, conducir, coordinar y orientar? Y si la constitución cubana habla de un plan, ¿no hace lo mismo la mexicana, en cuyo artículo 26 leemos que “el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación”?

¿Qué modelo económico plantea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? El de la economía centralmente planificada, como lo es la cubana. ¿Cuál es la principal característica de dicho modelo? El desprecio por la libertad individual y la propiedad privada. ¿Por dónde deben empezar las reformas institucionales? Por LA reforma institucional, que consiste en la eliminación del capítulo económico de la Constitución. ¿Por allí empezarán?

Las reformas institucionales debe tener como objetivo común –ya se trate de la fiscal, de la laboral, de la energética, o de cualquier otra– reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente la libertad individual y la propiedad privada, y ello por dos razones: porque desde el punto de vista moral es lo justo, y porque desde la perspectiva económica es lo más eficaz, tal y como lo muestran el Índice de Libertad Económica, de la Fundación Heritage (a mayor libertad más ingreso), y el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, de la Alianza Internacional por los Derechos de Propiedad (a mayor propiedad más ingreso).

Si, como dice Othmar K. Amagi, la economía no es otra cosa más que la lucha, cada vez más eficaz, del ser humano contra sus necesidades, eficacia que depende de más y mejores empleos, lo que las instituciones deben hacer es reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente la libertad individual y la propiedad privada, lo cual en México supone LA reforma institucional, la eliminación del capítulo económico de la Constitución.