En un artículo anterior apunté lo siguiente: 1) cobrar impuestos supone que el recaudador obliga al contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo, lo cual concuerda con la definición de robo; 2) que lo único que puede justificar ese robo es que el gobierno, limitándose a la realización de sus legítimas tareas, le quite a todos lo mismo, para darle lo mismo a todos, evitando así, tanto por el lado de la recaudación, como por el del gasto, la redistribución; 3) que la manera menos mala de que el gobierno le quite a todos lo mismo es por medio del impuesto único (ni uno más), universal (sin excepción de ningún tipo), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), no expoliatorio (destinado a financiar únicamente las legítimas tareas del gobierno), al consumo (no al ingreso, tampoco al patrimonio); 4) que la legítima tarea del gobierno es garantizar la seguridad contra la delincuencia y, de fallar en el intento, impartir justicia, tarea que debe realizar de igual manera para todos y recaudando de todos por igual. ¿Cuáles serían los resultados de aplicar en México el impuesto único, universal, homogéneo, no expoliatorio, al consumo? Que respondan los números.

Según la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda, el año pasado el Gobierno Federal cobró dieciséis impuestos distintos (dicho sea de paso: al inicio del sexenio eran “nada más” trece): 1) Impuesto sobre la renta; 2) Impuesto empresarial a tasa única; 3) Impuesto al valor agregado; 4) Impuesto especial sobre producción y servicios a gasolinas y diesel para combustión interna; 5) Impuesto especial sobre producción y servicios a bebidas con contenido alcohólico; 6) Impuesto especial sobre producción y servicios a cervezas y bebidas refrescantes; 7) Impuesto especial sobre producción y servicios a tabacos labrados; 8) Impuesto especial sobre producción y servicios a juegos con apuestas y sorteos; 9) Impuesto especial sobre producción y servicios a redes públicas de telecomunicaciones; 10) Impuesto especial sobre producción y servicios a bebidas energetizantes; 11) Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, 12) Impuesto sobre automóviles nuevos; 13) Impuestos a los rendimientos petroleros; 14) Impuesto al comercio exterior (importaciones); 15) Impuesto a los depósitos en efectivo; 16) Impuestos accesorios, y con el cobro de todos esos impuestos recaudó 1 millón de millones 294 mil millones de pesos ($1,294,000,000,000.00).

Según la información proporcionada por el INEGI, el año pasado el gasto en consumo en la economía mexicana (excluyendo el gasto del gobierno, y considerando nada más el de las familias, las empresas y los extranjeros), sumó 18 millones de millones 346 mil millones de pesos ($18,346,000,000,000.00), de tal manera que, sin en vez de haberse cobrado los dieciséis impuestos ya mencionados, se hubiera cobrado un solo impuesto –ojo: uno solo– del 15 por ciento al consumo de todos –ojo: de todos– y de todo –ojo: de todo– la recaudación hubiera sido de 2 millones de millones 752 mil millones de pesos ($2,752,000,000,000.00), un 112.6 por ciento mayor de la que fue. Ojo: ¡112.6 por ciento mayor de la que fue!

Lo anterior quiere decir que con un impuesto único, universal, homogéneo, del 15 por ciento al consumo (más adelante vuelvo a lo de no expoliatorio), el Gobierno Federal hubiera recaudado, en el 2012, 112.6 por ciento más de lo que recaudó, lo cual nos da una idea del engendro tributario que padecemos y de las posibilidades de llevar a cabo una reforma, de entrada tributaria, que podría calificarse, por lo menos a primera a vista, de perfecta: 1) el gobierno recaudaría mucho más; 2) quienes pagamos impuestos pagaríamos mucho menos; 3) quienes no pagan impuestos empezarían a pagar (ya que los dos grandes boquetes están en la informalidad, que no paga el ISR, y en la exención del IVA a los alimentos: con el impuesto único, universal, homogéneo, no expoliatorio, al consumo desaparece el ISR y todas las compras, de alimentos incluidas, estarían gravadas); 4) se eleva, ¡considerablemente!, la competitividad del país, definida como la capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones, mismas que, al no tener que pagar las empresas más que el impuesto único, universal, homogéneo, no expoliatorio, al consumo, seguramente se multiplicarían; 5) se simplifica lo más posible el sistema tributario (con la consecuente desaparición de los fiscalistas, que, como bueno rentistas, ¡aunque no se den cuenta de que lo son!, viven del engendro tributario que hoy padecemos); 6) el gobierno contaría con más recursos para redistribuir a favor de los pobres, en tres renglones principales: alimentación, atención médica y educación, que influyen directamente en la formación de capital humano, indispensable para el progreso económico.

Así las cosas, a primera vista, la puesta en práctica del impuesto único, universal, homogéneo, al consumo, daría como resultado una reforma tributaria que podría calificarse de ideal. Y apunto a primera vista porque, mientras no se revise a fondo en qué gasta, cuánto gasta y cómo gasta el gobierno (y las respuestas son: gasta en lo que no debe, razón por la cual gasta más de lo que debe, sin pasar por alto que en muchos casos gasta de mala manera), poner un peso más en sus manos es tanto como meterle dinero bueno al malo, lo cual quiere decir que una reforma fiscal correcta, antes que tributaria –y antes que preguntarse qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quiénes cobrárselos– debe ser presupuestaria, y hacer las tres preguntas ya mencionadas –en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno– y responderlas correctamente.

¿Cuánto nos cuesta un gobierno que, además de ser gobierno, y realizar sus legítimas tareas, que son garantizar la seguridad contra la delincuencia y, de fallar en el intento, impartir justicia, aspira a ser desde ángel de la guarda, y preservarnos de todos los males, hasta hada madrina, y concedernos todos los bienes? Vamos a los números.

Si el año pasado el Gobierno Federal se hubiera limitado a la realización de las dos únicas legítimas tareas de todo gobierno, aceptando que la lucha contra todos los otros los males (el único mal contra el que debe luchar el gobierno es la delincuencia), y a favor de todos los otros bienes (el único bien que debe proveer el gobierno es la justicia), es responsabilidad de cada quien, tal y como debe ser en una sociedad de hombres libres, con un presupuesto de 164 mil 127 millones de pesos hubiera sido suficiente, cantidad que fue la suma de los presupuestos de los poderes Legislativo y Judicial, de las secretarías de Marina y Seguridad Pública, y de la Procuraduría General de la República, las instituciones gubernamentales relacionadas con las dos tareas señaladas[1]: garantizar la seguridad contra la delincuencia (para lo que se necesitan desde leyes hasta policías), e impartir justicia (para lo cual se requieren desde policías hasta jueces). ¿Qué impuesto hubiera sido necesario, el año pasado, para recaudar los mentados 164 mil 127 millones de pesos, indispensables para que el gobierno hubiera llevado a cabo, solamente, sus legítimas funciones? Un impuesto único, universal, homogéneo, no expoliatorio, del 0.89 por ciento al consumo. Ojo, mucho ojo: ¡del 0.89 por ciento al consumo!, lo cual nos da una idea de lo mucho que nos cuesta un gobierno que, poco a poco, pero a paso firme, se ha transformado de gobierno gobierno en gobierno ángel de la guarda y gobierno hada madrina.