En este siglo existe un mayor control de los gastos y deudas en el Gobierno Federal debido a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, propuesta por el Presidente Vicente Fox y aprobada por el Congreso en el 2002. Esa ley obliga a los funcionarios de la Administración Pública Federal a rendir cuentas a la sociedad.

Contrario a ese avance, en los últimos dos sexenios en los estados y municipios se acentuó la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas, al romperse el vínculo político del Presidente principalmente con gobernadores y alcaldes de partidos diferentes al suyo.

Bajo la excusa de que los estados son soberanos y los municipios libres, muchos gobernadores y alcaldes se despacharon con la cuchara grande, más grande todavía que el siglo pasado.

En varias administraciones estatales y municipales andan perdidos millones de pesos. No hay datos públicos que comprueben su destino. Las deudas crecieron irresponsablemente y parte de esos recursos no se sabe dónde se invirtieron, ni se ven beneficios para los habitantes de gran parte de los gastos estatales y municipales.

Los abusos y la impunidad con que actuaron varios gobernadores y alcaldes, resultó en una incapacidad para pagar sus deudas y en una quiebra técnica en varios estados y municipios, los que ahora exigen ser rescatados. Piden que la federación tape los hoyos que dejaron alcaldes y gobernadores, la mayoría de los cuales gozan de impunidad de los actos irresponsables que se cometieron en sus administraciones.

Es urgente que el Congreso de la Unión, como en Brasil, apruebe leyes que le den autoridad para llamar a cuentas y castigar a quienes durante los últimos doce años desviaron recursos o no han rendido cuentas claras de su destino.

Sólo así se podrá evitar que los excesos de gastos y deudas estatales sean fuente de una crisis a nivel nacional, como sucedió en España con los gastos y deudas de las autonomías territoriales, equivalentes a los estados en México.