Pospongo describir mi contribución a la conferencia sobre las reformas de Enrique Peña Nieto en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Washington al que aludí la semana pasada, para hacer la crónica del discurso inaugural de Barack Obama en el que anunció la agenda populista más radical en EU en ocho décadas.

El presidente de EU dejó a un lado y en definitiva cualquier intento de contemporizar con sus oponentes del partido republicano, que mantienen el control de la Cámara de Diputados, y delineó una agresiva lista de acciones gubernamentales que en ningún momento contemplan atender el enorme y creciente desequilibrio fiscal en su país.

La principal característica del discurso de Obama fue su polarización ideológica: acciones gubernamentales más intrusivas y generalizadas son la solución a los problemas de su país y lo que no logre por la vía legislativa por la necia oposición de sus rivales, se hará por la vía de decretos que dependen en exclusiva del Ejecutivo.

Los discursos inaugurales presentan una buena oportunidad para tender puentes con la oposición ideológica y buscar la unidad para superar los problemas que todo país enfrenta, como lo hizo el Presidente Peña Nieto en su discurso del 1º de diciembre y en su decidida búsqueda de acuerdos en el Pacto por México.

Ese no fue ni remotamente el caso de Obama. Declaró que defenderá los grandes programas de gasto público asociados al desempleo, la salud y el retiro –pagos a los desempleados, Medicaid, Medicare y seguro social- que actualmente ya absorben el 60 por ciento del presupuesto federal de EU y crecen a tasas insostenibles.

Pero en ningún momento definió de dónde saldrán los recursos para sustentar tales gastos y eliminar un déficit público que el año pasado fue de 7.3 por ciento del PIB y que se proyecta que volverá a dispararse en caso que no haya medidas radicales de reducción del gasto que incluyan a las transferencias, a lo que se opone Obama.

La Oficina del Presupuesto del Congreso (CBO) proyecta que en las actuales circunstancias la brecha entre ingresos y gastos del gobierno federal para los próximos 75 años se mantendrá en un 8.7 por ciento del PIB que tendrían que seguir siendo financiados con deuda externa, de no darse cambios importantes.

El discurso de Obama contiene otras joyas de la agenda populista para gastar dinero prestado: construir infraestructura y laboratorios de investigación; promover tecnología “verde” como lo ha hecho al invertir recursos públicos en empresas que a pesar de ello fueron a la quiebra; y priorizar el combate al cambio climático.

Pero quizá el mayor daño que le ha hecho Obama a la economía de mercado en su país es la increíble cantidad de nuevas e invasivas regulaciones que ha impuesto. En sus primeros tres años, las medidas regulatorias crecieron 7.4 por ciento, 11,327 páginas adicionales al Código de Regulaciones Federales.

En 2008 el costo para las empresas de cumplir con la montaña de regulaciones existente hasta entonces era de 1.7 billones de dólares anuales (trillion en EU), casi 12 por ciento del PIB. Las regulaciones de Obama en su primer cuatrienio imponen costos adicionales a las empresas por 170 mil millones de dólares (billion en EU).

Esta explosión hiper-regulatoria ni siquiera incorpora aún los dos “logros” más apreciados por Obama, su plan de cobertura médica obligatoria –Obamacare- y la legislación conocida como Dodd-Frank para controlar aún más al sistema financiero. Ambas requieren de una enorme cantidad de nuevas ordenanzas, códigos, reglas, etc.

Quienes se oponen a su agenda fueron calificados por Obama como gente “que desea que los ancianos vivan en la pobreza;” que “los ciudadanos tengan que esperar horas para votar,” aludiendo a la propuesta republicana de que se exija identificación oficial para poder sufragar; que confunden “el absolutismo con los principios;” y en todos los casos, les achacó a sus antagonistas “actuar con mala fe.”

Obama tergiversó lo dicho por los “padres fundadores” de su país que pusieron al centro de la nueva república la libertad individual, en la que el gobierno tiene la obligación de respetar y hacer respetar los derechos de los ciudadanos en su persona y sus propiedades, y ofrece una “acción colectiva” orquestada por el gobierno federal.

El belicoso populismo obamita tiene como únicos potenciales beneficios que puede unificar a los republicanos alrededor de priorizar frenar lo más posible la marcha del progresismo radical que pretende su gobierno, e inducirlos a adoptar una agenda razonable que los aleje del extremismo que tanto daño les causó en el 2012.