En el Foro México 2013, organizado por la OCDE, el Secretario de Hacienda  Videgaray afirmó, entre otras muchas cosas que vale pena comentar (por ejemplo: la intención de democratizar la productividad, la innovación, el acceso a la energía y a la tecnología, el crédito, la posibilidad de emprender, cualquier cosa que signifique democratizar todo ello), que es necesario “hacer de la política fiscal un instrumento de redistribución del ingreso y redistribución de la riqueza”, para lo cual se requiere de una reforma fiscal basada en la idea de que “quien tiene más tiene que contribuir más”, afirmaciones que, viniendo del Secretario de Hacienda de un gobierno priísta, y dado que el PRI es miembro de la Internacional Socialista, no sorprende, mucho menos en estos días en los cuales gobernar se ha vuelto, para cualquier tipo de gobierno -de derecha, centro o izquierda- sinónimo de redistribuir, es decir, de quitarles a unos para darles a otros, lo cual, independientemente de quién quite, de cómo quite, y de para qué quite, no deja de ser un robo legal, consecuencia de que los gobiernos han asumido tareas que no les corresponden, y cuya realización supone hacer aquello que deben prohibir y castigar (por ejemplo: robar)[1].

El gobierno es esencialmente coacción, para cuyo ejercicio existe, y sin cuyo ejercicio no puede existir, comenzando por el cobro de impuestos. ¿Qué supone recaudar? Que el gobierno coacciona al contribuyente para que éste le entregue parte del producto de su trabajo, lo cual, si aceptamos que toda persona tiene derecho al producto íntegro de su trabajo, resulta un robo, con todas las de la ley, pero robo al final de cuentas, ya que el adjetivo legal no le quita lo injusto al sustantivo robo. ¡Una cosa es lo justo y otra lo legal, y lo legal muchas veces resulta injusto!

La única “justificación” posible al robo que supone el cobro de impuestos es que el gobierno les quite a todos por igual, para darles por igual a todos, lo cual se logra, uno, cobrando el impuesto único (ni uno más), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), universal (sin ninguna excepción), no expoliatorio (que lo recaudado no se destine a la redistribución), al consumo (no al ingreso, no al patrimonio) y, dos, que lo así recaudado se destine a garantizar la seguridad contra la delincuencia y, de fallar el gobierno en tal tarea, ¡falla que es habitual!, a impartir justicia en sus dos vertientes: castigar al delincuente y, de ser posible, resarcir a la víctima. La única “justificación” posible al robo que supone el cobro de impuestos es que el gobierno le cobre a todos lo mismo (no hay redistribución por el lado del cobro de impuestos) y que les dé lo mismo a todos (no hay redistribución por el lado del gasto)[2], sin olvidar que lo que el gobierno debe dar no es todo, desde la cuna hasta la tumba, sino nada más seguridad contra la delincuencia e impartición de justicia.

Lo anterior quiere decir que la legítima tarea del gobierno, aquella que “justifica” el robo que supone el cobro de impuestos, es prohibir que nos hagamos daño los unos a los otros (garantizar la seguridad contra la delincuencia) y, de fallar, castigar al que dañe a otro y enmendar al que resultó dañado (impartición de justicia). Dicho de otra manera: la genuina tarea del gobierno es garantizar los derechos naturales de la persona a la vida, la libertad individual y la propiedad privada, lo cual supone prohibir matar, esclavizar y robar y, de fallar la prohibición, castigar al que mata, esclaviza (por ejemplo: secuestra) y roba. La auténtica tarea del gobierno es prohibir que nos hagamos daño unos a otros.

Desafortunadamente ningún gobierno se limita a prohibir que nos hagamos daño unos a otros, y todos han dado el paso que supone obligar a que unos ayuden a otros, estando el problema, no en la ayuda de unos hacia otros, sino en la obligación impuesta por el gobierno, imposición que se realiza por medio de la redistribución del ingreso, esa que, según Videgaray, debe ser el fin de la reforma fiscal, olvidando que el gobierno mexicano ya redistribuye con singular alegría (más o menos el 60 por ciento del gasto gubernamental es gasto social, que es gasto redistributivo), de tal manera que lo que Videgaray está proponiendo es una mayor redistribución, es decir, más expoliación legal, más quitarle a unos para darle a otros.

Si un padre de familia obliga a otro, bajo amenaza, a entregarle parte del producto de su trabajo, para con ella pagar la colegiatura de su hijo, ¿está robando? Sí, al margen de quién robe, de cómo robe, y de para qué robe. Cuál es la diferencia esencial, las accidentales son obvias, entre ese padre de familia que obliga a otro a entregarle parte del producto de su trabajo para pagar la colegiatura de su hijo, y el gobierno obligando al contribuyente, por medio del cobro de impuestos, a entregarle parte del producto de su trabajo para pagar las colegiaturas en las escuelas del gobierno, cuya gratuidad es un mito: a alguien se le obliga a pagar. ¿A quién? Al contribuyente.

Se puede argumentar que en el primer caso, el del padre ladrón, por tratarse de un particular, sí se trata de un robo, pero que en el segundo, por tratarse del gobierno, no, momento de recordar que una acción debe calificarse, no por la identidad del agente (¿quién la realiza?), sino por la naturaleza de la acción (¿qué se realiza?), y que obligar a uno a entregar parte del producto de su trabajo es, al margen de quién quita, e independientemente de para qué quita, un robo, que podrá ser legal, pero no por ello justo.

Ayn Rand decía que aquello que no debemos hacernos unos a otros de manera directa (por ejemplo: robarnos unos a otros), no debe hacerse por intermediación de alguien más (por ejemplo: del gobierno quitándoles a unos para darles a otros), todo ello partiendo de lo ya dicho, y que, por lo oído en el discurso de Videgaray en el foro de la OCDE, hay que repetir: cuando alguien, quien sea, obliga a otro a entregar parte del producto de su trabajo, lo que se comete es un robo, independientemente de quién robe (por ejemplo: el gobierno), de cómo robe (por ejemplo: cobrando impuestos injustamente avalados por la ley), y de para qué robe (por ejemplo: para darles a los demás).

La redistribución del ingreso es propia del gobierno hada madrina, que pretende conceder todos los bienes, momento de recordar que ningún gobierno es capaz de darle todo a todos, que sólo le da algo a algunos, que ese algo que a algunos les da previamente se lo tuvo que haber quitado a otros, y que, dado que el gobierno cobra por quitar y dar, nunca dará la misma cantidad que quitó. La redistribución del ingreso es propia del gobierno hada madrina, que obliga a unos a hacerle el bien a otros, obligación que debe ser asumida libremente, no impuesta legalmente por el gobierno redistribuidor, redistribución que es, hoy, la principal tarea de los gobiernos, tal y como lo muestra el discurso de Videgaray. ¡Hay socialismo para rato!